Gobierno pagará $72 Millones a FAO para revisar corrupta Ley de Pesca
- Los representantes de la FAO en Chile se vincularon a revisar una cuestionada ley que ahora el mismo parlamento chileno discute anularla ya que la Fiscalía indaga cohecho, conflicto de intereses, fraude al Fisco y dineros de empresas pesqueras entregados a políticos. Ya un senador ha sido desaforado.
- La presencia de la FAO también se ve cuestionada pues debería recomendar al gobierno de Chile que respete la legislación internacional y por tanto hacer valer el Convenio 169. El pueblo mapuche ha declarado que la Ley Longueira no tiene validez.
Santiago, 16 de febrero de 2016. (radiodelmar.cl)– Aprovechando su condición de Ministro de Economía subrogante, el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, se reunió este martes (16) con la representante en Chile de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, Eve Crowley, para analizar el avance que el organismo internacional estaría haciendo de la Ley de Pesca, llamada Ley Longueira, que privatizó las pesquerías nacionales.
La actual Ley de Pesca está siendo duramente cuestionada pues se aprobó en un contexto de corrupción razón por la cual hay varios políticos investigados, los que habrían recibido dinero de empresas pesqueras. Pero además, despojó del acceso y uso de los recursos del mar a los pueblos indígenas y a la mayoría de pescadores artesanales. Solo entregó propìedad privada a las grandes industrias y a los dueños de lanchas semi-industriales que operan como flota artesanal.
Varios conocedores del tema pesquero nacional e internacional afirman que los representantes de la FAO en Chile se vincularon a un gran problema al aparecer revisando una ley corrupta, generada en el cohecho y conflicto de intereses por lo cual el Parlamento Chileno analiza un proyecto de ley para anular esta normativa.
La presencia de la FAO también se ve cuestionada pues debería recomendar al gobierno de Chile que respete la legislación internacional y por tanto hacer valer la Consulta Indígena que obliga el Convenio 169 y que en el momento de legislar esta normativa, no se respeto. Por tal motivo el pueblo mapuche ha declarado que la Ley Longueira no tiene validez para dicho pueblo indígena.
Es más, en el último congreso de comunidades Mapuche Lafkenche la declaración final demanda trabajar para eliminar la Ley de Pesca y generar una Ley legítima y que permita los derechos colectivos de acceso al mar para el pueblo Mapuche.
Según publicó el diario La Tercera, el gobierno deberá pagar 101.361 dólares, es decir, unos 72 millones de pesos a FAO, dinero que iría a los expertos que revisarán si la normativa chilena cumple con las buenas prácticas internacionales de sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero.
El trabajo se debe realizar en ocho meses, según consta en la resolución de transferencia de Fondos Fiduciarios Unilaterales (FFU) para la FAO, firmada el 13 de noviembre, afirmó el diario.
En tanto el Ministro (S) Súnico afirmó que “le pedimos a la FAO, que es el organismo técnico especializado a nivel mundial en materia de alimentación y en particular en materias pesqueras, el cual tiene plena autonomía y neutralidad para abordar este proceso de evaluación de la ley y que tiene la experiencia de haber trabajado en un conjunto de legislaciones pesqueras en el mundo y que cuentan con los especialistas de fijación de políticas pesqueras, que hicieran una revisión exhaustiva de la legislación chilena, para ver si ésta se atiene a las mejores prácticas y directrices que a nivel internacional se han fijado en materia pesquera”.
Según el Ministerio de Economía el equipo de especialistas está llevando a cabo el análisis preliminar de las posibles brechas de la ley de acuerdo con los estándares internacionales. A partir de este análisis, se construirá un instrumento de participación para aplicar en grupos focales establecidos.
Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, indicó que “se estará construyendo, a finales de este mes, un instrumento de participación, a través de un cuestionario, el cual será aplicado a grupos de intereses dentro del sector pesquero. Estos grupos incluyen a los pescadores artesanales, industriales, pero también la sociedad científicas, ONG’s y otros, así uno tiene una mirada del sistema, que muchas veces no son consultados”.
Este proceso participativo se llevarán cabo durante los meses de abril y mayo próximo en cuatro macro regiones del país: en la zona norte (Iquique), zona centro (Coquimbo), centro-sur (Concepción) y sur austral (Puerto Montt), finalizando en Santiago y Valparaíso. El proceso, que cumplirá con los estándares FAO en materia de participación, tiene como objetivo recabar información relativa a aspectos esenciales, inquietudes y temáticas de cada sector como complemento a la revisión de la ley y las recomendaciones finales que serán entregadas al Gobierno de Chile por FAO.
Quienes son los funcionarios que revisarán la Ley
El equipo de profesionales cargo de la revisión de la ley de pesca estará liderado por Cristina Leria, consultora internacional en legislación y abogada especialista en derecho internacional con amplia experiencia en materia de pesca y acuicultura.
Como consultores nacionales participará Rocío Parra, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Diplomada en Derecho Ambiental y Jorge Dresdner, Ph.D. en Economía de la Universidad de Uppsala (Suecia), quien se desempeña como profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción de Chile.
El equipo de consultores contará con el apoyo técnico de la Oficina Jurídica de FAO en Roma, así como del Departamento de Pesca y Acuicultura de la misma sede. En Chile, las actividades serán supervisadas por el Oficial Principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, junto con la Representación de la FAO en Chile.
La legislación pesquera nacional será contrastada, en esta revisión técnica, con los acuerdos internacionales de la Convemar, de Nueva York -sobre especies altamente migratorias-, para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros en alta mar y el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A su vez, será parte de la comparación las directrices internacionales aceptadas por el Estado Chileno, tales como el código de conducta sobre la pesca responsable y las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.
