Las comunidades de pueblos canoeros afirmaron que “esta vez no nos callaremos frente a esta colusión político empresarial». En tanto, el Centro Ecocéanos señaló que “la salmo-industrialización de la Patagonia chilena que busca modificar drásticamente la vocación productiva de Magallanes, continúa avanzando de manera corrupta, sin consulta ni control público, amparados por la complicidad de las autoridades regionales y nacionales en el actual contexto de estado de excepción constitucional”.
Punta Arenas, 22 de Junio de 2020 (Ecoceanos News). A través del dictamen N° 8913 N20, la Contraloría General de la República validó la entrega de concesiones de salmón Atlántico (Salmo salar) en aguas de la Reserva Nacional Kawésqar, en la austral Región de Magallanes y Antártica Chilena.
El dictámen del Contralor cita el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la que permitiría las operaciones de acuicultura industrial en aguas de las reservas nacionales. A su vez, indica que en relación a las operaciones de la mega industria salmonera que “únicamente su desarrollo puede ser autorizado en la medida que dichas iniciativas sean compatibles con los objetivos de conservación y protección ambiental en el área (sic)”.
La Reserva Nacional Kawésqar fue creada junto al Parque Nacional Kawésqar el 30 de enero del 2019. Posee una superficie de 2,6 millones de km. cuadrados, siendo parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas (Senaspe). Su administración la realiza la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura.
El director regional de la Conaf en Magallanes, Mauricio Véjar, señaló que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República “ quiere decir que no es necesario tener aún el plan de manejo por parte de Conaf para esa área protegida,(sic), y no impide que los proyectos sean sometidos a evaluación de impacto ambiental o al sistema.”.
Consultado Véjar por el diario regional El Pingüino respecto a si la falta de fiscalización del Estado pudiese generar situaciones similares a lo sucedido el 2019 con la salmonera noruega-norteamericana Nova Austral, la cual adulteró con maquinaria pesada el fondo marino para esconder su condición anaeróbica y engañar al Estado, para volver a sembrar salmones en áreas marinas biológicamente deterioradas.
El director regional de Conaf, evadiendo el fondo de la pregunta señaló que los proyectos a los que se les otorguen concesiones (salmoneras) “deben tener los mayores estándares de seguridad para poder operar y ser una actividad amigable (sic) con el medioambiente, por lo que todas las sanciones que determinen las instancias respectivas, tienen que aplicarse con el máximo rigor. Eso no se discute”.
En un intento de naturalizar la entrega de concesiones salmoneras en áreas silvestres protegidas, el Seremi de Medio Ambiente Eduardo Schiappacasse, indicó que después de la creación de la Reserva Nacional Kawésqar se presentaron diversos proyectos de producción de salmón a evaluación de impacto ambiental, los que fueron inmediatamente admitidos a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Las solicitudes de concesiones salmoneras son presentadas para su evaluación bajo la poco exigente modalidad de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Frente a esta impresentable situación en el contexto del estado de excepción constitucional y de crisis sanitaria y social, la Conaf mediante un comunicado de prensa señaló que “aún no existe ninguna definición respecto de la viabilidad ambiental de estos proyectos, ya que todos ellos se encuentran en fase de evaluación, por lo que son revisados por los organismos públicos competentes, entre los que se encuentra Conaf, conforme a sus áreas de responsabilidad y emiten su pronunciamiento”.
A mediados de diciembre del 2019, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas viendo aspectos de forma, rechazó por extemporáneo un recurso de protección interpuesto contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), presentado por las Comunidades Indígenas Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Atap, Residentes de Río Primero, Aswal Lajep, la Asociación Gremial de Guías Turísticos de Puerto Natales, Agrupación Gente de Mar Independiente, y la Asociación Indígena Williche Ketrawe Mapu.
Con esta acción se buscaba impedir la admisibilidad de proyectos salmoneros en la Reserva Nacional Kawésqar por carecer del respectivo plan de manejo y los objetos de conservación definidos para dicha área protegida. El 05 mayo del 2020, la Corte Suprema ratificó el fallo del tribunal magallánico.
Las Comunidad Kawésqar Grupo de Familias Nómades del Mar, Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar, Comunidad Kawésqar Residentes en Rio Primero, Comunidad Indígena Kawésqar Canoeros Australes, Comunidad Kawésqar Aswal Lajep, Comunidad Kawésqar At’ap,Comunidad Yagan de Bahía Mejillones y Comunidad Yagan Lom Sapakuta, están denunciando públicamente el abusivo y genocida accionar del Estado chileno y las empresas salmoneras.
Haydee Aguila de la Comunidad Kawésqar At’ap señaló que “la visión del director de la Conaf frente al dictámen de la Contraloría de la República, convierte a este servicio gubernamental en uno de los mas mutilados frente a los derechos de los pueblos originarios, demostrando que están tratando de imponer estos cultivos, y proteger a las grandes empresas dentro de nuestros territorios ancestrales, que no les pertenecen”.
Aguila advirtió que “ hoy volvemos a estar en el ojo del huracán. Con lo señalado por el director de la Conaf volvemos al etnocidio, a querer matar nuestra cultura y el progreso económico de nuestra gente. Es por esto que los nuestros continúan recorriendo el territorio como lo hacían antiguamente. El gobierno nos ha mentido y manipulado en todas las formas posibles, intentando demostrar que nosotros seríamos los menos interesados en nuestro mar”.
Por su parte Leticia Caro, vocera de las Comunidades Indígenas Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar, indicó que “nos resulta impresentable que dos autoridades que se supone tienen las competencias necesarias para interpretar un dictámen de Contraloria, hagan semejantes afirmaciones públicas. El director de Conaf señala abiertamente que la industria de salmonicultura se puede instalar en nuestro territorio, sin estar aprobado el plan de manejo”.
Caro es directa en su denuncia, señalando que “esto sucede cuando el dictámen de Contraloría es claro en recalcar que la instalación de esta industria está sujeta a su compatibilidad con la conservación del área. Se desinforma a los lectores, con la clara intención de instalar en la ciudadanía la idea de que nada podemos hacer contra los dictámenes del organismo administrativo. Este es nuestro territorio ancestral. Aquí vivieron, cazaron pescaron y recolectaron nuestros antiguos, y hoy nosotros lo hacemos y lo seguiremos haciendo, aún cuando el genocidio nos arrebató mucho de las memorias de nuestros ancestros”
Como parte de las comunidades de pueblos canoeros, Caro advirtió al Estado chileno que “desde aquí les decimos que esta vez no nos callaremos frente a esta colusión político empresarial. Sus dichos resuenan en nuestros oídos como los lamentos de nuestros antiguos que fueron desplazado y asentados, sin que pudieran defenderse de la brutalidad estatal”.
Centro Ecocéanos: Boicot ciudadano al consumo de salmón químico para detener su corrupta expansión en la Patagonia
Frente a este nuevo caso de abuso estatal y empresarial, el Centro Ecocéanos señaló que “la salmo-industrialización de la Patagonia chilena que busca modificar drásticamente la vocación productiva de Magallanes, continúa avanzando de manera corrupta, sin consulta ni control público, amparados por la complicidad de las autoridades regionales y nacionales en el actual contexto de estado de excepción constitucional”.
La organización ciudadana impulsa una campaña de boycot nacional e internacional al consumo de salmón químico industrial provenientes del sur de Chile, con el apoyo de organizaciones ciudadanas, consumidores y comunidades costeras, cuyo objetivo es la defensa del medio ambiente, la biodiversidad marina, la salud pública y los derechos de las comunidades costeras, pueblos originarios y trabajadores frente a la destructiva expansión territorial de la mega industria exportadora de salmón en aguas de la Patagonia chilena.