Durante los últimos años, las multigremiales liderada por la industria salmonera están llevando a cabo una sostenida y agresiva campaña política y comunicacional contra los defensores y defensoras ambientalistas y pueblos originarios. Este accionar concertado es parte de una estrategia de largo plazo que impulsa una nueva fase de expansión territorial de la industria salmonera, la cual busca duplicar su actual producción de un millón de tons anuales en zonas prístinas donde existe la presencia e intereses de las comunidades de pueblos originarios.
Santiago de Chile, 10 de enero 2025 (Ecoceanos News).- En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, el 21 de noviembre, el pleno del Senado aprobó una indicación inicialmente presentada por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN), que introdujo modificaciones sustantivas a la Ley N°20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), conocida como “Ley Lafkenche”.
Esta legislación fue parte de un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos originarios, que constituyó un avance al llenar un vacío existente en la legislación pesquera chilena al reconocer, mediante una nueva figura administrativa, los “espacios territoriales del borde costero que han sido de uso ancestral” de parte de los pueblos
originarios.
La Ley Lafkenche crea un mecanismo de derecho interno para hacer efectiva la delimitación, demarcación y titulación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas vinculados con el borde costero, en concordancia con los estándares y obligaciones internacionales asumidas por Chile al ratificar el Convenio 169 de la OIT, el cual está vigente en nuestro país desde 2008, y adherir a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Un hito histórico para los pueblos originarios ante la arremetida de intentar eliminar sus derechos
Ante la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el artículo 48 de la Ley de Presupuesto, Yohana Coñuecar Llancapani, integrante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, afirmó que “hoy es un día histórico para la defensa de los derechos de los pueblos originarios costeros, de todos los pueblos originarios que, mediante las solicitudes de espacios costeros, reivindicamos nuestros derechos y nuestra cultura al mar”.
Para la dirigenta Mapuche Williche, lo que hace el TC es un llamado al “derecho a la participación justa, equitativa, en cada una de las acciones administrativas que pudiesen causar algún efecto a los pueblos originarios, citado puntualmente en el Convenio 169 de la OIT. Esto marca un precedente que abre la discusión a la participación en aquellas materias donde nuestros derechos podrían ser afectados”.
Desde la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar celebraron este hito que calificaron de “histórico para los pueblos originarios”. “Esta es una lucha colectiva de varios pueblos originarios, de mujeres y hombres que estamos en la defensa de los espacios costeros para las generaciones futuras, las generaciones presentes, pero sobre todo para el mar. El mar, este espacio tan amplio, tan azul, que alberga mucha biodiversidad, mucha cultura, mucho conocimiento, y que hoy se protege mediante las solicitudes de espacios costeros. La institucionalidad debe pronunciarse cada vez que exista algún tipo de mecanismo malicioso que pretenda quitarnos nuestros derechos”.
Por su parte, Javier Nahuelpan, de las comunidades Mapuche Williche de Mehuin, en la costa de Valdivia, sostuvo que “la Ley Indígena, la Ley Lafkenche y el Convenio 169 de la OIT son reconocidos por el Estado chileno, los cuales reconocen nuestros derechos a la tierra, el territorio y nuestras costumbres, por tanto, nos permite resguardar nuestra forma de vida y desarrollarnos de una forma sustentable en armonía con nuestro entorno beneficiando la economía local sobre el empresariado”.
Según Nahuelpan, estos derechos adquiridos “han provocado campañas del terror en contra de la Ley Lafkenche, utilizando la prensa para desinformar diciendo que divide al país, que tenemos privilegios que impiden el desarrollo. También se suman yanaconas (gente mapuche que actúa en contra de nuestro pueblo) y parlamentarios que han recurrido a la ilegalidad para restringir los derechos adquiridos”.
“Una vez más con esfuerzo y lucha de unos pocos se ha demostrado que solo nosotros, como pueblos originarios, somos los encargados de resguardar y defender nuestros derechos y para esto se necesita de unión y coordinación”, precisó el dirigente.
Cuando el racista «far west salmonero» intenta eliminar los derechos ancestrales de los pueblos del mar
La indicación, proveniente de la coalición entre los intereses salmoneros y la transversal bancada de sus parlamentarios de derecha aliados al senador socialista Fidel Espinoza, intentaba paralizar durante un año -período de vigencia de la Ley de Presupuestos- el ingreso de nuevas solicitudes de ECMPOs, junto con establecer un reducido plazo de seis meses para que se deban resolver todas aquellas solicitudes que actualmente se encuentran en tramitación, rechazándose aquellas que no sean tramitadas en este plazo (efecto “silencio administrativo negativo”).
Dichas solicitudes de ECMPO ascienden hoy a más de 80 en distintas etapas de tramitación, las que son denunciadas a través de una campaña de prensa por los gerentes de la industria salmonera, parlamentarios y dirigentes sindicales afines al empresariado, como un supuesto “freno” a la inversión y el desarrollo productivo del país y de las regiones del sur de Chile.
Bajo el diagnóstico y reiterada propaganda de que “la aplicación de la Ley Lafkenche ha producido graves problemas en el país”, los diputados autores de la indicación del artículo 48 buscaban “dar una señal de organización y eficiencia” y “reformar la Ley Lafkenche para que nunca más seamos testigos de grupos minoritarios que quieren hectáreas y
hectáreas de mar”.
Centro Ecoceanos: Lucha de las comunidades y ciudadanía derrota el inconstitucional y racista “engendro legal” de la industria salmonera
El Centro Ecoceanos declaró que “esta derrota política de la transnacional industria salmonera que opera en Chile en el TC confirma la inconstitucionalidad del intento indirecto de derogar de manera encubierta de la Ley 20.249 (Ley Lafkenche) utilizando el artículo 48 de la transitoria ley de presupuesto 2025 del Estado de Chile”.
Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director del Centro Ecoceanos, indicó que “los gerentes salmoneros y sus lobistas actúan en el parlamento chileno como un poder fáctico que colegisla a través de su bancada parlamentaria”. La iniciativa parlamentaria comprometía la responsabilidad internacional del Estado de Chile, al colisionar la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR)”.
La organización socioambiental llamó a la ciudadanía a estar alerta, pues que la decisión del TC “constituye una derrota temporal de la antidemocrática agenda que promueve la expansión territorial de la destructiva industria salmonera exportadora que amenaza a los pueblos originarios y los biodiversos ecosistemas marinos del sur de Chile”.