Carta abierta a Fiscales por pago de Pesqueras a políticos y parlamentarios

La estrategia de los corruptos es conseguir que ante la ciudadanía quede  la sensación que el Ministerio Público está aplicando justicia mientras ellos siguen manteniendo intacta las redes de corrupción con que siguen controlando las instituciones del Estado parte del sector pesquero y siguen sobreexplotando los últimos stock que posee el país (caso Sunico). Mientras se atrincheran para defender la batería de  leyes conseguidas con el Congreso de la mano del financiamiento de la política, leyes que no tienen ninguna intención de aceptar le sean anuladas para lo cual cuentan con el respaldo de senadores, diputados, y del gobierno.

    Los anteriores son responsables que Chile perdiera el 70% de su Patrimonio Pesquero que tenía hasta hace poco menos de un par de décadas, la que superó TODOS los límites y nos convierte en el país más corrupto y estúpido  del Planeta ya que las cifras de la pérdida son catastróficas según el «Informe País del Medio Ambiente en Chile, comparación 1999-2015», del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad:  «La tasa de variación de las principales pesquerías pelágicas disminuyeron en más del 70%, respecto a 1999, mientras que la pesquería demersal  se redujo por sobre el 82% » pág. 388. lo que convierte a los involucrados en este desastre medioambiental en autores de la peor destrucción económica que conozca Chile en su historia.

Hasta ahora los corruptos se aplauden por su exitosa estrategia que ha conseguido que el Ministerio Público no relacione el financiamiento de la política con que: a) las leyes que rigen el sector pesquero están modeladas por la corrupción, y b) que además consiguieron  impunidad y amparo por parte del Congreso, de  las instituciones del Estado y del gobierno, por la devastación que ocasionaron al patrimonio pesquero y sobre la que están construidas sus fortunas multimillonarias.

De investigarse la anterior arista, la mayoría de senadores, diputados, partidos políticos y altas autoridades de gobierno terminaran comprometidos en los anteriores hechos. Lo mismo ocurre con instituciones como ( Subpesca. IFOP, Sernapesca, Comité Científicos, entre otros) que son las que les facilitaron los medios  y el amparo a los grupos económicos para ocasionar tamaño desastre medio ambiental, económico y social al país, ya que de no haber existido dicha participación culposa y de complicidad habría resultado imposible la materializaran con tanta prolijidad en su  encubrimiento.

Vale destacar el reconocimiento de los anteriores hechos, en la Historia de la Ley N° 20.657 o Ley Longueira, realizado por el diputado de la República, el Sr. Rincón, a finales del año 2012, pág. 326: » Antes se hablaba de que tal pesquería extraía cuatro millones de toneladas; otra, tres millones y medio de toneladas. ¿De cuánto estamos hablando en la actualidad? ¿Qué pesquería llega a un millón de toneladas? ¿Cuántas de ellas extraen 300.000, 400.000 o 500.000 toneladas? ¿Es responsabilidad del Estado? Por cierto que sí, y de los gobiernos de turno que representaron a ese Estado, incluido los anteriores a este. ¡Que nadie se venga a lavar las manos! Pero, también es responsabilidad de los grupos de interés que presionan al Estado y a los gobiernos de turno para sacar la mejor tajada de algo que pertenece a todos los chilenos. ¡No hablemos a medias! ¡No escondamos la verdad! ¡Lo que nos conviene lo decimos y lo que no lo escondemos!»

De la responsabilidad de los grupos de interés los Fiscales tienen una valiosa confesión aportada por Francisco Mujica, hombre de confianza de Angellini, actualmente procesado por delitos de corrupción que comprometen a Corpesca : «El 23 de marzo del 2011, el gerente de Corpesca Francisco Mujica, se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, donde ” señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de TONELADAS de JUREL bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”, las que vale precisar se usaron para encubrir la devastación de las Grandes Pesqueras asociadas a ASIPES y SONAPESCA.

En esta pérdida tendrían  responsabilidad y participación altas autoridades de los gobiernos de Piñera, Bachelet, Lagos, etc.,  entre los que destacan el ex Ministro Longueira, el actual Luis Céspedes, Raúl Sunico , antes Pablo Galilea, Chocair, Felipe Sandoval , senadores, diputados,  e instituciones del Estado: Subsecretaría de Pesca, Sernapesca, IFOP , Contraloría General de la República, FNE, entre otras- , los que como funcionarios públicos tenían y tienen como mandato «tutelar la preservación de la naturaleza» según el artículo 8 de la Constitución de la República y no lo hicieron, por decidir ser parte de una larga lista de colaboradores de las redes de corrupción, que han participado en socavar nuestras instituciones, el estado de derecho y a nuestro sistema democrático.

Señores Fiscales, a cambio del financiamiento de la política, incluido Aportes reservados, todo hace suponer que el Congreso y el gobierno de Piñera, fueron pauteados por los grupos económicos para aprobar dos leyes que resultaron críticas para el encubrimiento del desastre medioambiental ocasionado al sector pesquero y para conseguir por ley la apropiación de las principales pesquerías que posee el país:

Una de ellas es la ley 20.560 aprobada a fines del 2011 por la totalidad de senadores y diputados, que le preparó el camino a  la ley Longueira, donde la corrupción se encargó de modelar al sector pesquero según sus conveniencias, según se desprende de los contenidos de fondo aprobados con la misma:

20. a) En la promulgación de esta ley el gobierno de Piñera consiguió el apoyo transversal de senadores y diputados, incluyendo los de la Nueva Mayoría, para que la devastación que a esa fecha alcanzaba aprox. al 50% de todas las pesquerías quedara en la impunidad ya que la anterior comprometía a los poderosos grupos económicos que se habían valido del amparo del Estado para este multimillonario negocio al margen de la ley y que se encubría como pescas de investigación todas ellas «ideológicamente falsas». » No se mantendrá lo que se ha venido realizando desde hace muchos años, y que, en el fondo, consistía en que no se investigaba nada, lo cual era una forma de asignar recursos pesqueros…» pág. 173 «Hoy, la pesca de investigación, como la hemos mal usado durante muchos años, en algunas pesquerías alcanza al ciento por ciento del recurso.» pág. 176 Historia Ley 20.560, según lo reconociera el ex Ministro Longueira, Pablo Galilea y varios senadores y diputados en medio del Congreso, los que enterados de estos delitos cometidos por funcionarios públicos a favor de las grandes pesqueras, decidieron no denunciarlos al Ministerio Público.
21. b) Sobre la misma Ley 20.560: El segundo objetivo fue facilitar la concentración monopólica de las cuotas de pesca a manos de las Grandes Pesqueras al establecer por ley que las que se encontraran en manos de la pesca artesanal podían ser vendidas al sector industrial como insistiera en ello el senador Walker: «El señor WALKER, creo que el proyecto de ley en votación se halla bien encaminado; que va en la dirección correcta.»  «En consecuencia, es preciso legislar sobre el traspaso de cuotas.» pág. 60 Historia de la Ley 20.560,  apuntando con esta ley justo en sentido contrario a lo decidido por las países de la Comunidad Económica Europea que han resguardado por ley que la pesca artesanal de pequeña escala que provee de productos del mar a las familias de cada uno de sus países y contribuye a su alimentación saludable, no sea desintegrada y devorada por los grupos económicos. De tal forma que senadores y diputados contribuyeron con esta ley a  que este sector histórico de nuestra economía fuera desterrado a la marginalidad, a los que además los involucró en un mercado perverso de ventas de cuotas legitimado por Subpesca, que los alimenta de la ilusión de ser propietarios de cuotas de pesca en el papel, aunque todos ellos saben que las mismas no existen o si están en el agua corresponde a juveniles de pesquerías declaradas sobreexplotadas y agotadas.
22. c) por último la ley 20.560 aprovechó de aprobar un encargo del grupo Angellini por el cual los senadores le autorizaron capturar jurel de 22 centímetros, es decir en estado de juveniles, perjudicando gravemente su reproducción, aunque el gobierno de Piñera y el Congreso vociferaron que la ley 20.560 había sido para cuidar la sustentabilidad de las pesquerías. «O sea, los industriales han destruido el recurso jurel. Y ustedes nos piden que autoricemos, una vez más, en este artículo 6°, una talla mínima referencial de 22 centímetros.» reproche contenido en la pág. 111 a 114 Historia de la Ley 20.560.

Ley Longueira el «regalo regulatorio» de Piñera y el Congreso a las Grandes Pesqueras, para ello vale rescatar de la Historia de la Ley la felicidad que rodeo al Senador Walker, presidente de la DC a ese entonces, que colaboró con la aprobación de la misma, pág. 3004  «El proyecto obtiene tres logros históricos.   Primero: conservación, preservación y sustentabilidad de los recursos pesqueros.», está probado que ha ocurrido exactamente lo contrario ya que la devastación subió del 48%  al 70% en apenas 3 años después de promulgada la misma. «En segundo lugar: defensa de la pesca artesanal.», la prueba es más dramática el mercado de ventas de cuotas de pesca que él apoyó en la ley 20.560 terminó por destruir a la misma; «Y tercero, el punto más controvertido»:»Por lo tanto, ahora disponemos de licencias temporales -lo mismo hicimos para la televisión-: veinte años, no renovación automática, cumpliendo ciertos requisitos.». Sobre este punto vale traer el convencimiento que se ha hecho el Rector Carlos Peña de la Ley Longueira: «El problema es que en el caso de la Ley de Pesca esas cuotas no se licitaron a cambio de un precio, sino que simplemente se entregaron a algunas empresas. Fue un perfecto regalo regulatorio, una pesca bíblica, milagrosa, en la que el Congreso cumplió el papel de Jesús y las empresas el de muchos Pedros agradecidos”.

–Se aprueba la proposición de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Hacienda, unidas, respecto del artículo 26 A (24 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones).  Sobre el contenido de fondo del artículo 26 A el senador BIANCHI dejó el siguiente registro: «Resulta imposible, pues, no entender que las licencias son a perpetuidad, para siempre. Y la temporalidad, que, según entiendo, es parte del acuerdo que logró una mayoría en este Congreso, dura mínimo 20 años. Pero la licencia se renueva cada 20 y de manera permanente.   Entonces, los industriales, quienes según el artículo 30 que se aprobó, con mi voto en contra, gozarán de licencias transables, transferibles, susceptibles de todo negocio jurídico, ahora tendrán en la mano un negocio con un una duración mínima de 20 años.» Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).  Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide. pág. 2317 Historia de la ley.

El senador Walker ante el acuerdo conseguido con Longueira estaba eufórico. Me imagino cuanto quisiera él que este criterio de licencias temporales pudiera ser aplicado para senadurías y diputaciones ya que en su caso podría licitar para él y sus hermanos unas cuantas que al ser renovables por 20 años y de «cumplir ciertos requisitos» podría heredarlos para sus hijos, nietos y bisnietos. Sr. Walker si ello es impresentable para una democracia también lo es para una economía de libre competencia, una regla de oro de las economías más exitosas a nivel global ha sido crear todas las condiciones para que surjan la innovación de la mano de las tecnologías de última generación y de los avances científicos, justo lo contrario de lo que usted lidero desde el Senado a favor de  la industria de la harina y aceite de pescado, que es una industria de conversión de proteínas de mediados del siglo pasado, que sobrevive a base de privilegios y de «regalos regulatorios» que facilitan el control monopólico y de por vida por las capacidades más que sobresalientes de sus controladores en: corrupción, tráfico de influencias y financiamiento de senadores y diputados.  http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2012/04/24/ley-de-pesca-%c2%bfchile-en-1550-o-en-2012/

El poder que han alcanzado estas redes de Corrupción alcanza a los medios de comunicación, por ello no extraña que desde de allí presionen al Ministerio Público acusando que no resulta prudente mantener por tanto tiempo las «causas que acusan de corrupción a los grupos económicos» ya que ello estaría generando un ambiente de incertidumbre que afectaría el que estos sigan invirtiendo en el crecimiento del país y de persistir se afectará la estabilidad del anterior y del empleo, a lo que han agregado en los últimos días que éstas investigaciones serían una fórmula para desestabilizar la democracia, aunque es justamente el actuar mafioso de los corruptos quien socava la anterior. Es el caso del recién renunciado ex Subsecretario de Pesca Raúl Sunico quien recurrió al argumento del empleo para justificar posponer por 5 años la pesca de arrastre: “Se ha tenido en cuenta el principio general que los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”, según escribió Moncada» ,el Presidente de ASIPES valorando lo hecho por Sunico, según lo rescato CIPER  y que está alineado a igual apoyo conseguido  con la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados por el actual presidente de SONAPESCA la que aplaudió a éste por la defensa de la continuidad de la PESCA DE ARRASTRE.

El Ministerio Público y los fiscales tienen como desafío ante la ciudadanía llevar a los Corruptos a la justicia a pesar que estos han terminado acumulando un inmenso poder económico y redes de apoyo entre los dos conglomerados políticos. Nadie es tan ingenuo para no darse cuenta que la defensa a cargo de sus poderosos Estudios de Abogados está basada en una estrategia que busca que los fiscales investiguen cada caso de corrupción por separado y según vayan apareciendo denuncias que los comprometan: caso senador Orpis, Mujica, diputada Isasi, Corpesca, diputado Iván Fuentes-Fipes, senador Walker, ASIPES, Barcos de Papel, senadora Jacqueline Van Risselberghe, etc. Los anteriores están apostando a que si la Fiscalía no se entera del fondo de la Corrupción, no serán ellos los que le pidan a sus clientes entregar las pistas para llegar hasta allí, ya que están conscientes que los delitos de fondo son muchos más graves que los actualmente investigados por el Ministerio Público.

Los corruptos apuestan a que NO se investigue ni descubra la extensa red de colaboradores en el sector público y consultoras privadas que son parte de sus redes de corrupción criminal y son los que les han garantizado por años la más absoluta impunidad. Lo anterior hace prudente que el Ministerio Público y su Fiscal Nacional apunten a una coordinación de todos los fiscales dedicados a las actuales causas que investigan la corrupción en el sector pesquero que evite que el trabajar por separados, sirva para que «los árboles no les permitan ver el bosque».  

De todos nosotros depende tomar consciencia y presionar para que el Consejo de Defensa del Estado se querelle en contra de los autores y todos los que resulten responsables de la pérdida del 70% del Patrimonio Pesquera  del país. En las próximas elecciones el desafío será elegir diputados y senadores sin conexiones con la Corrupción de lo contrario nos exponemos a que Chile profundice su crisis medioambiental y que no hayamos sido capaces de heredar nada a las generaciones futuras !!!

Pablo Fernando González, Pyme Innovación, NO + CORRUPCION – NO + LEYES LONGUEIRA