En entrevista con Ecocéanos News, Leticia Caro, de las Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar, y María Luisa Muñoz Manquemilla, de la Comunidad Yagán Bahía Mejillones, conversaron sobre la resistencia y lucha de sus pueblos originarios por la defensa sus territorios y de su cultura.
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2019 (Ecocéanos News).- En complicidad con el Estado chileno, empresas salmoneras de capitales noruegos intentan expandir su producción en territorio Yagán y Kawésqar, en la Patagonia chilena, situación que amenaza la subsistencia de estos pueblos originarios australes. Se trata de una alianza político empresarial similar a la ocurrida durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando el Estado chileno permitió un genocidio del pueblo Selknam para el desarrollo de la ganadería ovina.
El 5º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que se desarrolló en Santiago el jueves 5 de diciembre, aludió a ese hecho en su sentencia, para asegurar que hoy al igual que en el pasado “el Estado no ha respetado a las comunidades”.
El tribunal recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida, respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación, cumplir con los procesos de consulta previa, establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados, condenar moralmente a las empresas mineras y salmoneras e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”.
Con ello, el tribunal acogió los planteamientos de las organizaciones de medioambiente, como CODEFF y el Centro Ecocéanos, y de las comunidades de los pueblos Yagán y Kawésqar, afectadas por la salmonicultura. La información desde las comunidades indígenas fue entregada a esta corte ambiental por dos mujeres que lideran la lucha por la defensa del territorio ancestral ante la amenaza de expansión de la industria transnacional salmonera.
Leticia Caro, representante de las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar, en su primera alocución ante el tribunal planteó que lo importante es la defensa del territorio. “En el Kawesqar weas se encuentra la reserva de agua dulce más grande del planeta y está en peligro, porque los glaciares están en peligro, debido a las disposiciones gubernamentales. Seguimos navegando por el territorio y subsistiendo del territorio. El territorio y nosotros somos uno”.
Junto con recordar el largo periodo de resistencia de las comunidades Kawésqar, demandó que “los pueblos indígenas mantengan sus territorios porque somos preexistentes al Estado. Las memorias de nuestros antiguos están en los territorios y nosotros necesitamos preservar esas memorias”.
Leticia Caro advierte que “la lucha de los pueblos originarios no ha terminado. Hoy la salmonicultura es similar a la ganadería de antaño, que terminó con el pueblo Selknam y Tehuelche, porque fueron desplazados de su territorio. Con la instalación de la industria salmonera no podemos acercarnos a los espacios concesionados. La salmonicultura se toma los cursos de los ríos, desde donde sacamos agua, y contamina de forma desmedida los fondos marinos”.
En la Región de Magallanes existen 336 concesiones solicitadas, de las cuales 131 fueron otorgadas y 73 en funcionamiento, dice Leticia Caro.
“Para la creación del Parque Nacional Kawésqar solicitamos que el mar también fuera protegido, lo que fue negado por el Consejo de Ministros, en colusión política empresarial con el Estado”.
A través de la Contraloría General de la República, se le otorgó la legalidad de reserva nacional a las aguas de nuestro territorio, por el que navegamos, pero la salmonicultura puede operar en esos lugares sin ninguna fiscalización del Estado, denunció.
La exigencia de las comunidades es que “la Reserva Nacional Kawésqar sea contemplada en el Parque Nacional, aunque eso choque con nuestra cultura ancestral, luego nos preocuparemos de cómo vamos a recuperar ese territorio, pero necesitamos que esté protegido”.
Como medidas de resistencia, las comunidades acudieron a la Ley Lafkenche para frenar el avance de la salmonicultura en su territorio.
Leticia Caro informó que en lograron detener 280 concesiones, porque estas no cumplían con la norma. Actualmente, por medio de la declaración de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), Ley Nº 20.249, conocida también como Ley Lafkenche, se encuentran paralizadas 179 concesiones acuícolas, que corresponden a 41 empresas salmoneras. “Esta es una protección temporal, y exigimos que sea de manera permanente porque no queremos que nuestros hijos, nuestros descendientes sigan en la misma lucha que nosotros”.
Leticia Caro planteó que “los territorios indígenas que se encuentran afectados por la salmonicultura deben dejar de operar bajo el sistema neoliberal imperante, que mercantiliza la vida, vende el territorio y no respeta a los ancestros. Exigimos que se liberen los ríos, el mar, los glaciares, los bosques, porque todo eso fue heredado por nuestros ancestros hacia nosotros”.
Según la dirigenta, existen 34 sitios anaeróbicos solo en la Reserva Nacional Kawésqar. “El Estado ha convertido a nuestro territorio en una zona de sacrificio.
Cuando navegamos levantamos nuestro símbolo, para que sepan que existimos, porque nos han matado como pueblo tantas veces que es difícil mantener la memoria viva. Cuando los reyes de Noruega visitaron la Patagonia chilena, a fines de marzo, les dijimos ‘los Kawésqar todavía vivimos aquí’”.
María Luisa Muñoz Manquemilla, de la Comunidad Yagán Bahía Mejillones, expuso en el Tribunal acerca de las amenazas que afecta al territorio debido a la ausencia de leyes de protección de los ecosistemas por parte del Estado chileno. “Se trata de territorios de vida, y el Estado debe garantizar su protección”.
El devastador impacto ambiental, social y cultural que esta mega industria transnacional ha ocasionado en Chiloé ha encendido las alertas en la Patagonia chilena y argentina.
La campaña para detener la expansión salmonera hacia la Patagonia dejó de ser nacional y binacional.
La comunidad Yagán recibió un fuerte apoyo internacional en su lucha por la defensa del territorio durante la visita de los reyes de Noruega a Chile, en el marco de los 100 años de relaciones bilaterales entre ambos países, pero con un encubierto objetivo de hacer lobby a favor de las salmoneras.
“Teníamos un movimiento social que pudo demostrar el descontento de la comunidad ante el proyecto de la empresa Nova Austral, de capitales noruegos y norteamericanos, que pretendía operar con centros de cultivo en el Canal Beagle. Luchamos y resistimos a su instalación por el impacto ambiental y sanitario, las malas prácticas, el uso intensivo de antibióticos, el daño al fondo marino que afecta a otros recursos naturales, como la centolla y los peces nativos”.
María Luisa Muñoz sostiene que los intereses son privados, y por tanto no buscan potenciar a la región, ni beneficiar a su población. Precisa que las empresas que se instalan en Puerto Williams son favorecidas por la Ley Navarino, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que las exenta de pagos tributarios y aduaneros.
“El Estado más encima los bonifica (a las compañías), sin considerar las sanciones ambientales, por tanto pueden hacer lo que quieran. El Estado no se preocupa del cuidado del territorio. No les interesa si estas empresas funciona mal, ni siquiera son fiscalizadas. Estos territorios son un paraíso para las empresas. La Patagonia está en disputa y responde a una estrategias de control geopolítico”, denuncia.
María Luisa Muñoz comenta que el pueblo Yagán no se quedó de brazos cruzados, comenzó a investigar y se detectaron anomalías desde la otorgación de las concesiones. A través de la Subpesca, se solicitó un EMPOC para potenciar el uso consuetudinario del territorio, lo que marcó un precedente.
La comunidad Yagán recurrió a Contraloría, expuso ante la Comisión de Medioambiente del Senado en Santiago, entre otras acciones, cuyos resultados fueron favorables: “Las concesiones caducaron porque llevaban más de dos años sin operar”.
Tras esta afirmación de María Luisa Muñoz, el público que asistió a la sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza aplaudió el triunfo.
“Fue muy emocionante que se reconozca el logro por la defensa del territorio a una minoría del fin del mundo, que traerá beneficios más allá de nuestra comunidad” afirma.
A veces no se dimensionan los avances, fue importante presentar las demandas ante el Tribunal como pueblo Yagán, visibilizar los impactos de la industria salmonera. Es un logro que el tribunal haya acogido nuestras demandas. El Estado tiene que hacerse cargo, tiene que modificar sus leyes, señala la dirigenta.
Luego sentencia que “la crisis social evidenció aún más lo que hemos venido planteando. Se habla que Chile despertó, pero los pueblos indígenas despertaron mucho antes”.
El Tribunal Internacional ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”.
Asimismo, exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”. Un proceso constituyente en que los pueblos originarios exigen sea a través de una Asamblea Plurinacional.