Implicancias de la extradición de Paul Watson para la credibilidad de Dinamarca ante la justicia enzai de Japón
«Ceder ante la creciente presión de Japón para extraditar a Watson no sería simplemente una decisión más en un caso legal para Dinamarca. Representaría un grave debilitamiento del compromiso de ese país con los derechos humanos y los principios de equidad que han forjado la reputación de su sistema judicial a nivel internacional».
La creciente presión ejercida por la diplomacia japonesa sobre Dinamarca para que este país acceda a la solicitud de extradición del activista norteamericano-canadiense, Paul Watson, plantea una serie de interrogantes sobre las implicancias que tendrá esta determinación para la credibilidad del sistema legal danés.
Watson fue detenido en Nuuk, capital de Groenlandia (territorio autónomo perteneciente al reino de Dinamarca) el pasado 21 de julio. Su nave, la John DeJoria, caló para repostar antes de continuar su camino a las aguas del Pacífico norte. El objetivo era interceptar a la flota ballenera japonesa, que a partir de este año y fuera de todo marco legal internacional, se encuentra cazando ballenas de aleta[1] a pesar de que la especie se encuentra protegida por la moratoria global sobre la caza comercial adoptada por la Comisión Ballenera Internacional[2].
A pesar de que el sistema judicial de Dinamarca es ampliamente reconocido como uno de los más eficaces y transparentes del mundo, gracias a su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos, la detención y posible extradición de Paul Watson a Japón podrían amenazar su hasta ahora impecable imagen a nivel internacional.
Esto porque a diferencia de Dinamarca, el sistema judicial japonés presenta graves falencias, las que parecieran estar siendo replicadas por la justicia danesa, influida por las presiones desde las trastiendas del palacio de Christiansborg en Copenhage, la sede oficial del Parlamento (Folketing), la Corte Suprema y la oficina de la Primera Ministra Mette Frederiksen.
En 2023 Human Rights Watch publicó el informe El sistema de «justicia de rehenes» de Japón: Denegación de libertad bajo fianza, confesiones forzadas y falta de acceso a abogado”. El reporte afirma que el “sistema de justicia penal (japonés) opera bajo leyes, procedimientos y prácticas que violan sistemáticamente los derechos de las personas acusadas” y que “los problemas son tan profundos y arraigados, que los críticos nacionales lo han apodado el sistema de justicia de rehenes, pues los sospechosos a menudo son detenidos antes del juicio durante largos y arbitrarios períodos— a veces durante varios meses o más de un año— para obtener sus confesiones”. Incluso se ha acuñado un término para referirse a las falsas acusaciones que convierten a personas inocentes en víctimas del sistema de justicia: enzai[3].
A más de 100 días de su detención, parece que el sistema judicial danés – estaría aplicando a Watson los principios del enzai. Desde agosto pasado, el tribunal encargado en Groenlandia del caso ha prorrogado su prisión preventiva en cuatro ocasiones, y la jueza a cargo se ha negado a revisar las pruebas en video presentadas por el equipo legal de Watson, las cuales demuestran la falsedad de la acusación del gobierno japonés. Tokio acusa a Watson de haber lesionado a un miembro de la tripulación japonesa en 2010 con un artefacto de mal olor, con el fin de interrumpir las operaciones de caza ilegal de ballenas de Japón en el santuario de ballenas del océano austral. De manera similar al sistema de justicia nipón, Watson ha sido mantenido por un extenso periodo de tiempo en prisión preventiva y bajo condiciones cada vez más restrictivas. El acceso a medicamentos básicos para garantizar su salud se ha visto limitado; se le prohíbe hacer llamadas telefónicas diarias y su comunicación con la familia está severamente restringida a sólo 10 minutos a la semana.
Ceder ante la creciente presión de Japón para extraditar a Watson no sería simplemente una decisión más en un caso legal para Dinamarca. Representaría un grave debilitamiento del compromiso de ese país con los derechos humanos y los principios de equidad que han forjado la reputación de su sistema judicial a nivel internacional.
La extradición de un activista de 73 años que ha luchado durante décadas contra la caza ilegal de ballenas se interpretaría como un vergonzoso acto de sometimiento a un país que, además de tener un historial judicial cuestionable, fue condenado en 2014 por la Corte Internacional de Justicia por llevar a cabo la mayor caza ilegal de ballenas en la historia, violando la moratoria global sobre esta actividad y la integridad del santuario de ballenas del océano Austral.
Priorizar su relación diplomática con una nación cuya conducta judicial y cumplimiento del derecho ambiental internacional es altamente cuestionable, lo cual pareciera ser un capítulo del género nordic noire, como se conoce a las oscuras series policiales nórdicas, sin duda marcará un cambio drástico en la forma en que Dinamarca es vista por la comunidad internacional, generando legítimos y profundos cuestionamientos sobre el rumbo que tomará este país en materia de derechos humanos en general, y en particular de quienes promueven la conservación de la biodiversidad en el planeta.
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[1] Adicionalmente, el gobierno de Japón no siguió la metodología aprobada por el Comité Científico y la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para establecer la cuota de captura. Mientras que la CBI adoptó un Algoritmo de Límite de Captura de 0,72 (CLA) para generar cuotas preventivas, Japón calculó sus cuotas con un nivel de ajuste del 0,6 en que exceden lo permitido por las normas de la CBI y ponen en riesgo la conservación de la población impactada.
[2] En 1982 la Comisión Ballenera Internacional adoptó una moratoria global sobre todas las especies de grandes cetáceos con el objetivo de evitar la extinción de la mayoría de especies debido a los impactos generados por la caza industrial de ballenas.
[3] En el contexto del sistema legal japonés, “エンザイ” (enzai) se refiere a “冤罪” (también pronunciado “enzai”), que significa “prisión errónea” o “acusación falsa.” Describe una situación en la que una persona es juzgada o condenada erróneamente por un crimen que no cometió.
