Por ya dos décadas la sobreexplotación pesquera en Chile continúa sin políticas y administración tendiente a establecer una pesca sustentable. Frente a esto, las comunidades de pescadores artesanales participan activamente en cabildos, en el marco del proceso para elaborar una nueva Constitución, donde aparecen con fuerza las organizaciones locales que reafirman su compromiso de anular la “Ley Longueira”, además se posiciona el rol de la mujer en este sector históricamente dirigido por hombres.
Valparaíso, 03 de diciembre 2019 (Ecoceanos News).- En medio del estallido social en Chile, diversas organizaciones de la pesca artesanal exigen una nueva Constitución Política, que garantice que los recursos pesqueros sean de todos los chilenos y permita la anulación de la “Ley Longueira” (Ley Nº 20.657), que privatizó los peces.
Una declaración conjunta del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (CONFEPACH), la Coordinadora Nacional de Jibieros y la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, señala que la anulación de la “Ley Longueira” es fundamental para revertir la crisis pesquera, cuyo principal responsable es el Estado chileno.
Los pescadores afirman que el 69% de las principales pesquerías del país están en manos de cuatro empresas pertenecientes a 7 familias, y que apenas el 31% de la cuota de pesca está en manos del sector artesanal, con cerca de 100 mil pescadores. Además, como consecuencia de la depredación industrial, el 70% de las pesquerías están sobreexplotadas o colapsadas, según datos del Gobierno y del reporte de situación ambiental del país dado a conocer hace unos días por la Universidad de Chile.
Desde Dalcahue, Provincia de Chiloé, Carola Barría, del directorio de la Federación de Pescadores Chiloé Unido y Tesorera de la Red de Mujeres de la Pesca Artesanal, asegura que cuestionan la agenda social del gobierno para la pesca artesanal, porque contempla medidas cosméticas y no apunta a cambios estructurales reales para avanzar hacia un sector más justo y equitativo.
“Estamos disconformes con la propuesta del gobierno. Los pescadores artesanales, que son parte de las movilizaciones sociales, están manifestando territorialmente sus propuestas a través de cabildos, siendo la principal demanda la anulación de la “Ley Longueira”.
En el Congreso se han aprobado una serie de modificaciones a la Ley de Pesca, que son medidas parche, que no apuntan al fondo del problema, que es terminar hoy con la propiedad privada de los peces, dicen los pescadores.
Sara Garrido, coordinadora de la Red de Mujeres de la Pesca Artesanal, sostuvo que “al igual que el litio y el agua, los peces son recursos naturales de todos los chilenos y por tanto deben volver a manos del Estado”.
“La “Ley Longueira” fue la primera ley que demostró la corrupción política empresarial que estaba instalada en el Congreso, que le abrió los ojos a Chile. Con una nueva Constitución, nuestras demandas serán vinculantes y no meramente una opinión”, dice la dirigenta. Esta posición dista de lo planteado por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), cuya dirigencia ha demandado modificaciones a la “Ley Longueira” y no su anulación. Tal organización fue una de las que apoyó esta normativa privatizadora.
Sara Garrido afirma que, en el marco de la tramitación de la ley, “la CONAPACH llegó a un acuerdo pesquero con el Estado y el empresariado sin considerar la opinión de los pescadores artesanales. Gran parte de los dirigentes no conocíamos el acuerdo”.
Al respecto, Gino Bavestrello, Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, precisa que “fueron dos dirigentes: la presidenta de la CONAPACH, Zoila Bustamante, y el presidente de la CONFEPACH, Hugo Arancibia, quienes negociaron con el gobierno y el empresariado, y apoyaron la “Ley Longueira”.
Por ello, “los pescadores artesanales de base decidimos renunciar a esas confederaciones y se formó en 2012 el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP)”. Cerca de 30 mil pescadores se retiraron de la CONAPACH durante la discusión de la cuestionada ley. Tal “fraccionamiento del sector pesquero” resultó a favor de los intereses de los industriales.
Según los dirigentes entrevistados por Ecocéanos News, actualmente, el 70% de los pescadores artesanales está exigiendo la anulación de la ley de privatización pesquera, muchos son parte de la CONAPACH, pero su opinión sigue sin ser escuchada.
Las federaciones de pescadores de Caleta Portales, de Valparaíso, y Nuevo Amanecer, de San Antonio, están afiliadas a la CONAPACH, pero demandan la anulación de la “Ley Longueira”. Esta situación de desacuerdo entre los pescadores de base y la dirección de CONAPACH se repite a lo largo del país.
A fines de noviembre, el directorio nacional de CONAPACH envió una carta dirigida al Ministro de Economía, Lucas Palacios, en la cual propone medidas para mejorar la administración del sector pesquero artesanal. En términos legislativos, la carta contiene una serie de disposiciones donde destacan: la rápida tramitación de la llamada Ley Corta de Pesca y Ley Bentónica y más participación de los artesanales en la creación de proyectos de ley.
La CONAPACH está de acuerdo con modificaciones a la ley, pero no plantea un cambio estructural. “La verdad, quienes llegan a acuerdos con el gobierno obtienen financiamiento para sus federaciones”, denuncia Gino Bavestrello.
Desde Valdivia, Bavestrello asegura que los pescadores artesanales anhelan agruparse en una sola confederación, pero con dirigentes honestos y transparentes, que tengan una historia como trabajadores del mar, y que no se apropien de la representatividad del sector.
Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer de la Pesca Artesanal de la Región de Valparaíso, y de la Coordinadora Nacional Jibiera, dice que hace tres años están luchando por la anulación de la “Ley Longueira”, que nace de la corrupción. “Los defensores de la jibia actuamos desde las bases. Estamos avanzando en levantar una propuesta desde los pescadores de base y no desde las grandes confederaciones, que no nos representan”.
El dirigente informa que se discute una plataforma social que dignifique la labor de la pesca artesanal y que le otorgue seguridad social a los “viejos” pescadores. “El Estado es el responsable de la crisis del sector, por la sobreexplotación de los recursos pesqueros, al ser el administrador”.
En la Región de Valparaíso, cada vez se acercan menos personas a las caletas a comprar pescados y mariscos porque –según Miguel Ángel Hernández- ha disminuido la oferta. La crisis también afecta a uno de los recursos más consumidos por la población: la merluza, y con ello se merma la principal labor de la pesca artesanal que es alimentar a la población con productos sanos y frescos, puntualiza el dirigente.
Sara Garrido advierte que en la nueva ley debe garantizarse la soberanía alimentaria y el enfoque de género. “Ninguna ley de pesca se ha preocupado del rol que juegan las mujeres. Queremos avanzar en una nueva ley más equitativa e inclusiva, que garantice la participación de las mujeres en la toma de decisión”.
La pesca artesanal en Chile está compuesta por 25 mil mujeres y 80 mil hombres. Estos últimos integran los Consejos Zonales de Pesca, las Comisiones regionales del Uso del Borde Costero, Comités Científicos, en otros espacios, donde las mujeres no cuentan con ninguna cuota de participación.
Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que busca incorporar el enfoque de género a la política pesquera. Se trata de una iniciativa impulsada por la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, que reúne a ocho regiones del país, y cuenta con el patrocinio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.