Claudia Arancibia Cortés: Ocultamiento de información institucional y encubrimiento de malas prácticas de empresas salmoneras amenazan la biodiversidad marina
Analizando la situación de Chile, se observan una serie de debilidades institucionales por parte de las autoridades competentes, tanto en materia orgánica, operacional, legal y presupuestaria, todo lo cual distancia al país del fiel cumplimiento de los estándares y objetivos del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, asegura la abogada Claudia Arancibia Cortés, como parte de las conclusiones de la investigación que realizó para el Centro Ecoceanos.
Santiago de Chile, 14 de junio, 2024 (Ecoceanos News).- “Biodiversidad marina bajo amenaza: Los desafíos de la institucionalidad chilena para dar cumplimiento al Acta de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos” se titula la investigación, publicada en junio de 2024, que deja en evidencia el ocultamiento de información por parte de organismos públicos relativa a las interacciones de las poblaciones de mamíferos marinos con la industria salmonera, “lo que constituye un actuar ilegal y arbitrario que atenta contra instrumentos internacionales ratificados por Chile, como el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú”.
Claudia Arancibia Cortés, abogada de la Universidad Diego Portales, quien se ha desempeñado en investigaciones y litigios por la defensa del medioambiente y los animales, principalmente en temas de biodiversidad marina y la protección del océano, afirma que la entrega incompleta de antecedentes y el ocultamiento de información por parte de Sernapesca infringen no solo el principio de transparencia y el derecho de acceder a la información ambiental, sino que también denota un encubrimiento de las malas prácticas desarrolladas por muchas empresas salmoneras, y también una minimización del grave problema que existe de interacciones letales de mamíferos marinos con la industria del salmón.
-¿Cuáles son los principales resultados de tu investigación que permitiría inferir sobre la complicidad de la institucionalidad estatal para denegar el acceso a la información pública, y minimizar el grave problema de las interacciones letales entre mamíferos marinos y las actividades pesqueras y de cultivo industrial de salmones?
-Considerando la gravedad y la preocupante frecuencia de los registros de varamientos de cetáceos, se requirió información a Sernapesca vía transparencia respecto a la cantidad y antecedentes de denuncias presentadas por el mismo servicio por tales eventos. Sin embargo, el servicio omitió dar respuesta, sin explicación alguna. Esta negativa a informar implica a su vez la negativa a reconocer la gravedad de la ocurrencia de estos eventos, así como las responsabilidades. En los registros de varamientos de cetáceos ocurridos en 2023 se constató el caso de un ejemplar de ballena Franca Austral varado con resultado de muerte en Isla Julia, Las Guaitecas, el cual presentó marcas por anzuelo de pesca. En el mismo año, un ejemplar de cría de ballena Franca Austral varó en Melinka, archipiélago de Las Guaitecas, por enredo en artes de pesca y posible colisión con embarcación. Estas situaciones son particularmente graves, toda vez que se estima una población aproximada de 50 ejemplares de esta especie, y al igual que la ballena azul, se encuentra clasificada en peligro crítico de extinción.
Sernapesca también fue consultada por el detalle de denuncias presentadas por los delitos de maltrato animal (artículo 291 bis del Código Penal) hacia mamíferos marinos, y la caza, captura y muerte de cetáceos establecido en el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En su respuesta, el Servicio adjuntó una planilla de antecedentes con solo 13 denuncias, lo cual claramente no se condice con los antecedentes publicados en medios de prensa, los cuales dan cuenta de varias denuncias ingresadas por la ciudadanía y presentadas por el Servicio por casos de maltrato y eliminación intencional de lobos marinos, cuyos hechos han ocurrido al interior de centros salmoneros.
En atención a este grave incumplimiento de acceso a la información pública, es que se recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia con el objetivo de obtener el registro completo de denuncias presentadas por el Sernapesca. A pesar de que el amparo fue acogido, el Servicio continuó en la negativa de informar, por lo que el Consejo debió instar al Servicio a dar respuesta, y el procedimiento para acceder de manera definitiva a la información solicitada tardó alrededor de siete meses.
Sumada a la respuesta de Sernapesca, también se encuentra la de Bidema, quien fue consultada sobre los antecedentes de denuncias por afectación a mamíferos marinos. Aquí simplemente no se proporcionó ningún antecedente, denegando toda posibilidad de acceso, bajo el argumento de que las denuncias consultadas se encuentran aún en investigación. Finalmente, a esta denegación de información, se suma la respuesta proporcionada por la Fiscalía Nacional, quien señaló que al no disponer de la información solicitada de manera automática, acceder al requerimiento formulado implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales, acogiéndose así a una causal de reserva legal establecida en la Ley N°20.285.
Estas omisiones demuestran una grave denegación de acceso a información pública de carácter ambiental e implica un ocultamiento de estos hechos por parte de agentes del mismo Estado, incluyendo el encubrimiento de aquellas empresas involucradas, y a la minimización del grave problema que existe de interacciones letales de mamíferos marinos con la industria del salmón, pesca y tráfico marítimo.
– ¿Cuáles son las principales deficiencias en la institucionalidad pesquera y acuícola gubernamental para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de la aplicación del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos?
-El Acta de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos se creó e implementó basada en el principio precautorio, como una medida para responder a la creciente preocupación por la disminución significativa de algunas especies de mamíferos marinos a consecuencia de actividades humanas, por lo que sus dos objetivos fundamentales atienden a mantener la vida de las poblaciones de mamíferos marinos en condiciones sostenible óptimas, y mantener su papel ecológico en la salud del océano. En este sentido, los países que pretendan mantener sus exportaciones pesqueras al país norteamericano deben demostrar que han realizado las acciones necesarias para prohibir actos de muerte y lesiones graves de mamíferos marinos en el curso de las operaciones pesqueras y acuícolas, o bien, que cuentan con procedimientos para certificar de manera confiable que las exportaciones de productos pesqueros no ocurrieron mediante actos de muerte o lesiones graves a mamíferos marinos.
Analizando la situación de Chile, lamentablemente se observan una serie de debilidades institucionales por parte de las autoridades competentes, tanto en materia orgánica, operacional, legal y presupuestaria, todo lo cual distancia a Chile del fiel cumplimiento de los estándares y objetivos de esta norma internacional.
En primer lugar, se observó una falta de coordinación entre servicios públicos e instrucción de funcionarios calificados para gestionar y tramitar las denuncias por varamientos de cetáceos, además de las denuncias y querellas por eliminaciones intencionales e interacciones letales de mamíferos marinos. Al respecto, se constató que no existe un procedimiento uniforme para gestionar el ingreso de denuncias ciudadanas por varamientos de cetáceos, por lo que organismos como Sernapesca y la Bidema cuentan con procedimientos diferentes, y además se ha reconocido la carencia de profesionales calificados en su dotación de personal para participar en las investigaciones que involucran la afectación y muerte de mamíferos marinos.
En cuanto a la tramitación de querellas criminales por muerte de mamíferos marinos, se constata una negligente participación de organismos públicos en cuanto a impulsar los procedimientos para una concreta resolución y determinación de responsabilidades y sanciones. Ejemplo de ello son causas penales que enfrentó la empresa salmonera Australis Mar por la muerte de cetáceos en sus centros salmoneros. En estos casos, no se logró determinar responsabilidad penal alguna, por lo que la empresa salió impune ante los hechos ocurridos, y los procedimientos finalizaron, siendo incapaces de provocar un efecto disuasivo para aquellas empresas que interactúan con mamíferos marinos, y de esta manera contribuir a prevenir la ocurrencia de estas interacciones. Sumado a lo anterior, se han presentado múltiples denuncias por maltrato animal hacia ejemplares de lobos marinos al interior de centros salmoneros, y del total de casos registrados solo uno de ellos finalizó con una sentencia condenatoria.
Sin lugar a duda, todas estas situaciones entorpecen la continuidad de los procedimientos, ya sea judiciales o administrativos, para determinar los hechos y las eventuales responsabilidades de quienes hayan participado en los mismos.
En segundo lugar, se constata una legislación nacional ineficaz para sancionar a aquellos responsables por la muerte intencional o no intencional de mamíferos marinos. En este punto, se observa que una de las principales amenazas que enfrentan los grandes cetáceos son las colisiones con embarcaciones, y, no obstante, la Ley General de Pesca y Acuicultura no sanciona las colisiones accidentales, y no se han regulado ni controlado las velocidades de navegación. Por su parte, la Ley N°20.293 (de protección de cetáceos), la cual prescribe que todas las naves pesqueras deberán contar con un plan de contingencia en caso de colisión, daño o extracción accidental de un cetáceo, de acuerdo con el reglamento respectivo. Sin embargo, no establece sanciones para quienes no cumplan con ello, y a la fecha tampoco se ha dictado tal reglamento. En consecuencia, eventos tan graves y frecuentes como lo son las colisiones de ballenas con barcos, se mantienen en total impunidad, y la normativa creada para la protección de los cetáceos es letra muerta.
Además, a pesar de la creación de varias áreas marinas protegidas, consideradas como medidas para la protección del océano y la biodiversidad, no han sido eficaces para detener los impactos que producen las actividades humanas en las poblaciones de mamíferos marinos que transitan dentro de ellas. Por ejemplo, se encuentra el Parque Marino Tic Toc Golfo Concorvado, que, si bien fue creado para garantizar la protección de un grupo de cetáceos, a su vez permite la libre navegación, por lo que las operaciones de tráfico marítimo continúan, y sus límites simplemente quedaron supeditadas a la dictación del Plan de Manejo.
En tercer lugar, la institucionalidad nacional continúa siendo reactiva en vez de preventiva. Encontramos que los registros de varamientos de cetáceos han aumentado en un 600% en los últimos 14 años, se han reportado múltiples enmalles de lobos marinos y cetáceos con resultado de muerte en centros salmoneros, las amenazas y casos de colisiones de cetáceos con embarcaciones ocurren a diario, además de constatarse varios registros de marcas de anzuelo de pesca en diferentes especies de mamíferos marinos varados. A pesar de esto, el Estado de Chile ha sido incapaz de implementar medidas legales, operativas e institucionales para responder adecuadamente a los eventos de varamientos de cetáceos, la influencia antrópica que hay en la ocurrencia de estos eventos, ni tampoco para prevenir las interacciones entre el desarrollo industrial y las poblaciones de mamíferos marinos. Se han reportado múltiples eventos masivos de varamientos de cetáceos en las regiones de Aysén y Magallanes, cuyas necropsias e investigaciones no han arrojado resultados concretos debido al mal estado de los cuerpos de los ejemplares varados, situación que sigue ocurriendo.
Y tratándose de aquellas medidas adoptadas para prevenir las interacciones letales de mamíferos marinos con industrias que operan en el mar, se advierte que algunas no han cumplido el objetivo de mitigar los impactos que afectan y amenazan la conservación de sus poblaciones. Ejemplo de esto último es la dictación del Decreto Supremo N°125 de 2019, mediante el cual se creó el artículo 4° B del Rama, y que obliga a todos los centros de cultivo de salmónidos a instalar alrededor de las redes peceras, una red resistente para evitar o minimizar los enmalles de mamíferos marinos. Sernapesca, por su parte, dictó la Resolución Exenta N°166/2022, la cual define a las especies de mamíferos marinos respecto de las cuales las empresas deben aplicar planes de contingencia frente a la interacción de mamíferos marinos con la infraestructura del centro de cultivo. Consultado este Servicio, respecto a los registros de interacciones entre mamíferos marinos y la industria del salmón en virtud de esta nueva normativa, informó un total de 52 casos de interacciones entre los años 2022 y primer semestre de 2023, tanto por ingreso de ejemplares a módulos de cultivo como por enmalles. De esta forma, se reportó un total de 133 individuos afectados, con 33 casos de muerte (32 lobos marinos comunes y 1 marsopa espinosa), lo que equivale a un 25% del total de registros.
En resumen, Chile es un país en el que las políticas de conservación y protección de mamíferos marinos ocupan un lugar secundario, ya que se encuentra carente de medidas preventivas efectivas que mitiguen los impactos que afectan gravemente la supervivencia de sus poblaciones.
Finalmente, hay una baja aplicación del enfoque precautorio en las políticas nacionales de protección de las poblaciones de mamíferos marinos. Por ejemplo, los mismos servicios públicos competentes han reconocido la falta de apoyo técnico y evidencia científica para investigar los frecuentes eventos de varamientos de cetáceos, y en diferentes oportunidades no se ha podido dar respuesta correcta a su ocurrencia. Además, tampoco se han destinado los recursos económicos estatales suficientes para fortalecer y priorizar las labores de conservación marina, ello por una inequidad en la distribución de presupuesto público otorgado a los entes estatales para atender tales labores.
A pesar de la escasez de evidencia científica y la influencia de las actividades humanas en la ocurrencia de estos eventos, los hábitats de los mamíferos marinos continúan gravemente intervenidos por el desarrollo descontrolado de la salmonicultura, la pesca y el tráfico marítimo. Así, se intervienen las rutas migratorias de ballenas, tal como ocurre en Chaitén y Golfo Concorvado (región de Los Lagos), Isla Matilde e Isla Julia en Las Guaitecas, Golfo de Penas y Melinka (región de Aysén), y en sectores de la región de Magallanes, donde se registran graves eventos de varamientos masivos, enmalles y colisiones con barcos. Aun así, los Organismos del Estado no han adoptado medidas claras y efectivas que limiten y controlen el desarrollo acelerado de las industrias pesquera, acuícola y transporte marítimo en sectores como estos, que constituyen los hábitats y zonas de desplazamiento de importantes poblaciones de mamíferos marinos.
-¿Por qué señalas que existiría una pasiva y negligente actuación de los entes estatales respecto a la participación ciudadana en los procedimientos administrativos y judiciales para determinar las causas y responsables de las muertes de mamíferos marinos en aguas chilenas?
-Porque existen antecedentes de organizaciones de la sociedad civil que han presentado denuncias por interacciones letales de mamíferos marinos con la industria salmonera. Sin embargo, tales denuncias se han mantenido en etapa de investigación por años, sin avanzar en la resolución de las causas ni en la determinación de responsabilidades y sanciones. Un ejemplo claro de esto es la lamentable situación vivida por el Centro Ecoceanos, que en 2019 denunció ante la Bidema de las eliminaciones intencionales de lobos marinos ocurridas en el centro salmonero de la empresa Nova Austral, ubicado en Isla Capitán Aracena, Magallanes. Consultada la institución sobre este caso vía transparencia, negaron la entrega de antecedentes argumentando que tal causa aún se encuentra en investigación, es decir, desde la fecha de presentación de la denuncia, la fase investigativa lleva 5 años sin avance alguno.
Lo ocurrido refleja la poca prioridad e interés por parte de los entes estatales para llevar a cabo las investigaciones dentro de tiempos prudentes y con resultados efectivos. Sumado a ello, los ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil que ingresan tales denuncias han sido completamente marginados en el proceso investigativo, ya que la Bidema no les ha proporcionado ningún antecedente para conocer el estado actual de la causa, ni mucho menos para participar en la proporción de antecedentes que contribuyan al avance de esta.
-¿Cuenta la Fiscalía Nacional con instructivos que regulen las actuaciones y diligencias investigativas por el delito de maltrato animal, y mecanismos legales que sancionen a funcionarios que no inicien y concreten investigaciones sobre eventos que afectan a especies vulnerables y protegidas a nivel internacional?
-Lamentablemente no. A la fecha, y considerando la importancia global de proteger la biodiversidad marina nacional, no se cuenta con ningún mecanismo legal que regule el actuar funcionario ante casos de maltrato animal, ni mucho menos se aplican procedimientos disciplinarios contra aquellos funcionarios que no dan inicio ni concretan las investigaciones ante denuncias por maltrato y muerte a especies marinas amenazadas. Ni siquiera se toma en cuenta el hecho de que muchas de estas especies cuentan con protección nacional e internacional, además de estar catalogadas como en peligro crítico de extinción.
–¿Cómo enfrentar el hecho que, ante la solicitud de información, el Sernapesca sólo entregó antecedentes de 13 denuncias frente a la totalidad de las denuncias ingresadas por la ciudadanía por maltratos y eliminaciones intencionales de mamíferos marinos vinculadas a la industria salmonera?
-La entrega incompleta de antecedentes y el ocultamiento de información por parte de Sernapesca, y que por lo demás involucra hechos acaecidos al interior de centros salmoneros, infringen no solo el principio de transparencia y el derecho de acceder a la información ambiental, sino que también denota un encubrimiento de las malas prácticas desarrolladas por muchas empresas salmoneras, y también una minimización del grave problema que existe de interacciones letales de mamíferos marinos con la industria del salmón, potenciando una imagen de empresas cumplidoras y colaboradoras en el mejoramiento de la institucionalidad ambiental y sectorial que las rige. Sin embargo, esto solo conlleva a fortalecer sus intereses comerciales, en detrimento de la protección de las poblaciones de mamíferos marinos en Chile.
-¿Cuáles son las principales propuestas de la investigación?
-Las siguientes propuestas apuntan a la modificación institucional nacional, en sus aristas operativas y legales, enfocadas en priorizar las políticas de protección y conservación de las poblaciones de mamíferos marinos y sus hábitats, a través del establecimiento de medidas disuasivas, preventivas, precautorias y de participación ciudadana:
-Reconocer y fortalecer el derecho de acceso a información pública de las causas de denuncias por varamientos de cetáceos, denuncias y querellas por interacciones de Mamíferos Marinos con actividades humanas, reconociendo a estas como acciones penales públicas con un fuerte contenido ambiental;
-Fomentar y desarrollar planes y programas de coordinación y respuesta entre Sernapesca y la Bidema para mejorar las respuestas ante eventos de varamientos de cetáceos, ya sea recuperando a los individuos varados, o determinando de forma concreta sus causas de ocurrencia;
-Elaborar un catastro nacional de todas las actividades económicas que se desarrollan en el mar e interactúan con los hábitats y desplazamientos de mamíferos marinos, estableciendo medidas de límite y control de estas en cuanto a su frecuencia y duración, mitigación efectiva de sus impactos, priorizando la protección de las rutas migratorias de cetáceos, así como la conservación y recuperación de las distintas poblaciones de mamíferos marinos, sobre todo aquellas especies que se encuentran en peligro crítico de extinción;
-Instruir a funcionarios de la Fiscalía Nacional y la Bidema respecto al procedimiento de denuncia e investigación de casos de delitos de maltrato animal, y el delito de caza, captura y muerte de cetáceos, reforzando también la obligación que pesa sobre el Ministerio Público de iniciar y concretar todas las investigaciones por denuncias presentadas bajo estas figuras;
-Modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el sentido de incluir como típicas las acciones u omisiones de capturar y dar muerte a cetáceos de manera indirecta o accidental, regular y exigir obligatoriamente en todo el maritorio nacional, la disminución de las velocidades de navegación, así como establecer sanciones disuasivas para quienes no cuenten con los planes de contingencia que establece le ley N°20.293;
-Establecer un mecanismo legal para sancionar a aquellos funcionarios públicos competentes, por no presentar y gestionar denuncias por varamientos de cetáceos, denuncias/querellas e investigaciones por interacciones letales o no entre mamíferos marinos con actividades humanas.
-Equiparar y equilibrar las asignaciones presupuestarias al interior de cada institución pública competente, en beneficio del cumplimiento de sus labores de conservación marina.
-¿Qué debe hacer la ciudadanía y organizaciones de defensa animal frente a la falta de transparencia de parte de organismos del Estados en el otorgamiento de información y el ocultamiento de interacciones letales que amenazan la conservación de mamíferos marinos?
-Frente a estos casos, la vía legal para denunciar y hacer válido su derecho de acceso a la información pública es el recurso de amparo, establecido en la Ley N°20.285. Este amparo se presenta ante el Consejo para la Transparencia, denunciando los hechos, fundamentos de derecho y medios de prueba que verifican el actuar ilegal y arbitrario de la administración del Estado. Aquí no se trata solamente de una negativa de entrega de información pública. Se trata de una negativa ilegal y arbitraria que afecta el derecho ciudadano de acceder a información pública de carácter ambiental, ya que lo requerido es precisamente información relativa a las acciones públicas realizadas en beneficio de la protección de la biodiversidad marina, donde las poblaciones de diferentes especies se encuentran gravemente amenazadas por el desarrollo expansivo y descontrolado de actividades humanas.
El ocultamiento de información relativa a las interacciones de las poblaciones de mamíferos marinos con las industrias constituye un actuar ilegal y arbitrario que atenta contra instrumentos internacionales ratificados por Chile, como el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú. La entrega oportuna y completa de la información requerida no solo garantiza el pleno conocimiento social de las problemáticas ambientales, sino que evidentemente facilita la participación efectiva de las personas y organizaciones en la adopción y ejecución de medidas para la protección y conservación de la biodiversidad marina, contribuyendo así al acceso a la justicia ambiental.
Chile aún mantiene una deuda con la protección de los mamíferos marinos, y ya es tiempo de que la protección y conservación de sus poblaciones, la recuperación de aquellas especies en peligro crítico de extinción, así como la protección de los hábitats donde se desarrollan y desplazan, ocupen un lugar privilegiado en la agenda pública. En este punto, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil juegan un rol clave para impulsar los cambios, y para lograrlo deben contar con mecanismos de acceso a la información efectivos y oportunos.
