Ley Longueira se cocinó un año antes entrar al Parlamento. Otra colusión de empresas, gobiernos y políticos
Una revisión de lo que ha publicado la prensa nacional devela como el gran empresariado pesquero, unido a sus fichas que trabajan en las oficinas estatales de la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Economía y parlamentarios que legislaron la Ley de Pesca, estuvieron en permanente contacto para legislar la corrupta normativa que privatizó el patrimonio pesquero y entregó de manera gratuita la propiedad de los recursos marinos a las familias de industriales pesqueros.
Santiago de Chile, 17 de Noviembre de 2015. (Ecoceanos News) – Nuevos antecedentes confirman que la denominada Ley Angelini-Longueira de privatización de las pesquerías chilenas, fue negociada y elaborada entre funcionarios de gobierno, políticos y los 7 clanes familiares directamente beneficiadas, a lo menos un año antes de la presentación del proyecto de ley y su posterior “aprobación express” en el parlamento chileno.
El primer indicio lo constituyó la reunión efectuada el 21 de octubre del 2011 entre el ex-ministro de Economía y ex- candidato presidencial, Pablo Longueira, las abogadas de la Subsecretaría de pesca (Subpesca) y los representantes de las siete familias del “cartel” industrial que controla el sector pesquero chileno.
Allí se acordaron los artículos claves y el “modus operandi” para imponer la expropiación de los peces del mar chileno, la que luego se consolidaría en el establecimiento de una “mesa de negociación pesquera” donde se coludieron el ministerio de economía, subpesca, las patronales Sonapesca y Asipes, asi como la dirigencia de las dos confederaciones de pescadores artesanales.
Estas últimas-Conapach y Confepach-, se comprometieron en dicha mesa de negociación, a respaldar el futuro proyecto de ley que privatizaba las pesquerías de la Nación y a oponerse a cualquier intento de licitación de las pesquerías industriales. Todo esto, a cambio de la transferencia de diversos porcentajes de cuotas de pesca de origen industrial a los dueños de lanchas artesanales, por un valor de 34 millones de dólares.
E-Mails de la corrupción de funcionarios, políticos y empresarios
En un primer correo electrónico interno de octubre del 2011, Héctor Bacigalupo -en ese momento operador político de la patronal Sonapesca, y hoy su gerente general-, les envía a los gerentes de las diferentes empresas pesqueras, detalles de los acuerdos con el gobierno de Sebastián Piñera, para la modificación de la Ley de Pesca.
Allí se señala que en la reunión a puertas cerradas estuvieron presentes el entonces Ministro de Economia, Pablo Longueira , el Subsecretario de Pesca de la época. Pablo Galilea, también Francisco Mujica, en aquel entonces gerente general de Corpesca, de propiedad de la familia Angelini. Además Rodrigo Sarquis, presidente de Sonapesca y dueño de pesquera Blumar; Carlos Vial, gerente general de FrioSur, de propiedad de la familia Del Rio; Roberto Izquierdo Menendez, propietario de Alimar S.A., Héctor Bacigalupo de Sonapesca; Marcos Osuna , de la transnacional española PescaNova y un tal R. Garcia.
Llama la atención en esta y las siguientes reuniones de negociación y preparación del articulado de la nueva ley de pesca, estuviera la presencia clave de las abogadas de la Subsecretaria de pesca, Edith Saa y María Alicia Baltierra, quienes históricamente han operado dentro de este organismo gubernamental, cuidando los intereses del gran empresariado, e implementando legislaciones expropiatorias de los derechos de acceso y uso de recursos marinos de los pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios.
“Estimada María Alicia, te adjunto nómina solicitada por don Pablo de posibles invitados a una reunión informativa de la Ley de Pesca para esta semana. Favor de indicar el día y hora para mover a la gente”, señalaba Francisco Mujica en un correo electrónico enviado el 13 de junio de 2011 –seis meses antes de que el Gobierno ingresara el proyecto de ley al parlamento–, a la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons.
En el correo se incluía un listado de 7 dirigentes sindicales pesqueros, entre los que se contaban el presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca Iquique, Michel Campillay, operador de Corpesca y encargado, entre otras cosas, de entregar información a Mujica sobre los movimientos de la Comisión de Pesca del Senado.
Importante es destacar que la abogada Baltierra ya declaró como testigo ante la Fiscalía el 28 de octubre del 2015. Consultada por El Mostrador sobre este correo electrónico, indicó que este tipo de reuniones eran habituales. “Se hacían tanto en el Congreso y a veces en la Subsecretaría de Pesca”, aseguró.
María Alicia Baltierra hasta el 2010, antes de entrar a trabajar en la Subpesca, había sido Directora Jurídica de la patronal Sociedad Nacional de Pesca.
Un año antes de legislar, se robaron los peces
En el correo electrónico que maneja la Fiscalía y que fue enviado por Bacigalupo, este operador de las empresas pesqueras confirma los principales puntos acordados con Pablo Longueira: la totalidad de los permisos de pesca se transformarían en licencias de pesca plenamente transables y divisibles, por lo que “se eliminan las licencias a 20 años y posterior licitacion”. Longueira agrega que el 50 por ciento de las licencias serían indefinidas y el 50 por ciento restante lo serían por 20 años.
Además, el correo indicaba que la propuesta que se había acordado “fija un piso para la industria, que es equivalente a lo que se entregó en fraccionamiento en la Mesa, medido en toneladas, base 2011 y que será válido para cualquier fórmula que se estudie”.
En el correo electrónico, se indica que Longueira destaca que todo quedará bien amarrado, indicando que “desean llegar a un acuerdo en esta reunión, y lo que se acuerde iría al congreso con veto presidencial”.
El ahora cuestionado ex- ministro de economía debido a los pagos efectuados por Corpesca vía SQM, le aseguraba al grupo de conjurados que se habían “superado las diferencias al interior del gobierno”.
“Todo se decidirá políticamente”
En el correo electrónico, Bacigalupo señala que “existe un piso que es el Punto Crítico (PC), o el PC mas lo cedido en el fraccionamiento a los armadores de la pesca artesanal”.
Allí indica taxativamente que “bajo este piso no se licita”, y que “sobre el Punto Biológico de Referencia (PBR) no se licita”, para luego rematar indicando que “la forma pendiente de pasar del PC al PBR, será definido políticamente, buscando congelar o bajar las actuales cuotas hasta alcanzar el PBR”, con lo cual se evitan las licitaciones.
Bacigalupo confirmaba además que se había acordado “conformar y dar soporte a la mesa pesquera conformada con los dirigentes artesanales de Conapach y Confepach, y por lo tanto al fraccionamiento ya acordado”, refiriéndose al acuerdo de transferencia de cuotas de pesca desde el sector industrial al artesanal.
Finalmente indica que “ante el planteamiento de Sonapesca, quedaron de estudiar algún incentivo para que la pesca artesanal pueda aceptar un congelamiento de las cuotas y recuperación de las biomasas”.
La cocina de Subpesca, Corpesca y Sonapesca continúa
El periódico electrónico El Mostrador informa de nuevos correos electrónicos intercambiados el 2011, entre la Subpesca, liderada por Pablo Galilea y el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, bajo las orientaciones y coordinación de la asesora jurídica de Subpesca María Alicia Baltierra.
Estos correos electrónicos forman parte de la carpeta investigativa de la fiscal Ximena Chong sobre el financiamiento ilegal de políticos y parlamentarios efectuado por Corpesca.
Durante el 2015 el nombre de Mujica vuelve a la palestra y de ahí sus declaraciones son permanentemente citadas. Después de haber sido obligado a renunciar luego de 14 años como gerente general de Corpesca, renuncia ligada a la acusación de coima a la ex diputada Isasi, su declaración también compromete al senador Jaime Orpis (UDI), quien habría solicitado al Grupo Angelini, entre el 2008 y 2010, aportes financieros que superaban los 100 millones de pesos.
Maximiliano Alarma: El “topo” de Angelini dentro de la Subpesca
Los correos electrónicos de público conocimiento, también dejan en evidencia otro de los “contactos” que operaban para Corpesca en la Subsecretaría de Pesca. Se trata de Maximiliano Alarma, jefe de la División de Administración Pesquera de ese mismo organismo, el que informaba de las reuniones sostenidas por el subsecretario Galilea, y de cómo se preparaban los diversos artículos que eran de interés para la industria pesquera.
Industriales del Norte: Pauteando a la Subpesca y a Cancillería
El 12 de mayo de 2011, Mujica envió a Baltierra un correo electrónico con una propuesta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (ASIPNOR), con el articulado ideal para la Ley de Pesca. Al día siguiente, el gerente general de la principal pesquera del Grupo Angelini, adjuntaba a la abogada Baltierra una resolución peruana “para que la compartan con el subsecretario de Pesca y su equipo asesor, con el fin de ver por dónde vendrán los próximos ‘dardos’ hacia la paupérrima cuota para el norte, y cómo la aprovechan los peruanos, desconociendo todo el acuerdo de Cali”.
La respuesta de la abogada Baltierra fue inmediata, agradeciendo y asegurando que remitiría la información “al embajador Balmaceda” refiriéndose a José Luis Balmaceda, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Jefe de gabinete del Subsecretario de Relaciones Exteriores, de la época.
Subpesca entrega información reservada a la industria
El 13 de septiembre de 2012, a través de un mail enviado a Mujica con copia al subsecretario Galilea, titulado “Propuesta de la propiedad de peces”, la abogada Baltierra señala que “de acuerdo a la conversación con Ramón Pino (jefe de Gestión y Desarrollo de Corpesca), envío a usted una propuesta para el artículo que establece cuál sería el estatuto jurídico de los peces. Este es un tema analizado y concordado con Cancillería, y que aún es en total reserva”.
El 3 de octubre de 2012 en tanto, Mujica envió un nuevo correo a Baltierra, con copia al subsecretario Galilea, diciendo que el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, actual dueño de pesquera Blumar, “me envió el documento de indicaciones referente a las caducaciones, que me permito enviarte y a su vez poder discutirlo con don Pablo. También te envié mis observaciones al párrafo 2º. Te pediría que estos me lleguen en forma directa porque no sé lo que le distribuyen solo a Sonapesca”.
Baltierra respondía ese mismo día. “Hay dos opciones: excluir a los pelágicos y dejarlos con una norma de lo desembarcado en un determinado periodo de tiempo y a los demás con cumplimientos de las cuotas, o bien dejarlos a todos con lo desembarcado. Esto porque estamos claros en las distorsiones que genera especialmente en los pelágicos pequeños. En relación a sus comentarios del párrafo segundo, efectivamente la Convención es para alta mar, pero también contempla ese mecanismo que puede aplicarse a la ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) en cuyo caso se requiere la aprobación del Estado de Chile y la idea es regular cómo se otorga esa autorización”, explicaba la abogada, que finalizaba el correo electrónico señalando, “lo llamo mañana si tenemos más novedades”.
Ecocéanos: Ley Angelini-Longueira es hija de la corrupción de la casta política, burócratas y clanes empresariales
Ante toda esta publicación de antecedentes acerca de cómo se fraguó la actual ley de Pesca, la organización ciudadana Ecocéanos señaló que “frente a las crecientes evidencias sobre la intervención de los intereses y dinero empresariales en la elaboración y posterior aprobación fraudulenta de la ley de privatización del patrimonio pesquero nacional, se refuerza la demanda de las organizaciones ciudadanas, de estudiantes, pueblos originarios y de los pescadores artesanales organizados, de anular la corrupta ley que privatizó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno”.
“La Ley Longueira eliminó los derechos de acceso a los recursos pesqueros al 90% de los pescadores artesanales y a la fecha estan siendo investigados por la Fiscalía más de 10 políticos y parlamentarios, junto a empresas como Corpesca, Pesquera El Golfo, SQM y asociaciones patronales como Asipes y Sonapesca”, afirmó Ecoceanos.
La organización ciudadana afirmó que existen ya 300.000 firmas de ciudadanos chilenos respaldando la anulación de la corrupta ley Angelini-Longueira de privatización pesquera, y demandando que la presidenta Bachelet cumpla con los compromisos de campaña efectuados ante los pescadores artesanales y ciudadanos. *****FIN*****
