34 diputados firmaron el requerimiento para que el Tribunal Constitucional anule esta ley que en su parte medular permite que los empresarios salmoneros hipotequen en los bancos las concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, para de esta forma pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos créditos. Entre los firmantes está la presidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Sepúlveda, además de René Alinco, Tucapel Jimenez, Osvaldo Andrade, Enrique Accorsi y los tres diputados comunistas, Guillermo Tellier, Lautaro Carmona y Hugo Gutierrez. En la foto el senador Girardi, el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, y los diputados Accorsi, Alinco y Jimenez en el interior del Tribunal Constitucional.
Santiago de Chile, 23 de Marzo de 2010. (Ecoceanos News)— Diversos parlamentarios apoyados por pescadores artesanales y el Centro Ecoceanos, presentaron este lunes en el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura aprobadas por el Parlamento el último día del gobierno de Bachelet. Varios artículos de la cuestionada ley se refieren a la hipoteca de Bienes Nacionales de Uso Público para avalar deudas privadas de la industria salmonera, discriminación económica y conculcación de atributos de los tribunales, los cuales estarían infringiendo la Constitución y las Leyes.
Refiriéndose a que el tema de fondo de la denominada “Ley Salmonera” que autoriza a las compañías salmoneras a hipotecar las concesiones acuícolas, el documento firmado por 34 diputados y presentado por el abogado Lorenzo Soto Oyarzún, afirma que “los Bienes Nacionales de Uso Público (como son las concesiones de acuicultura), no pueden ser objeto de hipoteca, porque no están en el comercio humano y no pueden ser objeto de apropiación”.
Esta ley fue impulsada con fuerza por la patronal SalmonChile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y el gobierno de Michelle Bachelet como una "ley de amarre" que entrega un salvavidas financiero a los irresponsables empresarios salmoneros. Poder hipotecar las concesiones acuícolas que el Estado les entregó gratuitamente con fines productivos, les permitirá asegurar el pago de la deuda de más de 2 mil millones de dólares con la banca acreedora y ser sujetos de nuevos créditos del sector financiero.
Respecto al quebrantamiento de atributos de la Corte Suprema, el documento afirma que el nuevo artículo 81 bis “contiene disposiciones procesales que requieren modificar le Ley Orgánica Constitucional relativa a la Organización y Atribuciones de los Tribunales, y que además se consulte previamente a la Excelentísima Corte Suprema”.
En este punto el requerimiento al Tribunal Constitucional expone que el artículo en mención establece que “el acreedor podrá pedir su inmediata realización (de la hipoteca) aunque se hubieren expuesto excepciones”, y que entonces viola el derecho a defensa, pero que “además restringe las facultades y jurisdicción de los tribunales, lo cual solo se puede hacer mediante el quórum que exige una ley orgánica constitucional y oyendo previamente a la Corte Suprema”.
NO A LA EXPROPIACIÓN DEL NUESTRO MAR
Al edificio del Tribunal Constitucional llegaron numerosos diputados, encabezados por el senador Guido Girardi, uno de los impulsores de este requerimiento, quién afirmó que "nosotros somos contrarios y consideramos ilegal el que con una ley que se haya permitido dejar en prenda o hipotecar a las concesiones de la pesca, bienes nacionales de uso público, ya que son acuerdos de borde de mar y de mar, cuyos propietarios son todos los y las chilenas".
Girardi agregó que esta medida es "ilegal" ya que no se puede "dejar de garantía por una deuda o crédito con el banco, una propiedad que no es tuya sino de todos los chilenos y respecto a la cual no tenemos títulos de dominio".
Por su parte el diputado Rene Alinco, férreo opositor a la privatización del mar afirmó a Radio Santa María de Coyhaique, que “esperamos que este requerimiento sea acogido por el Tribunal. Lo que nosotros buscamos, en primer lugar, es la protección de los recursos naturales, porque consideramos que esta es una ley antipatriota. En segundo lugar, lo que pretendemos es proteger el derecho al trabajo permanente, digno y buen remunerado de los hombres y mujeres que producen en la industria del salmón”.
En tanto el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas afirmó que “la lucha contra la destrucción ambiental y la expropiación de los recursos y litoral costero nacional continúa. La campaña ciudadana ‘No a la privatización de nuestro mar’ sigue demostrando que esta Ley Salmonera es vergonzosa e inconstitucional, ha sido confeccionada a la medida de los intereses de la industria salmonera y sus bancos acreedores, y aprobada 24 horas antes de finalizar el gobierno de la Concertación”.
“Con esto, estamos demostrando junto a los 34 parlamentarios, la absoluta falta de legitimidad que tiene este impresentable nuevo marco regulatorio, que sin duda contribuirá a profundizar la actual crisis ambiental, sanitaria y social que afecta a nuestro mar, sus recursos y comunidades costeras", agregó el director de Ecoceanos.
Por su parte Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, (Conapach), afirmó que “es impresentable que esta ley se apruebe porque generará una discriminación económica terrible a favor de los salmoneros. Todos los ciudadanos pagaremos la deuda de estos irresponsables empresarios que se han hecho millonarios a costa de la pesca artesanal, de la destrucción del medio ambiente y la contaminación del borde costero”.
“Ahora más encima, el Estado está a punto de regalarles miles de hectáreas de nuestro mar. Esta ley sigue destruyendo la economía de los pescadores artesanales y haciendo más ricos a los ricos”, agregó Caracciolo.*****FIN*****
|
|
|
