La Fiscalía Nacional en las redes de la UDI y el “cartel” de las 7 familias de la pesca industrial
La remoción del fiscal Arias constituye una potente señal intimidatoria enviada por el gobierno, la UDI, y Sonapesca-Asipes, con el fin de bloquear la extensión de las investigaciones hacia las patronales y políticos de las regiones del centro y sur chileno, para posteriormente detener la investigación que lleva la fiscal Ximena Chong, sobre el senador Jaime Orpis (UDI) y el entorno político-familiar de Pablo Longueira.
Por: Juan Carlos Cárdenas N.
Médico Veterinario
Director Ejecutivo
Centro Ecocéanos
19 Agosto de 2016
El Fiscal de la región de O´Higgins, Emiliano Arias se había convertido en una amenaza para la intocable casta política-empresarial al intentar ampliar e integrar las diversas líneas investigativas sobre cohecho y fraude al fisco relacionadas con las patronales pesqueras Asipnor (norte del país), Asipes (centro-sur) y Fipes (zona sur-austral), y la corrupta génesis y aprobación parlamentaria entre el 2010 y 2012 de la actual Ley de Pesca y Acuicultura. .
Arias buscaba superar la focalización del caso solo en el accionar corruptor de Corpesca sobre los parlamentarios de las regiones del norte, para dejar en evidencia las acciones concertadas de un poderoso “cartel” corporativo de carácter mafioso, el cual dispone de importantes redes de apoyo y recursos para financiar ilegalmente a los principales partidos políticos y sobornar a diputados, senadores, dirigentes sindicales y funcionarios públicos, de manera de hegemonizar las políticas públicas del sector pesquero-acuicultor y del borde costero, a la vez de cooptar al parlamento, a Ongs y a organizaciones de la pesca artesanal.
La “doctrina Abbot”: Censura y castigo para fiscales y término de las causas que incomodan a la casta político-empresarial
Durante la semana pasada el decidido accionar del fiscal Arias entró en colisión frontal con la denominada “doctrina Abbott”, explicitada por el fiscal nacional en el cuerpo de Reportajes de La Tercera el 27 de marzo. Allí Jorge Abbott señaló: “queremos buscar la fórmula para acotar esas investigaciones y darles un pronto término” (1).
Aprovechando de manera oportunista la entrevista dada por Arias a La Tercera este domingo (14.08.2016), donde indicó lo que es vox populi en la sociedad chilena: Que en la génesis de la ley de pesca existían situaciones corruptas, y que vendrían nuevos parlamentarios y compañías formalizadas, el fiscal nacional Abbott lo removió abruptamente del caso Corpesca.
Abbott utilizó como excusa, más allá de toda lógica, que el fiscal regional Arias había infringido el “deber de reserva” y de paso, violado el artículo 64 de la ley 20.931, denominada agenda corta anti-delincuencia. Con ello, Arias se convirtió en la primera víctima de la “ley mordaza” para fiscales díscolos.
La larga mano del cartel de las 7 familias y la UDI regional del Bío Bío
Esta sui generis remoción del fiscal Arias, que afecta la credibilidad del sistema penal, ocurrió a tan sólo cinco días de haber sido allanadas las oficinas de dos compañías vinculadas a Corpesca, y cinco empresas pesqueras miembros de Asipes en la Región del Bio-Bio, la principal zona de desembarques pesqueros del país.
Dejando en evidencia la larga mano de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y de la Asociación de Industrias Pesqueras del Bio Bio (Asipes), detrás de la estratégica decisión de remover al fiscal Arias, Abbott redestinó la incómoda investigación sobre cohecho pesquero a Julio Contardo, fiscal de la región del Bio Bio, hogar de la poderosa Asipes y centro del accionar de los abogados, políticos y empresarios pesqueros ligados a la UDI, quienes habían comenzado a ser investigados por el equipo del fiscal Arias.
Llamó la atención el eufórico respaldo a la destitución del fiscal Arias de parte de Jacqueline Van Rysselberghe, senadora UDI por la región del Bio Bio.
Con anterioridad, Abbott había nombrado a Pedro Salgado como fiscal regional de Aysén para investigar los aportes financieros ilegales de la patronal Fipes a dirigentes de la pesca artesanal y la emisión de boletas ideológicamente falsas vinculadas al senador democristiano Patricio Walker. Consecuencia de ello, el fiscal Arias debió remitir los antecedentes del caso a su par en Aysén, región dónde las redes de la familia Walker y el PDC dominan la vida política y social.
Próximo paso: ¿Neutralizar a la fiscal Ximena Chong y detener la investigación sobre Orpis y Longueira?
El accionar del fiscal Abbott constituye un serio retroceso en relación a los intentos democratizadores y de transparentar el opaco sistema político chileno, al dejar en evidencia la poderosa influencia de las patronales pesqueras en concomitancia con sectores del gobierno. Por ello, la autonomía de la Fiscalía Nacional se encuentra bajo el escrutinio público, al igual que ya lo están el Servicio de Impuestos Internos (SII), y el parlamento nacional.
Esta abusiva situación ocurre en momentos que tanto el gobierno como la casta política, empresarial, militar, eclesiástica y judicial, se encuentra con el mayor nivel de rechazo, descrédito y desconfianza pública. Por su parte, la investigada “ley Angelini-Longueira” de privatización pesquera se ha constituido como el ícono del abuso y la corrupción política-empresarial, generando un 89% de rechazo de parte de la sociedad chilena (3).
La remoción del fiscal Arias constituye una potente señal intimidatoria enviada por el gobierno, la UDI, y Sonapesca-Asipes, con el fin de bloquear la extensión de las investigaciones hacia las patronales y políticos de las regiones del centro y sur chileno, para posteriormente detener la investigación que lleva la fiscal Ximena Chong, sobre el senador Jaime Orpis (UDI) y el entorno político-familiar de Pablo Longueira, ex senador, ex ministro de economía, ex candidato presidencial de la UDI, y principal operador político de la corrupta ley de pesca que lleva su nombre.
Como parte del plan de “desalojo de fiscales”, la bancada UDI había enviado previamente al fiscal nacional Jorge Abbott, una carta donde le manifiesta su “absoluto rechazo” a la forma en que la fiscal Chong había conducido el proceso contra el desaforado y posteriormente encarcelado senador Orpis.
Allí la UDI acusaba a la fiscal Chong de abusar de la publicidad “para potenciar su carrera profesional o satisfacer su ego”, y comparaba peyorativamente su celo investigativo “con el de la Santa inquisición”. Por su parte, el abogado defensor de Pablo Longueira catalogaba a Chong como una fiscal “contumaz y obstinada” (4).
¿Logrará Abbot detener la investigación sobre corrupción política pesquera-empresarial?
El complejo escenario donde Abbott intenta acotar y posteriormente cerrar las causas que investigan los fiscales regionales, se nutre de seis fuentes informativas a nivel nacional:
a) Las denuncias de fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política y de dirigentes pesqueros artesanales de Aysén. Estas fueron difundidas el 10 de julio por el programa Informe Especial de TVN de Chile,
b) El intercambio de correos electrónicos entre los miembros de Sonapesca, Asipes y Fipes, para coordinar el lobby y la compra de políticos entre el 2010 y 2012,
c) La rectificación ante el SII de boletas ideológicamente falsas e impuestos no pagados durante el 2012, efectuadas por las empresas agrupadas en Sonapesca,
d) La incautación de los libros de contabilidad y de los honorarios del período 2010 y 2014- de las pesqueras Orizon S.A, (familia Angelini), Coloso S.A, ( familia Lecaros), Blumar S.A ( familia Sarquis y Yaconi-Santa Cruz) , Grimar S.A, (familia Del Rio), Landes S.A, (familias Bohorodzamer y Fosk), Bahía Coronel S.A. ( familia Errázuriz) y Alimentos del Mar S.A (familia Izquierdo Menéndez), y
e) Las triangulaciones entre SQM y Sonapesca que beneficiaban al entorno político-familiar de Pablo Longueira en aproximadamente 1,2 millones de dólares.
Consecuencia de lo anterior, una serie de políticos están siendo investigados, entre los que destacan algunos ex miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura durante el período en que se negoció la viciada ley de pesca, tales como el ex senador Hossain Sabag (PDC), y el senador Antonio Horvarth.
A nivel empresarial aparecen Jan Stengel (Asipes); los ex gerente de las empresas de la familia Angelini, Francisco Mujica (Corpesca) y Joaquín Cruz (Orizon); Andrés Couve (PDC), ex subsecretario de Pesca y actual miembro del Consejo Nacional de Pesca; Exequiel Silva, ex diputado PDC; Felipe Sandoval (PDC), ex subsecretario de pesca y actual presidente de la patronal SalmónChile; y Mario Tapia (PDC), abogado y actual miembro del Consejo Nacional de Pesca.
A ellos se suman los parlamentarios Marta Isasi ( independiente), Fulvio Rossi (PS), Clemira Pacheco (PS), Cristián Campos (PPD), Jorge Sabag (PDC), J.Ortiz (PDC), Roberto del Mastro (RN), Jorge Ulloa (UDI) y Miodrag Marinovic (Alianza).
El accionar de los carteles pesqueros en las regiones de Bio Bio y Aysén
La nueva línea de investigación sobre el caso Corpesca, apunta directamente hacia los parlamentarios de la región del Bio Bio, especialmente quienes eran miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura entre el 2010 y 2012. Esto no tiene nada de sorprendente, ya que 6 de los 13 parlamentarios de esta región, fueron parte de dicha Comisión en el momento en que se tramitó la cuestionada ley.
En este escenario destaca como operador político clave Luis Felipe Moncada, actual gerente de Asipes y miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien aparece en la mayoría de los correos electrónicos vinculados al intenso lobby parlamentario.
Por su parte, en las regiones de Aysén y Magallanes, dicho papel lo realizaba el empresario Carlos Vial (RN), presidente de Fipes y gerente de la Pesquera y Salmonera Frío Sur, de propiedad mayoritaria de la familia Del Río (PDC).
Vial como articulador del lobby político y financiero de Fipes, entre el 2010 y 2013, operó junto al senador Patricio Walker (PDC) para financiar ilegalmente a dirigentes de la pesca artesanal regional, y al actual diputado Iván Fuentes (PDC), tanto en su época como dirigente social y de la pesca artesanal, como cuando se presentó como candidato a parlamentario.
La indagatoria de la Fiscalía en la región de Aysén, incluye también al senador Antonio Horvarth por sus vínculos con Valeria Carvajal, gerenta general de Fipes en momentos que se tramitaba la ley de pesca. .
Transparentar las donaciones de Sonapesca a las campañas parlamentarias
Hoy, que el ministerio público y el Fiscal Nacional Abbott se encuentran bajo el escrutinio público, resulta relevante que se transparenten las “donaciones legales” efectuadas por las patronales y empresas pesqueras y salmoneras a los partidos y campañas políticas durante el 2012 y 2013.
Esto ayudaría a las investigaciones en curso, a la vez que permitiría comprender cómo están operando tanto en el gobierno, parlamento y partidos que buscan impedir el avance en las investigaciones de la Fiscalía Nacional relacionadas con la corrupción del sistema público y el financiamiento ilegal de la política.
Importante es recordar que la última vez que se exigió la publicación de las “donaciones” del empresariado pesquero para las campañas de los parlamentarios, el senador Alejandro Navarro (MAS) fue rápidamente aislado y destituido de la vice presidencia del senado, por una mayoritaria y transversal operación de sus colegas legisladores…
Referencias
(1)http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/03/…
(2)http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/…
(3)http://www.aqua.cl/2016/01/13/encuesta-cadem-un-89…
(4)http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/20…
