¿Quiénes son los responsables público-privados de la irregular entrega del permiso de navegación y del hundimiento del well-boat en su segundo viaje comercial?, ¿A cuánto ascienden los gastos del Estado en este problema “entre privados”?
Puerto Montt, región de Los Lagos, Chile (3 de Septiembre del 2018).- A más de dos semanas desde que el wellboat Seikongen fuera reflotado y remolcado desde Chonchi, Chiloé, hasta la bahía de Puerto Montt, con una carga de 100.000 kgs de salmones descompuestos, se desconoce dónde se verterá finalmente su contenido tóxico. Tampoco se conoce la (s) forma (s) en que será retirada dicha mortandad.
La compañía propietaria del buque -CPT Empresas Marítimas- presentó un plan preliminar de extracción y disposición final de esos residuos, el que recibió correcciones de parte de las autoridades regionales, debiendo presentar una nueva propuesta, la que se espera sea la definitiva.
El variopinto grupo de trabajo público-privado que trabaja de manera bastante cerrada, participan las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud y Medio Ambiente, así como la Dirección Regional del Sernapesca, la Fundación Chinquihue, la Municipalidad de Puerto Montt y la Armada de Chile. Llama la atención el papel de la fundación privada Chinquihue que participa como “garante sanitario y ambiental” (sic).
El diario El Llanquihue, de la cadena El Mercurio, señala este 2 de septiembre que el Seikongen sería llevado a un lugar seguro (que no se identifica), donde con tuberías y barcazas aspirarían el contenido, llevándolo al puerto de San José en Calbuco. De allí se derivaría a la planta de residuos de Fiordo Austral. A continuación, el artículo indica que “la disposición será otro tema que deberían definir las autoridades, aunque una opción que no se descarta es la descarga en el mar”.
El teniente Víctor Herrera, oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima, comentó a El Llanquihue que la autorización final del vertido no sólo dependerá de la autoridad marítima, porque “también deben participar las autoridades vinculadas directamente con ese proceso para definir la forma de actuar, por las probables emanaciones de ácido sulfhídrico (H2S) que está concentrado en su interior, así como por eventuales filtraciones al mar de esos residuos líquidos”.
El teniente Herrera aseguró que trabajan con un grupo multisectorial para «lograr acelerar este proceso y evitar que el buque siga en esta condición durante más tiempo (…) No vamos a escatimar en recursos que sean necesarios para cuidar a la gente y el medio ambiente de Puerto Montt (…). No hay que pensar tanto en los plazos, sino en la seguridad con la que estamos tomando estas determinaciones. Apuntamos a que cuando se tenga que efectuar esta faena, sea sin riesgo», manifestó.
El teniente Herrera llamó a la calma, al sostener que «somos la autoridad técnica, sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos con la mayor cautela posible». Adelantó que cuando se conozca cómo se realizará esa maniobra, «lo vamos a hacer público». «Estamos siendo lo más transparentes», afirmó.
Para el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, está situación “ha sido absolutamente opaca, partiendo del hecho que el Seikongen zarpó desde el astillero en Hong Kong con serias fallas de construcción. A pesar de esto, obtuvo la autorización para navegar con bandera chilena hacia Papetee y de ahí hacia la región de Los Lagos en Chile.
El well-boat en su primer viaje comercial tuvo serias fallas de navegación, lo que obligó a su revisión, y luego en su segunda travesía comercial se hundió con 96 ton de petróleo y 200.000 kgs de salmones, habiendo permanecido diez meses sumergido frente a Chonchi, Chiloé, con la indolente permisividad de las autoridades sectoriales.
“Resulta impresentable que luego de reservadas negociaciones entre las empresas dueña de la embarcación, la compañía aseguradora y la salmonera Camanchaca, aparezca el Estado colocando dinero público y la protección de la Armada de Chile, en un negocio entre privados”, señaló el director de Ecoceanos.
La organización social alertó a la ciudadanía a estar alerta para impedir que se repita impunemente los sucesos ocurridos el 2016, con posterioridad al bloom de algas tóxicas y nocivas en Chiloé, donde se vertieron de manera “ilegal”, según la Corte Suprema, más de 9.000 tons de salmones en descomposición, teniendo el activo apoyo de la Subpesca, Sernapesca y la Armada de Chile.
El teniente Herrera señaló a Aqua.cl que “las autoridades han trabajado con bastante profesionalismo y ninguna va a escatimar ni en tiempo ni en costos para que se resguarde la vida humana y, lógicamente, el medio ambiente”.
Sobre lo ocurrido con el “Seikongen Connection”, se desconoce que responsabilidades y costos han asumido las empresas privadas.
Frente a ello, el Centro Ecocéanos pregunta ¿Quiénes son los responsables público-privados de la irregular entrega del permiso de navegación y del hundimiento del well-boat en su segundo viaje comercial?, ¿A cuánto ascienden los gastos del Estado en este problema “entre privados”?, ¿Se pretende que la industria salmonera acceda nuevamente a un “subsidio ambiental” al igual que el 2016, cuando seis empresas (1) utilizaron el mar como un vertedero de residuos industriales tóxicos?, y sobre todo ¿Cuáles serán las responsabilidades privadas en caso de un desastre ambiental o sanitario proveniente de la disposición final de la carga tóxica del Seikongen?
Mientras tanto, la Armada de Chile destinado personal y la patrulla marítima “LSG Chiloé” para continuar protegiendo la nave de transporte privada Seikongen.
(1) Las seis empresas que fueron autorizadas para verter sus mortalidades de salmones en el mar chilote en marzo del 2016 fueron: AquaChile S.A., Aguas Claras S.A., Granja Marina Tornagaleones, Trusal S.A., Mar Ventisqueros S.A. y Australis S.A.