Diputado francés pide que su país no participe en la COP25, mientras el gobierno de Chile mantenga a los militares en las calles
En Chile se ha denunciado que militares han realizado torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas.
22 de octubre, 2019 (Agence France-Presse).- Un diputado francés llamó a su país a “suspender su participación en la COP25” que se celebrará a inicios de diciembre en Chile.
“Francia debería suspender su participación en esta COP25 mientras que haya un toque de queda, mientras que el Ejército (…) esté en las calles”, declaró el diputado del partido Francia Insumisa (izquierda radical), Alexis Corbière.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó un toque de queda en Santiago y Estado de Emergencia en varias regiones del país, donde los militares fueron desplegados por primera vez desde el retorno a la «democracia» en 1990.
Esto sin duda “no bastará” para poner fin al conflicto, “pero sería un elemento de presión democrática”, sostuvo Corbière, quien es también presidente del grupo de amistad Francia-Chile en la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento francés.
La Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, COP25, se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Santiago.
Las protestas en Chile estallaron el viernes, cuando se anunció una subida en el precio del pasaje del metro, pero muy rápidamente las manifestaciones derivaron en un estallido social que denuncia la desigualdad social, las bajas pensiones y el alto precio de los servicios básicos, entre otros.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas.
El INDH está presentando querellas criminales para determinar las responsabilidades de agentes del Estado por la muerte de cinco personas, de 15 registradas hasta ahora oficialmente, durante la crisis social y política que vive el país.
