Conapach y la Ley Longueira que privatizó los peces: Ni a favor ni en contra, sino que todo lo contrario
En la presentación de Conapach, llamó la atención la ausencia de posición frente a la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de propiedad de las pesquerías nacionales a siete familias empresariales que controlan la pesca en Chile, situación que en 2012 esta confederación apoyó junto a los industriales pesqueros.
Valparaíso, 11 de Marzo del 2019 (Ecoceanos News).- En la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, la directiva de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) expuso el 6 de marzo su posición frente al proyecto de ley que busca anular la corrupta Ley N°20.657, conocida como Ley Longuera, que privatizó las pesquerías chilenas, normativa que fue aprobada con el apoyo de esta organización de pescadores.
La Conapach hizo una descripción histórica de la legislación pesquera chilena, destacó los avances que se habrían logrado y anunció, de manera críptica, “tener las herramientas para enfrentar todos los escenarios posibles”.
La exposición a los diputados fue encabezada por el presidente de esta organización de pescadores, Oscar Espinoza, y la vicepresidenta Zoila Bustamante, quien fue la impulsora de los acuerdos entre el ultraderechista Ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira, y este sector de los pescadores.
En esta sesión parlamentaria, Conapach condenó los actos de corrupción ocurridos durante la tramitación de la ley en 2012 y llamó a los parlamentarios a que “valoraran el trabajo realizado dignamente por la Conapach, en conjunto con diputados y senadores que no estuvieron involucrados en este tipo de delitos”.
Con la Ley Longueira “se lograron mejoras en términos de conservación de los recursos, y un aumento significativo en las cuotas de muchas pesquerías a favor del sector artesanal”, afirmó la agrupación sindical.
Los aspectos positivos que tendría la ley Angelini-Longueira
Entre los aspectos positivos que tendría la cuestionada Ley Longueira, la Conapach señaló que existen avances en el manejo ecosistémico de las pesquerías nacionales, lo que se habría logrado a través de la creación de comités científico- técnicos y de planes de manejo que protegerían a las especies y permitirían un ordenamiento no político de los mismos, con participación de los pescadores artesanales.
Esta confederación también valoró la creación y no cobro de patentes de las áreas de manejo, y la “visualización de otras actividades artesanales”, el desarrollo del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, así como de programas para el cultivo y repoblamiento de algas, estando aún pendiente la presentación de la denominada Ley Bentónica.
Ciudadanía y movimientos sociales: Anular corrupta ley de privatización pesquera
En la presentación de Conapach, llamó la atención la ausencia de posición frente a la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de propiedad de las pesquerías nacionales a siete familias empresariales que controlan la pesca en Chile.
En la actualidad, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó en enero del 2019 el proyecto de ley que busca anular la actual ley de pesca, el cual cuenta con el apoyo de los diputados René Saffirio (Ind), Tomás Hirsch (PH), Marcelo Díaz (PS), Leonardo Soto (PS), Gabriel Ascencio (DC), Gabriel Boric (MA) y Hugo Gutiérrez (PC).
Existen 300.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas recolectadas entre el 2016 y 2018 que respaldan la anulación de la “Ley Angelini-Longueira de privatización pesquera”, debido a su corrupta tramitación y promulgación en el parlamento chileno.
La fiscalía ha logrado demostrar que entre el 2010-2012, las patronales pesqueras como Corpesca (Grupo Angelini), Sonapesca, Asipes y Fipes le dictaron a diversos senadores y diputados los textos del articulado clave para expropiar y entregar de manera gratuita y a perpetuidad a siete familias empresariales la propiedad de las valiosas pesquerías chilenas, las cuales son hoy parte de los activos económicos de los grupos empresariales nacionales y transnacionales, que como bienes plenamente transables, los pueden vender, comprar, arrendar, hipotecar y heredadar.
Al respecto, el Centro Ecocéanos señaló que “no es posible asociar la viciada ley Angelini-Longueira a un manejo pesquero sustentable cuando a seis años de su promulgación el 60% de las pesquerías chilenas están colapsadas y sobreexplotadas, mientras la pesca ilegal triplica en volumen a las cuotas de captura ‘legales’, evidenciando que su objetivo fue legalizar el robo de nuestras pesquerías, y no la protección de nuestros ecosistemas, biodiversidad y recursos marinos, así como de la equidad social”.
