Integrantes del Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales (MPP) y de la Articulación Nacional de Pescadoras (ANP) de Brasil se embarcaron hacia Bolivia con el objetivo de participar en el Encuentro del Papa con los Movimientos Populares, que tendrá lugar entre los próximos días 7 y 9 de julio, en Santa Cruz de la Sierra. Las pescadoras llevan una carta pidiendo que el Papa Francisco haga un llamamiento al gobierno brasilero para que no retire derechos a las pescadoras en Brasil, con el decreto 8425. Para firmar la petición online contra el decreto 8425, haga clic aquí.
Con el decreto, sólo es considerado pescador artesanal quien hace la captura del pescado, excluyendo la producción familiar tradicional, que incluye a la mayoría de las mujeres de las comunidades. En nota divulgada, el MPP afirma que «con esto, se impide el trabajo, el derecho a la identidad de las pescadoras artesanales que hacen el procesamiento y la confección de los pertrechos de la pesca, retiran sus derechos y crean precedentes para la negación de derechos laborales y jubilatorios conquistados”.Según las organizaciones de pescadores/as, el decreto 8425, publicado el 1º de abril de 2015, por la presidenta de la República, Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores], establece nuevas reglas sobre la definición de pescador artesanal, para que él pueda tener acceso al Registro General de la Pesca (RGP), documento que garantiza el acceso a políticas públicas y sociales, principalmente derechos laborales y previsión social. Sin embargo, al tomar esta iniciativa y «no considerando el diálogo con las comunidades pesqueras”, el Estado estaría negando el derecho a la identidad a esos grupos tradicionales, privando a muchos de sus integrantes a tener acceso a esos beneficios.
Además, el decreto dice que sólo entra en el concepto de pescador artesanal aquel que depende exclusivamente de la pesca. «Este punto no considera pescadores/as artesanales que ejercen otras actividades tradicionales, como la agricultura y las artesanías, y que ésas son parte de un modo de ser específico y que fortalece la actividad de la pesca”, se esclarece en la nota. Aumentando las restricciones, el decreto 8425 también impide el acceso al RGP para aquellos que pescan para subsistencia (consumo familiar, intercambio, trueque, etc.), no considerando que ésa es también una característica de las comunidades tradicionales pesqueras.
Para los movimientos, si por un lado el decreto restringe más el acceso al RGP para las comunidades pesqueras, principalmente a las mujeres, por el otro flexibiliza para los empresarios del mundo de la pesca. Pasa a considerar como pescador artesanal también a aquellos con embarcaciones de arqueo bruto de hasta 20 AB (grandes embarcaciones), o sea, muchos del empresariado. El MPP denuncia esto como un artificio para que los empresarios de la pesca dejen de pagar salarios y encargos. «Estos empresarios, que mantienen actividades empresariales no registradas son, la mayoría de las veces, los que más practican formas de trabajo precarios y similares al trabajo esclavo”, se denuncia desde el movimiento.
En carta abierta a la sociedad, el MPP deja en claro el total disgusto y repudio en relación con el decreto 8425/2015. «Este decreto no condice con la diversidad, peculiaridades y realidad de la pesca artesanal en Brasil. Intenta homogeneizar a los pescadores en una lógica urbana, interfiere el derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades tradicionales y lastima derechos garantizados en legislaciones laborales nacionales e internacionales al dividir en categorías a los pescadores y pescadoras de Brasil. De esta forma, este decreto es parte de un engranaje de Racismo institucional que tiene por objeto invisibilizar y eliminar a los pescadores y pescadoras, pues ellos son obstáculos para el desarrollismo degradador, excluyente y concentrador, pues viven en relaciones íntimas con la naturaleza tan codiciada por el capital y que cuenta con la anuencia del Estado”.
Lea la carta de repudio en forma completa:http://denunciapeloterritorio.blogspot.com.br/2015/06/governo-brasileiro-rasga-direito-de.html