Sin ninguna observación y votos en contra, fue aprobada en el Senado la idea de legislar del proyecto de ley, presentado por el gobierno de Sebastián Piñera y apoyada transversalmente por la casta política, con el fin de extender hasta el 2033 la corrupta «Ley Angelini-Longueira» de privatización del patrimonio pesquero nacional.
Valparaíso, Chile, 17 de mayo 2019 (Ecocéanos News).- El Senado aprobó en general, con 36 votos a favor y sin votos en contra, la “ley corta” de pesca que impulsa el Gobierno de Sebastián Piñera con la complicidad transversal de los diversos conglomerados políticos.
Esta ley corta intenta “maquillar” la corrupta Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que fue promulgada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera el 2013. Para ello, ofrece una serie de medidas populistas, a cambio de mantenerla vigente por 20 años, y poner término el 2033 la renovación automática de los permisos de pesca industrial, los que actualmente se encuentran en manos de 7 familias político-pesqueras que controlan el mar chileno.
En el curso de las opacas negociaciones efectuadas entre el 2018-2019 por el gobierno y diversos dirigentes y operadores políticos de la pesca industrial y artesanal, este proyecto de ley -que inicialmente solo estaría relacionado con terminar con las licencias transitables de pesca industrial-, fue siendo paulatinamente refundido con un largo ofertón populista de mociones bajo el argumento que beneficiarían a la pesca artesanal. Entre los titulares de las nuevas mociones se encuentran: El supuesto “carácter público” de los recursos pesqueros del país, el aumentar el exiguo consumo humano, medidas de control de la pesca ilegal en alta mar, regulaciones parciales de las artes de pesca, y planes de manejo pesquero.
La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), declaró a www.aqua.cl . que “para los pescadores artesanales llama la atención que habiendo tantas materias que fueran añadidas al proyecto inicial, la sala del Senado haya dado luz verde al proyecto, sin haber mediado un debate o al menos, una revisión de los contenidos de dicha ley”.
Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), señaló “aplaudimos que este nuevo Congreso ponga fin a la bancada de las 7 familias que en el pasado aprobó una ley ilegítima, y que hoy el Senado por unanimidad avance con un proyecto de ley que pondrá fin a los privilegios de la industria pesquera”.
La directiva de Condepp indicó desde Puerto Montt, que “es urgente trasparentar el rol que cumple la industria, considerando, por ejemplo, que este sector no captura el total de las cuotas asignadas, las que son vendidas al sector artesanal, como es el caso de la sardina y anchoveta. En el hábitat natural de la zona de reserva artesanal, el 2017 la industria pescó la mitad y vendió la otra mitad a los artesanales”.
Condepp agregó que entre el 2013 y 2018, el sector artesanal recibió solo el 34.5% de la cuota y la industrial el 65,5%. Por tanto, “es imprescindible cambiar el fraccionamiento en favor de la pesca artesanal, para que entre otros puntos se establezca que la sardina sea 100% artesanal”.
El Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, salió a calmar los temores de las 7 familias pesqueras referida a que la ley corta contenía una supuesta “soberanía exclusiva” de los recursos hidrobiológicos por parte del Estado. Frente a este punto, Riquelme dijo a El Mercurio que “esto no significa estatizar los peces, pues ello se contrapone con la legislación interna e internacional suscrita por Chile (sic)”. También se justificó el Subsecretario de Pesca, al señalar que aunque los parlamentarios visaron el privilegiar las artes de pesca selectivas, esto no significará prohibir las capturas con redes de arrastre. Riquelme añadió que esta medida también se relaciona con el empleo de la captura con redes de cerco y enmalle.
A juicio de los grandes conglomerados empresariales que controlan la pesca industrial en Chile, la ley corta es un «grave» cambio en las reglas del juego, y recuerdan que en el marco de la tramitación de la ley de 2013, las patronales pesqueras entregaron sus permisos de captura que eran indefinidos por licencias transables y renovables por periodos de 20 años bajo normas de buen comportamiento y sustentabilidad.
Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que representa a las firmas de la zona centro-sur, admitió su sorpresa por la rapidez de la votación y sin que se escuchara la postura de la entidad. Señaló que si la ley queda lista para promulgarse van a realizar todas las acciones que puedan en tribunales chilenos y extranjeros, ya que hay empresas internacionales involucradas.
Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), manifestó su preocupación por el avance de «esta cocina legislativa«, por lo que esperan realizar lobby en otras comisiones del Parlamento para explicar los nocivos efectos que podría tenerla «ley corta» sobre el empleo y la inversión.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Rabindranath Quinteros (PDC), señaló que “el proyecto de ley lleva un año esperando en el Senado, así que no se puede hablar de que fue algo rápido o que no haya sido revisada. Por lo demás, la iniciativa no ha sido aprobada en lo absoluto, solo fue aprobada la idea de legislar, en general”. Quinteros sostuvo que «se equivocan los industriales, no vamos a aceptar presiones de nadie».
Ante la queja de los debilitadas patronales pesqueras industriales que no habrían sido escuchados por el gobierno del populista de Sebastián Piñera, el Subsecretario Eduardo Riquelme aseguró que se ha reunido en más de 15 ocasiones con estas asociaciones.
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