Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: rehén del lobby y expansión salmonera
El poder político, económico y mediático exhibido durante la discusión de la Ley SBAP, así como las crecientes presiones y amenazas contra las comunidades indígenas y los defensores ambientales, alertan sobre el accionar fáctico de los intereses corporativos de la megaindustria del salmón, que la convierten en una amenaza para la democratización de la sociedad, y la posibilidad de construcción de un modelo de desarrollo sostenible, descentralizado y equitativo.
Por: Juan Carlos Cárdenas
Médico veterinario. Director Ejecutivo del Centro Ecocéanos.
07 de junio de 2023
Chile es uno de los 10 países que menos invierten en la gestión de su biodiversidad. Su Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe) posee un presupuesto insuficiente para una gestión eficaz y eficiente, careciendo de infraestructura y personal necesario sus 21 áreas silvestres protegidas. Esta realidad, funcional a las políticas ambientales de corte neoliberal, colisiona con las complacientes y exitistas declaraciones oficiales sobre los avances nacionales en el cumplimiento de la meta de protección del 30% de biodiversidad planetaria al 2030.
En este contexto de precariedad del Snaspe, llaman la atención las futuras consecuencias ambientales que tendrá la campaña de desinformación y presión política efectuada por las asociaciones empresariales de la salmonicultura industrial en coordinación con 129 gremios empresariales, que lograron el rechazo del Parlamento chileno a la modificación del artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, bloqueando la posibilidad de prohibir la no renovación ni entrega de nuevas concesiones para el cultivo industrial de salmónidos al interior de las áreas silvestres protegidas del Estado.
Resultado paradojal que, después de 12 años de un sistemático bloqueo del empresariado salmonero a la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP) y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, haya sido el rechazo del Parlamento el que posibilitará al empresariado salmonero poder blanquear y obtener certeza jurídica para la irregular presencia de sus 411 centros de engorda de salmónidos que operan hace décadas en las áreas protegidas de la Patagonia chilena.
Un destructivo accionar empresarial en áreas protegidas
El cluster del salmón presenta cuatro décadas de un nutrido prontuario sanitario-ambiental, con reiterados y graves eventos de contaminación química y orgánica; escapes masivos de especies carnívoras, exóticas e invasoras; reiterados bloom de microalgas tóxicas asociados a sobreproducciones ilegales, y situaciones de eutroficación por contaminación de los fondos marinos y la columna de agua, así como eliminaciones clandestinas de mamíferos marinos, entre otros impactos.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha abierto este último tiempo 38 procesos sancionatorios por sobreproducciones en 14 centros de engorda de salmones, la mayoría de ellos ubicados en áreas silvestres protegidas, y bajo la categoría de contumacia, al haber repetido las empresas de manera sucesiva esta ilegal práctica, pese a las sanciones aplicadas.
Entre las involucradas destacan las empresas de capital noruego Mowi Chile S.A., Cermaq Chile S.A., Marine Harvest Chile S.A. y Nova Austral (norteamericana-noruega). También se encuentran en procesos sancionatorios Cook Aquaculture Chile, de capitales canadienses, Australis, de inversionistas chinos, Yadran S.A., Exportadora Los Fiordos Ltda., Salmones Blumar S.A., Salmones Multiexport S.A., Invermar S.A., Fiordo Azul S.A., Empresas Aquachile S.A. y Granja Marina Tornagaleones S.A., entre otros titulares.
Desde la perspectiva de la integridad de las áreas protegidas, el mayor impacto sanitario-ambiental que producen las habituales sobreproducciones ilegales de salmones en ciclos continuos, lo constituye la pérdida de oxígeno (anaerobiosis) en la columna de agua y el fondo marino adyacentes al centro de cultivo, debido a la acumulación de fecas de salmones, alimento no consumido, antibióticos y variados químicos, los que son vertidos al medio marino. Se estima que para lograr la recuperación biológica de estos frágiles ecosistemas acuáticos se requieren entre 40 a 50 años en caso de daño extremo.
Corrupción estatal y blanqueamiento parlamentario
De las 1.400 concesiones salmoneras otorgadas por el Estado chileno, 411 se encuentran al interior de áreas protegidas, lo que equivale al 32% del total concesionado, y producen el 50% del millón de toneladas de salmones y truchas que se producen anualmente en el país.
Llama la atención en este sui generis escenario, la existencia de 286 concesiones salmoneras entregadas a perpetuidad (sic) al interior de las áreas protegidas del Estado, lo que deja en evidencia las prácticas corruptas y accionar ecocida de las administraciones pesqueras y acuícolas durante las últimas décadas.
Otras 140 concesiones tienen una vigencia de 25 años. De ellas, 44 concluirán su periodo en los próximos 12 a 13 años, mientras 34 caducarán en 13 y 15 años, y 33 lo harán entre 15 a 17 años, alcanzando estos procesos de renovación o relocalización de los centros salmoneros hasta el año 2044, lo que desmiente la reciente campaña del terror empresarial que amenazaba a los trabajadores del salmón con la pérdida de sus empleos una vez promulgara la ley SBAP.
Durante la discusión en la Comisión Mixta de la modificación del Artículo 158, el Estado chileno, a través de la ministra de Medio Ambiente y sus asesores, intentó entregar mayores certezas al empresariado acuícola y su transversal “bancada parlamentaria salmonera”, ingresando como indicación un artículo transitorio señalando que las solicitudes de concesiones acuícolas en trámite dentro de las áreas protegidas, y cuyo proyecto técnico fuese aprobado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, continuarían avanzando sin problema hasta su aprobación final.
La “República Salmonera”
El poder político, económico y mediático exhibido durante la discusión del proyecto SBAP, así como las crecientes presiones y amenazas contra las comunidades indígenas y los defensores ambientales y de derechos humanos, alertan sobre el accionar fáctico de los intereses corporativos de la megaindustria del salmón, que la convierten en una amenaza para la democratización de la sociedad chilena, y la posibilidad de construcción de un modelo de desarrollo sostenible, descentralizado y socialmente equitativo.
Los próximos objetivos del empresariado salmonero durante el presente año se focalizarán en relocalizar sus concesiones menos rentables y vulnerables, la creación de una Ley de Acuicultura a la medida de sus intereses, y el debilitamiento y posterior modificación de la Ley 20249 (“Ley Lafkenche”) para impedir la entrega de solicitudes de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs), de manera de disponer y ocupar con nuevas concesiones y relocalizaciones estos vastos territorios costeros.
Lucha del movimiento socioambiental y pueblos originarios
Frente al asalto empresarial de los territorios marino-costeros del sur de Chile, el movimiento socioambiental y las comunidades de pueblos originarios frente al asalto empresarial de los territorios del sur de Chile, continuarán con su lucha para lograr la moratoria a la expansión de los monocultivos de salmónidos, la salida de las concesiones acuícolas de las áreas protegidas, los ecosistemas vulnerables y territorios ancestrales, y la revocación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) a las empresas salmoneras infractoras contumaces al interior de áreas protegidas del Estado.
A su vez, se continuará promoviendo el boicot a la compra y consumo del salmón químico industrial chileno para detener el ecocidio corporativo en los territorios mapuches del Gulumapu y el Kawesqae Waes, y el respaldando a la lucha de los trabajadores y trabajadoras contra la sobreexplotación, precariedad laboral, y los abusos de los derechos de género en la salmonicultura industrial. Hoy Chile posee el récord de mortalidades de sus trabajadores y trabajadoras de la salmonicultura global, con 74 fallecidos en las plantas de proceso, centros de cultivo, transporte marítimo y terrestre entre el 2013 y 2022.
