Our Ocean 2015: La geopolítica Imperial en el Pacífico Latinoamericano
La conferencia Our Ocean realizada hace unos días en Chile sirvió nuevamente para que grandes empresas, ONG internacionales y funcionarios públicos realicen millonarios negocios y establezcan políticas comandadas desde Estados Unidos para monitorear los mares del sur.
Por: Juan Carlos Cárdenas N. Director Ejecutivo Centro Ecocéanos
En los momentos que finalizaba la segunda versión de la conferencia internacional “Our Ocean” 2015 en Viña del Mar, organizado por el departamento de Estado norteamericano y la cancillería chilena, teniendo como invitado estrella a John Kerry, vicepresidente de Estados Unidos, a 120 kms de distancia el General (r) David Petreaus, ex director de la CIA y actualmente presidente del Global Institute del fondo de inversiones KKR, dirigía en Santiago de Chile un exclusivo seminario denominado “World Order”, destinado a 200 miembros de la casta política, militar y empresarial chilena.
En este evento, Petraeus explicaba que las actuales condiciones internacionales y el futuro escenario energético, permitirán que Estados Unidos continúe manteniendo su liderazgo mundial como parte del bloque junto a México y Canadá, mientras China frenará su expansión y la Federación Rusa dejará en evidencia sus debilidades (1).
Quizás sólo sean una serie de coincidencias el que el vicepresidente de los EE.UU. junto al general responsable de dirigir las operaciones militares norteamericanas en las invasiones de Irak y Afganistán, estuvieran en Chile en momentos previos a la firma del cuestionado estratégico acuerdo Trans-Pacific Partnership (TPP, por sus siglas en inglés), por parte de Chile y otros 11 estados de la cuenca del Pacífico.
Como si fuera poco, el escenario de estos eventos fue la llegada al puerto de Valparaíso del portaviones “USS George Washington” y su task force, para iniciar la “Operación Unitas 2015”, que le permite entrenar a las armadas de Chile y de otros 9 países latinoamericanos bajo diferentes hipótesis de conflicto global y regional. Todo comandado obviamente por la marina estadounidense.
Una de las temáticas emergentes que articulan los acuerdos ambientales derivados de la cumbre Our Ocean 2015 y las modalidades del entrenamiento naval Unitas 2015, es la del combate a las operaciones de embarcaciones vinculadas a la pesca ilegal, las cuales se sumarán a las habituales relacionadas con el narcotráfico y terrorismo en el Pacífico sur.
Llama la atención que estas actividades estratégicas de subordinación al poder imperial y corporativo norteamericano, ocurran durante octubre en Chile, país-laboratorio donde se ensayan a partir de 1973 las estrategias del neoliberalismo mundial.
Las señales enviadas desde Chile por la diplomacia norteamericana no sólo tiene como destinatario a la República Popular China y la Federación Rusa, de creciente presencia en el área Pacífico, sino que también los mensajes son para aislar a los países que son sus adversarios regionales, integrados en los bloques Celac, Mercosur, Unasur y Alba, los que al igual que Chile, están siendo golpeados por las caídas de los precios internacionales de las materias primas, base de sus economías extractivistas-exportadoras.
Our Ocean: ¿De quién es el Océano?
La cumbre Our Ocean 2015 evidenció el vínculo geopolítico del gobierno, inversionistas y grandes ongs norteamericanas, con una millonaria agenda para implementar paulatinamente el control territorial y comercial en el Pacífico latinoamericano y áreas subantárticas, esta vez asociada a las diversas temáticas de conservación de la biodiversidad marina, el combate a los múltiples efectos del cambio climático, la creciente contaminación antrópica por plásticos, y las actividades de pesca ilegal, tanto en aguas costeras como en las áreas oceánicas, y el alta mar adyacente a los países ribereños.
Esta segunda cumbre en Chile reunió a más de 500 participantes gubernamentales, empresariales, y no gubernamentales de 56 países. Allí se comprometieron a implementar 80 nuevos proyectos de inversión vinculados a la conservación marina por 2.100 millones de dólares, lo cual significa un aumento del 38% con respecto a la primera versión de Our Ocean 2014 en Estados Unidos, evidenciando lo exitoso que es esta nueva área de oportunidades de negocios público-privado.
Isla de Pascua: Comunidad Rapa-Nui denuncia medida colonialista del Estado chileno y Ong norteamericana
La Prensa nacional e internacional destacó profusamente el anuncio de la presidenta chilena Michel Bachelet, de establecer áreas marinas protegidas (AMPs) que suman 1 millón de km. cuadrados. Esto corresponde al 12,5 % de su territorio marítimo y al 27% de la zona económica exclusiva (ZEE) de las islas océanicas chilenas.
Para ello se firmó un protocolo para la creación de un área marina protegida en la Zona Económica Exclusiva de Rapa Nui, de 720.000 km. cuadrados, a lo que se sumará la declaratoria para integrar 297.000 km. cuadrados del denominado parque marino “Nazca-Desventuradas”, que comprenden las islas oceánicas de San Félix y San Ambrosio , y de una red de áreas protegidas en el mar aledaño del archipiélago de Juan Fernández. Las AMPs de Isla de Pascua y de Nazca-Islas Desventuradas, constituirán en superficie, la tercera a nivel global y la primera en el continente Latinoamericano (2).
En las islas Desventuradas, donde existe una base de la marina de Chile, se instalarán drones y radares para implementar una “vigilancia moderna” a nivel regional, que permita entre otros objetivos, rastrear las operaciones de flotas ilegales de pesca.
Sin embargo, cuando todo parecía avanzar consensuadamente entre los intereses geopolíticos, los negocios y la conservación oceánica, Rafael Tuki, consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), elegido por voto popular,y el Consejo de Desarrollo de isla de Pascua (Condip), únicos representantes legales del pueblo Rapa Nui, denunciaron públicamente el día anterior a la inauguración de Our Ocean 2015, que el área marina protegida promovida por la fundación norteamericana Pew era “una medida colonialista más en la isla”, que“venía pauteadadesde afuera” y que “no nacía de una iniciativa Rapa Nui” (3).
A su vez, alertaban a la opinión pública nacional e internacional de un simulacro de representación del pueblo Rapa Nui, ya que no se había implementado la consulta obligatoria y previamente informada, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado chileno el 2010. Para ello se había creado una denominada “mesa del mar” y un sui generis cabildo, con representantes pagados por la fundación norteamericana.
Tuki señalaba en su denuncia que no se estaba respetando la autonomía y autodeterminación del pueblo Rapa Nui, tema altamente sensible para el Estado chileno, sujeto a conflictos de soberanía territorial marina con Bolivia y Perú.
¿Entrega de soberanía?
El secretario de estado de los EE.UU., John Kerry, anunció que la implementación de las AMPs requerirán de la inversión en tecnología de percepción remota para detectar las actividademarítimas y pesqueras ilegales .Esto obligará a la coordinación de las diversas agencias gubernamentales para compartir información y desplegar recursos de vigilancia en tiempo real (4).
El gobierno norteamericano desarrollará y hará disponible la aplicación de sofisticadas tecnologías que detectan de noche, tanto la posición como la ruta de las naves ilegales a nivel oceánico. Para ello se utilizará el sensor espacial Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)
En forma complementaria, el lanzamiento del programa Sea Scout unirá a gobiernos y actores corporativos y no gubernamentales, para la lucha contra las operaciones de pesca ilegal, no reportada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés) a nivel global, con objeto de identificar y perseguir a las organizaciones y redes que efectúan pesca IUU.
La aplicación satelital Catapulta, desarrollada por una compañía independiente vinculada al Estado inglés para Pew Charitable Trust , como parte del proyecto “Eyes on the Sea”, fue lanzada durante Our Ocean en Chile. También tiene como objetivos la detección, monitoreo y respuesta en tiempo real a las operaciones pesqueras ilegales. Inicialmente se aplicará en
Chile, Palau y los territorios de ultramar del Reino Unido.
El proyecto será lanzado con un Virtual Watch Room que inicialmente monitoreará las aguas adyacentes a isla de Pascua. El plan es que durante tres años se aumente la capacidad del sistema satelital para ser utilizado por las organizaciones regionales de manejo pesquero y grupos de compradores de pesca, de manera de asegurar que sus adquisiciones provienen de capturas legales.
Y si lo anterior fuera poco, el gobierno norteamericano lanzó USAID Ocean. Este tendrá una duración de cinco años, con un costo de 20 millones de dólares con el programa denominado “Ocean and Fisheries Partnership” a cargo de la U.S. Agency for International Development, el que combatirá la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y el fraude en el comercio pesquero en la región Asia y Océano Pacífico.
Utilizando múltiples fuentes satelitales analizarán informaciones de rutas, historial, países de registro y los diversos propietarios que han tenido las embarcaciones sospechosas, lo que proveerá minuto a minuto alertas sobre los movimientos de las naves investigadas.
La otra soberanía… la alimentaria
También los inversionistas norteamericanos están aprovechando esta “ventana de oportunidades”. Teniendo como estandarte la campaña “Océanos Vibrantes”, Bloomberg Philantropy y la Rockefeller Foundation, durante la cumbre en Chile informaron de la apertura de un poder de compra de cuotas de pesca plenamente transables, mecanismo impuesto por el parlamento y las grandes empresas pesqueras en la cuestionada ley de privatización de las pesquerías nacionales del 2013, la llamada Ley Longueira (5).
Por razones de conservación pesquera se realizará la compra de cuotas Individuales Transferibles (CITs) de merluza común (Merluccius gayi), el pescado de mayor consumo popular en Chile. Esta valiosa pesquería se encuentra actualmente sobrexplotada por acción de las flotas industriales chilenas.
Tanto Bloomberg como Rockefeller señalaron su interés en invertir en cuotas de pesca de merluza común por “razones sociales y ambientales”, con el fin de recuperar esta pesquería. Esta experiencia será lanzada en Chile, para posteriormente extenderse a otras pesquerías en Brasil y Filipinas.
Actualmente, después de la privatización pesquera en Chile, la que eliminó al 90% de los pescadores artesanales de sus derechos de acceso y uso de las pesquerías nacionales, el volumen de captura ilegal de merluza común, supera en 4 veces la cuota legal anual.
También Bloomberg y Rockefeller manifestaron su interés en operar en relación a la pesquería de jibia (Loligo sp.), en creciente expansión y cuyo 80% de las cuotas de captura lo tienen los pescadores artesanales.
Our Ocean 2015 y el “Green washing” internacional de la industria salmonera
Este encuentro también fue escenario de la implementación de impúdicas estrategias de relaciones públicas y propaganda de las grandes corporaciones pesqueras y de acuicultura industrial intensiva que operan en Chile, utilizando el marketing de la conservación marina. Ejemplo de ello fue el lanzamiento de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) de la más contaminante industria existente en las costas del sur de Chile: los monocultivos intensivos de salmón para la exportación.
Este APL para lavar la imagen de esta industria bajo control transnacional noruego y japonés, se produce en momentos en que las organizaciones ciudadanas y pueblos originarios en Chile, denuncian las malas condiciones sanitarias y el empleo abusivo de químicos en esta industria alimentaria que exporta el 98% de su producción, especialmente a los mercados de Asia-Japón, EE.UU., Brasil y Unión Europea.
Lo singular de este acuerdo voluntario de producción limpia, es que estará centrado en la conservación de la población de ballena azul (Balaenoptera musculus) que interactúa con los cientos de centros de cultivo y miles de balsas jaulas existentes en las zonas de expansión salmonera del sur de Chile. (6)
Importante es señalar que desde finales del año pasado, los salmones producidos en Chile han ido perdiendo compradores debido a que se utiliza 500 veces más antibióticos por tonelada de salmón producido en comparación con las producciones noruegas.
Es así que Cotsco, una de los tres más importantes importadores de salmón para el mercado norteamericano, decidió disminuir en un 40% sus compras en Chile y privilegiar las de origen noruego. Esto, debido al empleo abusivo de antibióticos en el país sudamericano. (7)
Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el 2014, su utilizó en Chile 563.000 kilos de antibióticos para producir 890.000 ton. de salmón, mientras que en Noruega para producir 1.200.000 ton. se utilizaron sólo 972 kg. de antibióticos (5).
Otro aspecto escandaloso de este APL impulsado por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) junto a la ong transnacional World Wildlife Fund (WWF), será financiado en un 70% por los contribuyentes chilenos. Este dinero público se destinará a las actividades de pago de consultores y auditorías que respalden las relaciones públicas de las corporaciones salmoneras en su lucha por los mercados internacionales .
Las organizaciones ciudadanas chilenas señalan que el lanzamiento de este APL de carácter voluntario, paradojalmente bloqueará las medidas de regulación obligatoria que el Estado chileno debería dictar sobre esta destructiva industria exportadora, la que desde hace 25 años viene impactando la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y las comunidades costeras nacionales.
