Camila Zárate, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios: “La nueva Constitución debe garantizar el agua como derecho humano y de la Naturaleza”
«El modelo neoliberal tiene que cambiar de raíz para establecer una relación con la madre tierra, que incluya gestión comunitaria y ancestral del agua».
Santiago de Chile, 21 de enero, 2020 (Ecocéanos News).- Camila Zárate, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), criticó el proyecto de reforma constitucional que busca consagrar el agua como un bien de uso público, el cual fue rechazado a principios de enero en el Senado chileno.
En entrevista con Ecocéanos News, la vocera del MAT señaló que la iniciativa posee una visión “antropocéntrica, colonial y extractivista”, razón por la cual exigen el establecimiento de una nueva Constitución, mediante una Asamblea Constituyente, plurinacional y feminista, con participación de independientes, cuestionando cualquier tipo de reforma que busque perpetuar el agua como mercancía.
Zárate se refirió a los conflictos de intereses existentes en el Congreso Nacional y el Gobierno, lo cual ha impedido garantizar el agua como un bien común.
-¿Qué les parece el proyecto de reforma constitucional que pretende consagrar las aguas del país como un bien de uso público que se tramita en el Congreso?
– En el MAT hemos sido enfáticos en la importancia de que el agua sea garantizada como un derecho humano y como un derecho de la Naturaleza en la Constitución. Para nosotros no es baladí la forma en que esta se cambia.Creemos que tiene que ser sí o sí, mediante de una Asamblea Constituyente plurinacional, es decir que contemple todos los pueblos que habitamos el territorio, feminista y no solamente paritaria, y además con participación de independientes y de los territorios. Por ello, no apoyamos una Convención Constituyente que no permite una asamblea soberana que se autoregula, y que plantea una posibilidad que sea el actual poder legislativo quien marque la pauta de cómo crear la nueva Constitución.
Tampoco nos parece adecuado que se plantee reformar esta ilegítima Constitución, creada en plena dictadura militar y aprobada mediante un plebiscito totalmente irregular, donde las personas tuvieron que votar con la metralleta en la cabeza. Además se fraguó y sesionó a través de la Comisión Ortúzar, conformada por miembros de la Junta Militar, y en conjunto con sus abogados cercanos, en momentos que el Congreso estaba cerrado.
En cuanto al contenido del proyecto, creemos que ya era hora que los parlamentarios dieran cuenta que para cambiar la Constitución se debe hacer un cambio sustantivo que asegure el agua como un derecho humano y de la madre tierra. Por ello, no puede continuar el artículo 19 Nº 24 inciso final, el cual reconoce el agua como propiedad privada. Esta aberración solo ocurre en Chile, que es el único país con las fuentes de agua totalmente privatizadas.
En el proyecto es correcto que se declare al agua como derecho, la posibilidad de presentar recursos de protección cuando este derecho sea vulnerado, y que se derogue el artículo 19 Nº 24 inciso final, por dar algunos ejemplos.
Sin embargo, el proyecto queda corto porque no contempla el agua como derecho de la Naturaleza, el agua como un sujeto político, el establecimiento de las prioridades de uso del agua. También somos críticos con la caracterización del concepto de bien nacional de uso público, el cual obedece a dos lógicas: La primera desconoce al agua como sujeto político, se cosifica la naturaleza, el agua es apropiable y genera ciertos beneficios para el ser humano, lo que constituye una visión absolutamente antropocéntrica, colonial y extractivista. La segunda va más allá de un aspecto ético, y tiene relación con la idea de que los bienes nacionales de uso público pueden ser gestionados por privados a través de una concesión.
Hemos planteado que seamos las comunidades y los usuarios del agua, quienes podamos decidir sobre el uso de las cuencas. Hasta el momento, los únicos que han sido parte del debate en torno a este tema son los dueños de derechos de agua.
Para el MAT, el agua tiene que ser reconocida como un bien común, que no puede ser apropiable por privados.
La mirada tiene que volcarse al territorio, a lo comunitario. Desde esa perspectiva, consideramos insuficiente los contenidos del proyecto de ley, pese a que no podemos negar que existe un diagnóstico común. Ello constituye un cierto avance de parte de los parlamentarios, que no habíamos visto en todos estos años.
Durante el periodo de la Concertación no existió ningún avance. Ahora a partir del estallido social se percibe un cambio a nivel parlamentario. Pero no es suficiente para lo que estamos demandando desde los territorios, que es un cambio radical en la forma de relacionarnos con la madre tierra, dada la situación de escasez y saqueo hídrico y sequía.
-¿Cómo reciben el rechazo del Senado al proyecto?
-No nos sorprende. Sabemos que esta Constitución fraguada durante la dictadura militar se hizo para no ser modificada, instaurándose un modelo neoliberal extractivista que mira a la naturaleza como un saco de recursos para alimentar a los países del norte a costa del sacrificio de nuestros territorios.
Entendemos que el Congreso instaura el quórum de dos tercios para que no se cambie ni un texto, ni un artículo de la Constitución. No es posible que 12 personas puedan decidir sobre 24. Esto reafirma lo que demandamos desde el movimiento social: Una nueva Constitución para nuestro país.
-Algunos senadores que votaron tienen conflictos de interés al registrar derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea a título personal, a través de sus cónyuges o de sociedades en las que participan. ¿Cómo deberían proceder? Se está pidiendo anular la votación.
-No nos sorprende. Los conflictos de interés no solamente se dan en el Parlamento, sino también en el Gobierno. Hemos denunciado que los ministros de Sebastián Piñera también son dueños de derechos de aprovechamiento de agua. Ejemplo de ello es el ministro de Agricultura, Antonio Walker, dueño de derechos de aprovechamiento de aguas por un total de 29 mil litros por segundo. Esto es gravísimo, porque el ministro debiera velar porque la agricultura campesina tenga derecho a acceder al agua para poder sustentar alimentariamente a sus familias y sus territorios. El ministro Walker está privilegiando el agronegocio, debido a que es parte de empresas del rubro.
El agronegocio demanda el 75% de la demanda hídrica a nivel nacional. Está exportando el agua y provocando el saqueo hídrico en los territorios, así como la destrucción de los suelos y de la naturaleza en su totalidad.
Cuando un ministro de Agricultura permite que el bosque nativo sea quemado, ya que lo hace CONAF -que es un servicio dependiente de su ministerio-, para reemplazarlo por monoplantaciones, vemos en la práctica como los conflictos de interés privilegian a grupos que hoy destruyen los territorios y comunidades, pueblos ancestrales y la agricultura campesina.
En cuanto al Parlamento hemos sido enfáticos en que es necesario que todos quienes tengan conflictos de interés no participen de este tipo de votaciones. Lo mismo hemos señalado ante la tramitación del TPP11. Todos quienes tengan intereses en empresas que resulten beneficiados por este tratado no pueden ser parte de las votaciones. No es posible que cuatro senadores que son dueños de derechos de aprovechamiento de agua participen en una votación con respecto a si van a seguir o no siendo dueños del agua. La conflictividad es directa y su votación es totalmente ilegal, según la reglamentación en el Congreso, por lo tanto se tiene que anular.
-¿Cuál es su posición sobre el remate masivo de derechos de agua por parte del DGA? Dicen que está dentro de la legalidad porque el Código de Aguas lo permite. ¿Es así?
-En Chile, los ríos se represan, se desvían y se rematan. Esto tiene que ver con que no existe una libertad de los ríos en Chile, lo que responde al modelo neoliberal. Este modelo mercantiliza el agua en todas sus expresiones, y una de esas expresiones a nivel superficial son los ríos.
Los ríos están siendo víctimas de este modelo privatizador y mercantil. Como MAT hemos planteado un cambio al modelo, ya que sabemos que es insostenible. Es una aberración que los ríos estén siendo rematados. Necesitamos que se derogue el Código del Aguas. Vamos a instalar una nueva ley de suelos y una nueva ley de aguas, para poder establecer la importancia de los ciclos del agua, y se reconozcan otras formas de gestionar el agua, tal como es la gestión comunitaria.
Existen diversas figuras legales que permiten que el Estado remate los derechos de aprovechamiento de aguas al mejor postor. Esta visión economicista y mercantil no se podrá ser erradicada, sino se deroga el Código de Aguas.
Envío un saludo a la ciudadanía de Ñuble, ya que gracias a la movilización realizada frente a las dependencias de la Dirección General de Aguas regional se pudo declarar desierto el remate de los ríos de la región. Este es un triunfo pequeño dentro de las luchas que debemos seguir dando en la materia, pero nos ayuda a comprender que solo a través de la movilización y de la articulación van a ser posibles las grandes transformaciones que necesitamos para salir de la crisis en que el modelo extractivista tiene a los territorios y comunidades.
– ¿Cuál es la demanda central del MAT para terminar con el negocio del agua y que se transforme en un derecho de bien común?
-La principal demanda es derogar el Código de Aguas, que establece los derechos de aprovechamiento de aguas. Hemos estado en desacuerdo con cualquier tipo de reforma, porque además de ser un instrumento dictado en plena dictadura militar, establece el agua como una mercancía. No establece el agua desde una mirada de respeto a la madre tierra. Tampoco el agua como sujeto político, ni siquiera como parte de un ciclo natural. La visión es totalmente productivista. Además, separa el agua del suelo, lo cual es gravísimo. Hoy, tenemos el 92% de los suelos erosionados en nuestros país y eso es muestra del poco entendimiento de cómo la madre tierra y la naturaleza funciona como un ecosistema.
La visión de sectorización plantea si el agua es de mar, o si está en estado sólido o líquido. No considera los glaciares, se olvida de los humedales, que son embalses naturales. Además, destruye el bosque nativo que establece los ciclos hidrológicos.
Este modelo tiene que cambiar de raíz para establecer una relación con la madre tierra, que incluya gestión comunitaria y ancestral del agua. También debe establecer la agroecología como una política de soberanía alimentaria.
-En el marco del proceso constituyente, ¿han podido constatar que el derecho al agua es parte de las demandas del movimiento social?
-La temática del agua ha sido una de las demandas principales del mundo social. Las territorios, en las zonas rurales sobre todo, mucho antes del estallido social, ya venían haciendo cortes de ruta, rompiendo represas para que los ríos se liberen, y realizando “funas” con respecto al remate de los ríos.
Un proceso donde el movimiento social ya había diagnosticado que estamos frente a una institucionalidad que no tiene voluntad política para hacer grandes cambios, la que propone falsas soluciones, tal como una carretera hídrica, mientras por otro lado se permite que se destruyan embalses naturales como son los humedales. Por lo mismo entendemos que la solución tiene que venir desde la autonomía, de los territorios organizados y autoconvocados. Son más de 10 años que el movimiento social viene demandando la derogación de Código de Aguas.
Cómo MAT ya habíamos diagnosticado la importancia de convocar a Cabildos por el Agua. Incluso, iniciamos dicho proceso el 1 de octubre, antes del estallido social. La temática del agua va a ser fundamental en esta nueva Constitución.
Hasta la fecha hemos realizado más de 60 Cabildos por el Agua en localidades de Arica a Magallanes. Los resultados de dicho proceso serán sistematizados porque queremos que los territorios tengan voz, y no que solamente la clase política pueda debatir y definir qué se debe hacer con el agua.
