Entrevista a Juan Carlos Cárdenas: efectos de la Ley de Pesca chilena y la privatización del mar
El diario electrónico Lagranepoca.com, que se publica en 21 idiomas, entrevistó al director de Ecoceanos.cl, quien detalla aspectos de la ley por la cual la Fiscalía de Delitos Económicos, investiga por corrupción a 12 parlamentarios chilenos. Según la FAO, el documento legal de la privatización del mar se está analizando para establecer en los próximos meses “un marco teórico e identificación de estándares internacionales en materia de legislación pesquera y acuícola”.
Entrevista realizada por Anastasia Gubin del diario Lagranepoca.cl
Recientemente investigaciones judiciales sobre la corrupción política-empresarial iniciadas a comienzos del 2015 por la Fiscalía de Delitos Económico de Alta Complejidad, han demostrado “la existencia de redes corporativas para el financiamiento encubierto a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir en las decisiones del Estado y los gobiernos de turno, influir en las agendas de los partidos políticos, e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses”, destacó el Director de Ecocéanos.cl, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, en entrevista a La Gran Época.
Hoy existen 12 parlamentarios que están siendo investigados por denuncias de cohechoy coimas de parte de las empresas pesqueras. Sumado a ello el actual subsecretario de pesca Raúl Súnico también ha sido denunciado.
A la par de la investigación judicial, en relación a la ley, el 28 de abril pasado la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en Chile, comunicó en la voz de su representante local Eve Crowley, que la organización “apoyará al Gobierno de Chile” en una evaluación de la normativa, “considerando los acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero”.
Según la FAO, este proceso tendrá una duración de unos ocho meses, y “permitirá establecer un marco teórico e identificación de estándares internacionales en materia de legislación pesquera y acuícola”, a su vez prometió “otorgar recomendaciones que permitan eliminar, acortar o cerrar las brechas o vacíos de la ley con respecto a los instrumentos, acuerdos y directrices internacionales para la sostenibilidad y gobernanza del sector”.
El Dr. Cárdenas explica cómo surgió la privatización del mar y la Ley de Pesca chilena -a la cual especialmente los pescadores artesanales y comunidades costeras piden la anulación-, su alcance internacional, y los efectos medioambientales que el Centro Ecocéanos está observando.
LGE _ ¿Cómo surge la privatización del mar en Chile, aplicada hoy en la Ley de Pesca y acuicultura, promulgada en febrero del 2013 en Chile. Cuales son sus alcances internacionales?
Dr. Juan Carlos Cárdenas _Chile se ubica en el Océano Pacífico Suroriental, una de las cinco áreas marinas más productivas del planeta. Actualmente es el sexto país en volumen de desembarques de productos marinos, el segundo productor de harina de pescado y el segundo productor de salmónidos de cultivo. A su vez, abastece el veinte por ciento del mercado mundial de algas destinadas a la alimentación.
La pesca constituía el último sector estratégico de la economía chilena que no se había podido privatizar debido a la fuerte oposición de los pescadores artesanales, comunidades costeras, pueblos originarios y movimientos ciudadanos. Sin embargo, el gobierno del socialdemócrata Ricardo Lagos (2000-2006), logró dividir a la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) que representaba a 91.000 pescadores de pequeña escala asociados, luego de lo cual estableció un acuerdo político entre los partidos de su coalición gobernante, con los partidos de la oposición, para luego aliarse a las grandes asociaciones empresariales para impulsar una mayor liberalización de la economía chilena, lo que incluyó el impulsar el proceso de privatización del patrimonio pesquero nacional.
A partir del 2001, Lagos estableció el Sistema de Cuotas Individuales de Pesca (Individual Transferable Quota, en inglés), el cual entregó temporalmente por una década, el 90 por ciento de los derechos de capturas anuales de pesca al sector industrial. Debido a la fuerte resistencia ciudadana y de los pescadores artesanales, se postergó hasta el 2011 la decisión de privatizar de manera definitiva las pesquerías chilenas, lo cual finalmente se consiguió, tal como se revela en las investigaciones, a través de un corrupto, poco transparente y cuestionado proceso express de negociación y aprobación de una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en el Congreso Nacional, en diciembre del 2012.
A partir del 2001, el Gobierno de Lagos estableció el Sistema de Cuotas Individuales de Pesca (Individual Transferable Quota), el cual entregó temporalmente por una década, el 90 por ciento de los derechos de capturas anuales de pesca al sector industrial. Debido a la fuerte resistencia ciudadana y de los pescadores artesanales, se postergó hasta el 2011 la decisión de privatizar de manera definitiva las pesquerías chilenas, lo cual finalmente se consiguió a través de un poco transparente y cuestionado proceso express de negociación y aprobación de una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en el Congreso Nacional, en diciembre del 2012.
Esta nueva LGPA entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad del 92 por ciento de las cuotas pesqueras, así como el goce monopólico de las rentas anuales que generaban, a 7 clanes familiares-empresariales, los que han dominado el sector pesquero durante los últimos cuarenta años.
Las investigaciones sobre corrupción política-empresarial iniciadas a comienzos del 2015 por la Fiscalía de Delitos Económico de Alta Complejidad, han demostrado lo que era un secreto a voces en la mercantilizada política chilena: la existencia de redes corporativas para el financiamiento encubierto a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir en las decisiones del Estado y los gobiernos de turno, influir en las agendas de los partidos políticos, e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses.
Luego de conocerse la investigación judicial, para la opinión pública, la nueva ley LGPA constituye el símbolo del accionar corruptor de los grupos empresariales sobre el sistema político-parlamentario, lo cual ha contribuido al creciente proceso de falta de legitimidad y el posterior distanciamiento de la ciudadanía frente al actual sistema político e institucional, al evidenciar que es el dinero corporativo el verdadero gobernante en Chile, independiente de la voluntad de los electores, o de quien sea la presidencia en ejercicio.
Habiéndose aprobado en el congreso chileno, los organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la OCDE y la FAO, entre otros, intentan exportar la ley de pesca y acuicultura a nivel global, como modelo a seguir por los gobiernos locales, especialmente en Latinoamérica.
No es casualidad que actualmente asesores chilenos junto a políticos locales, estén impulsando nuevas leyes de pesca y acuicultura en Centroamérica y Brasil, con el fin de abrir nuevos territorios y recursos naturales a la inversión internacional y al accionar de las compañías transnacionales, para destinar las nuevas producciones a la exportación.
LGE _El Centro Ecocéanos a denunciado efectos adversos para el ambiente y la economía a causa de la aplicación de Ley de Pesca en Chile. ¿Puede explicar esto?
Juan Carlos Cárdenas _La ley LGPA y la privatización de las pesquerías chilenas han tenido un impacto directo sobre las comunidades costeras y los pescadores artesanales, al ir progresivamente eliminándolos del sistema pesquero, por la vía del mercado y de las restricciones de acceso, uso y volumen de las pesquerías asignadas, Esto a su vez ha aumentado la concentración económica del sector pesquero, ya que los grandes conglomerados pesqueros industriales, durante los dos últimos años, aumentaron del 92 al 94 por ciento el control de las cuotas de pesca.
El restante porcentaje de las cuotas de pesca son destinadas al sector de pequeña escala, lo que ha significado que en algunas pesquerías tan populares como la de merluza común, merluza austral y de congrio dorado, los pescadores artesanales están saliendo a capturar sólo 2 a 3 días al mes, no cubriendo sus costos fijos con sus capturas.
Importante es señalar que las siete familias beneficiadas han sido los principales responsables de la actual situación de colapso y la sobre explotación industrial de las pesquerías comerciales chilenas. La nueva LGPA ha agudizado este problema. Desde el 2012 al 2014, de las 33 principales pesquerías analizadas, las pesquerías colapsadas y sobreexplotadas aumentaron de 13 a 16.
Vean el documento de la Subsercretaría de Pesca –Documento– . Es llamativo el hecho que el marketing de la LGPA señala que está basada en asegurar la sustentabilidad de las pesquerías y el aumento del consumo interno de los productos marinos. En la primera aseveración es importante señalar que los autores de la ley y la industria se opusieron sistemáticamente a la eliminación de la destructiva pesca de arrastre en aguas chilenas, exigida por los pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas. Hoy se ha ido incrementando la utilización de la pesca de arrastre, incluso en pesquerías que se encuentra en riesgo.
Por su parte los denominados Comités científicos-técnicos y Comités de manejo pesquero que han sido señalados como uno de los aportes mas novedosos de la LGPA, todavía no se terminan de implementar, varios de ellos se encuentran constituidos por científicos vinculados a los clanes industriales , falta información científica básica sobre las poblaciones y sus ecosistemas y no están exentas de las presiones políticas y sociales.
También desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los clanes propietarios de la mayoritarios de las pesquerías chilenas, destinan sobre el 90 por cientos de las capturas a la producción industrial de harina y aceite de pescado los que son exportados o consumidos localmente para la alimentación animal industrial, salmonicultura y alimentación de pets, o los exportan mayoritariamente para el consumo humano, en la forma de pescado congelado y conservas.
Esta situación sigue impactando el abastecimiento del mercado interno. A pesar de ser el séptimo país en volumen de desembarques pesqueros anuales, Chile tiene uno de los menores consumos de pescado: 6,4 kgs de pescado por habitante al año, siendo que el promedio mundial es de 17 kgs por habitante al año. Ello contrasta con los consumos en aquellos mercados de exportación de las producciones pesqueras chilenas: Japón, 70 kgs por habitante al año o España, 46 kgs.
LGE _ ¿Donde nace esta Ley de Pesca?
Dr. Juan Carlos Cárdenas _Esta ley nace en 1987, al final de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, cuando el miembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, intentó dejar privatizado este sector clave de la economía chilena, eliminando de paso el papel del Estado como dueño de las valiosas pesquerías del país sudamericano. Con posterioridad, los años 2001 y 2012, esta propuesta de se va transformando en una versión extremadamente un proyecto de nueva ley de pesca y acuicultura, instrumento para impulsar un agresivo proceso de reordenamiento autoritario del área marino-costera chilena. Fue negociada entre el 2010 y 2011 por representantes de partidos políticos durante el gobierno socialdemócrata de Ricardo Lagos.
En este proceso preparatorio a la privatización pesquera, los siete clanes familiares empresariales que controlan hoy el sector pesquero local, utilizaron el instrumento del financiamiento legal e ilegal de políticos, senadores y diputados, para asegurar tanto los contenidos del proyecto de nueva ley, como una rápida tramitación fuera del control público, (de acuerdo a informes que se están investigando).
Lo anterior explica el hecho que a través de la nueva ley LGPA del 2013 , tanto el Estado como el parlamento chileno vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, al asignar la propiedad y derechos de acceso y uso exclusivo de bienes comunes , como eran las valiosas pesquerías del país, a un pequeño grupo de familias empresariales industriales, que paradojalmente son los principales responsables de la actual situación de colapso y sobre-explotación que afecta a más del 50 por ciento de las pesquerías chilenas.
Evidenciando el contexto de corrupción en que se aprobó de manera express esta ley, la investigación de la fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII), están evidenciando que existen seis personas del entorno político y social del ex-ministro de economía Pablo Longueira,- principal operador y articulador político del proceso que impuso la ley de privatización pesquera que lleva su nombre-, que triangularon boletas a la empresa minera SQM para recibir pagos de la empresa Corpesca S.A., propiedad de la familia Angelini, Pesquera El Golfo, propiedad del grupo Yaconi-Santa Cruz, hoy convertida en pesquera Blumar , al haberse fusionado con la familia Sarquis, los que controla las pesquerías de la zona centro-sur de Chile y la Asociación de Industriales Pesqueros del Bio-Bio (ASIPES), la que agrupa a las pesqueras Blumar Seafoods, Alimentos Marinos , Food Corp, Landes, Camanchaca, Bío-Bío, Bahía Coronel, Alimentos Mar Profundo, Congelados Pacífico y Cannex.
Con anterioridad, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), que reúne a 30.000 pescadores artesanales, y el Centro Ecocéanos, habían presentado una querella contra Corporación de Pesca (Corpesca) S.A., por la entrega de 500 millones de pesos (aproximadamente 1 millón de dólares) como ” gastos reservados, ” para los miembros de la Comisión de Pesca del Senado de la época del trámite parlamentario de la LGPA. A ello se sumó el que la familia Angelini, a través de sus empresas Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A. y Cruz del Sur S.A., habría entregado 208 millones de pesos a los partidos políticos mientras se discutía la ley de privatización pesquera en el Congreso Nacional.
La familia Angelini es un holding con intereses en los sectores forestal, energía y pesca, con la nueva LGPA. a través de sus mega compañías pesqueras Corpesca S.A., Orizon, -firma en la cual comparte propiedad con la familia Lecaros-Mendez y South Pacific Korp (SPK), controlan alrededor del 90% de las cuotas de pesca industrial de la zona norte del país, el 51,2 % de las cuotas pesqueras totales otorgadas el 2015, y el 25 % de las cuotas globales de las pesquerías pelágicas- jurel, anchoveta, sardinas, caballa- , todo lo cual le permite ser la segunda compañía productora mundial de harina de pescado en términos de volumen.
A dos años de haberse promulgado la LGPA como ley de la República la LGPA, los siete clanes pesqueros ya controlan entre otras, el 80 por ciento de las cuotas de jurel, la principal pesquería chilena; el 98 por ciento de la pesquería de anchoveta, el 76 por ciento de la sardina española y el 30 por ciento de la popular merluza común, una pesquería que tradicionalmente había estado en manos de los pescadores artesanales, ya que constituía la base de la alimentación popular debido a su bajo costo y alta calidad nutricional.
LGE _ ¿Sigue siendo el Estado el dueño del mar chileno ?
Dr. Juan Carlos Cárdenas _A través de la LGPA, los grupos empresariales lograron eliminar el papel del Estado como dueño de los recursos marinos del país y su capacidad de asignar derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos pesqueros de la Nación, transfiriendo dicho papel en forma exclusiva al mercado, mediante la entrega de licencias de pesca de duración indefinida- bajo el mecanismo de duración por 20 años, renovables de manera sucesiva y automática- y de cuotas individuales de pesca plenamente transables, las que pueden ser sujetas a la compra, venta, arriendo, hipoteca, e incluso ser heredadas por sus titulares.
La nueva ley LGPA excluyó a su vez de los derechos de pesca y de acceso a cuotas de captura al 90 por ciento de los 91.000 pescadores artesanales,- constituidos por aquellos que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender-, ya que sólo contempla derechos de propiedad, acceso y de uso de los recursos pesqueros chilenos a los dueños de las embarcaciones, o “armadores”, tanto industriales como artesanales.
La “guinda de la torta” lo constituye el hecho que tanto el gobierno como el parlamento,- violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual el Estado de Chile había ratificado el 2009-, se opuso a la realización de una consulta previa, informada y obligatoria a los pueblos originarios- Mapuches – Lafkenches, Huilliches-, Kaweskar y Rapa Nui (Isla de Pascua), lo que le permitió que fueran despojados de cualquier derecho de propiedad, acceso y uso a las pesquerías nacionales, sin que se le haya reconocido los derechos de uso tradicional de los recursos pesqueros. Hoy, si las comunidades costeras indígenas quieren participar del sistema pesquero, deben transformarse en armadores industriales o artesanales, y posteriormente tratar de comprar cuotas de pesca.
LGE _¿Cual es la situación actual con la ley?
Dr. Juan Carlos Cárdenas _La actual Ley de Pesca y Acuicultura fue negociada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses y el dinero de los clanes empresariales, lo que posibilitó que su tramitación se llevará a cabo en medio de graves vicios procedimentales, falta de transparencia y conflictos de intereses. Entre ellos destacan la participación encubierta de los gerentes de la patronal Sociedad Nacional de Pesca y de las grandes asociaciones de compañías pesqueras industriales en las negociaciones de las Comisiones parlamentarias, haciéndose pasar por “asesores pesqueros” de los parlamentarios de la Comisión de Pesca del Senado; la votación de senadores y diputados con intereses personales y familiares en las empresas que iban a ser directamente beneficiadas, y la no consulta a los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT, lo que permitió invisibilizar legalmente a los pueblos indígenas en relación a sus derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros del país.
Además, entregó derechos de propiedad exclusivos a los siete clanes empresariales y el goce monopólicos de las rentas anuales que generan las pesquerías chilenas, estimadas en 740 millones de dólares anuales, no permitiendo la entrada de nuevos actores económicos al sector, salvo si le compran o arriendan cuotas de pesca a las empresas beneficiadas.
Hoy existen 12 parlamentarios que están siendo investigados por denuncias de cohechoy coimas de parte de las empresas pesqueras. A su vez, el actual subsecretario de pesca Raúl Súnico ha sido denunciado como un lobbysta de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bio-Bio Asipes durante la discusión parlamentaria de la ley de pesca el 2012, papel que ha seguido ejerciendo desde su cargo de gobierno.
Por ello, la Corporación de Pescadores Condepp, diversas federaciones regionales de pescadores artesanales, organizaciones indígenas y el Centro Ecoceanos, están exigiendo que se anule la ley LGPA por su génesis corrupta, la expropiación gratuitamente y a perpetuidad bienes nacionales como son los peces del mar chileno, y el hecho que está afectando directamente al noventa por ciento de los pescadores artesanales que no son propietario de embarcaciones y a los pueblos indígenas que viven en las áreas costeras. Para ello han comenzado una campaña nacional de firmasque han comenzado a nivel de las caletas de pescadores artesanales, para después expandirse hacia las principales ciudades chilenas.
En la primera semana de campaña se han recolectado 22.000 firmas de apoyo , teniendo como objetivo las organizaciones sociales el lograr 300.000 firmas que respalden dicha la solicitud frente al gobierno.
Importante es destacar que el diputado Hugo Gutiérrez ( PC), representante de las regiones del norte de Chile, donde opera la familia Angelini, ha asumido la exigencia de los pescadores y ciudadanos, exigiendo la anulación de la LGPA, sin indemnización por su génesis corrupta, lo cual ya ha tenido apoyo de siete otros diputados y senadores, de diferentes sectores políticos, los que han señalado su rechazo al tema de corrupción ligado a esta ley que rige al tercer sector de la economía chilena en el séptimo país pesquero del planeta.
Este artículo fue publicado en este link del diario LagranEpoca.com
https://www.lagranepoca.com/mundo-hispano/latinoamerica/7994-entrevista-juan-carlos-cardenasefectos-de-ley-de-pesca-chile-surgiaprivatizacian-del-mar.html
