El Seremi de Economía afirmó que se había equivocado y que no se pueden contar los días feriados para capturar el salmón fugado desde Marine Harvest. Mientras en Sernapesca guardan silencio.
Puerto Montt, 10 de septiembre de 2018 (Ecocéanos News). Todo puede pasar en el far west salmonero en el sur de Chile. Después de haber extendido por 60 días el plazo legal para que la transnacional noruega Marine Harvest recuperara el 10 % de los 900 mil salmones escapados en julio pasado de en su centro de cultivo de Isla Huar, el Seremi de Economía, Francisco Muñoz, advirtió solo una vez que “que se había equivocado en el plazo”, para la recaptura de estas especies exóticas, ya que sólo debió haber contado los días hábiles del mes.
Lo afirmado por Muñoz contrasta absolutamente con lo que había asegurado el 13 de agosto la Dra. Alicia Gallardo, directora (s) del Sernapesca, quien dijo que “por resolución de Sernapesca, se ha establecido una prórroga de 30 días más, por lo cual ahora el plazo que tiene la compañía vencería el 3 de septiembre. Si de aquí a esa fecha no se logra recuperar el 10%, la ley establece que existe presunción de daño ambiental y nosotros tendríamos que hacer la denuncia correspondiente”.
El primer plazo otorgado por Sernapesca a Marine Harvest, entre el 5 de julio al 5 de agosto, se aplicó correspondiendo a 30 dias calendario corridos. Sin embargo, en relación con el segundo aplazamiento iniciado el 5 de agosto, el Seremi Muñoz lo rectificó a última hora, señalando que esta vez se contemplarían sólo los días hábiles del mes.
“Con ello deberíamos asumir que la predación de la vulnerable biodiversidad marina dela región de Los Lagos, provocada por los miles de salmones fugados, ocurriría de lunes a viernes, no contemplando los fines de semana o días feriados. Esta corrupta tomadura de pelo a las comunidades costeras, demuestra la complicidad del Estado en la destrucción del medio ambiente marino costero”, señaló el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos.
La Ley de Pesca y Acuicultura (LGPA) contempla en su artículo 87 diversas medidas para evitar el escape de estos peces carnívoros exóticos. En el artículo 118 de la norma se indica que “se presumirá que existe daño ambiental de conformidad con la Ley Nº 19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en un plazo de 30 días contados desde el evento, prorrogables por una vez en los mismos términos”.
En su artículo 136, la LGPA sanciona con multas que van desde las 50 a 3 mil UTM, y la posibilidad de perder la concesión salmonera. Junto con ello, la normativa establece que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) puede aplicar sanciones que varían desde una amonestación por escrito, multa de 1 a 10 mil UTA (aproximádamente desde 572 mil hasta 5 mil 700 millones de pesos), la clausura temporal o definitiva del centro de cultivo, y/o revocación de la resolución de calificación ambiental. De considerarse que hubo dolo, se aplicaría presidio menor en su grado mínimo.
La recuperación del 10 % de los peces escapados es tan sólo una cifra testimonial, ya que no es proporcional a la gravedad de éstos desastres sanitarios-ambientales. Esto demuestra que las regulaciones y la aplicación de las normativas en la acuicultura industrial chilena están hechas a la medida de los intereses corporativos.
El Estado chileno (Subpesca, Sernapesca, Directemar, Ministerios de salud y de medio ambiente) ha sido reactivo desde el primer momento frente a este masivo escape, dejado la iniciativa en manos de Marine Harvest. Además. la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la concesión salmonera de Punta Redonda/Marine Harvest, no contempla medidas de reparación, compensación y/o mitigación de los diversos impactos que deriven de la fuga de salmones Atlántico al medio marino.