«Hoy, se habla del ´caso caducidades´ porque estaríamos ante un fraude de proporciones mayúsculas probablemente de empresas vulnerando la Ley de Pesca y Acuicultura gracias a la omisión o negligencia del Estado, que involucra montos millonarios. Esto es de extrema gravedad para el estado de derecho y la imagen país de Chile».
Chiloé de Chile, 13 de septiembre 2023. En entrevista con Ecoceanos News, Álvaro Montaña, de la Agrupación Defendamos Chiloé, afirmó que «el caso caducidades tiene un impacto económico y jurídico porque en la práctica son concesiones que no están produciendo salmones, ni generando empleo, pero pueden ser instrumentos de hipoteca. Las concesiones acuícolas en Chile son hipotecables, probablemente más de alguna de las concesiones con causal de caducidad ha sido hipotecada por la industria salmonera. Esas concesiones constituyen un derecho de uso que la industria ocupa como instrumento financiero».
En Chile, las concesiones acuícolas, acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga derechos de uso y goce sobre bienes nacionales (porciones de agua y fondo marino), por el plazo de 25 años renovables, o sea indefinido, son verdaderos activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado. Según la Ley de Pesca y Acuicultura, son transferibles, hipotecables y, en general, susceptibles de todo negocio jurídico (Artículo 81).
Concesiones salmoneras con causal de caducidad en áreas protegidas del Estado
Serían 280 concesiones con causal de caducidad las que se encuentran dentro de áreas protegidas en el país, según Fundación Terram. En julio, el Sernapesca dio a conocer que existen 166 concesiones salmoneras en la región de Los Lagos, que continúan vigentes a pesar de que la autoridad tendría que haberlas caducado por no cumplir con las condiciones exigidas por ley.
Tras reuniones entre Sernapesca y el Consejo Regional, la autoridad pesquera informó que estaría pronta a publicar un informe donde declara que, a nivel nacional, hay 400 concesiones en las mismas condiciones. «Se trata de un acaparamiento ilegal del uso del borde costero y el Estado debería caducarlas porque no están produciendo salmones, tampoco afecta el empleo porque son concesiones improductivas», asegura Álvaro Montaña.
«Si vamos a combatir la corrupción, que se combata toda la corrupción»
Para el geógrafo, «en el caso caducidades” gana la industria salmonera y pierde la ciudadanía en cuanto a la confianza que se tiene de las instituciones, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y Sernapesca no están haciendo su trabajo. La ley opera para algunos con cierta vara y para otros con una distinta. El principio de igualdad ante la ley no está rigiendo, pierde el Estado de derecho, pierde la democracia, pierde la confianza en lo público, pierde la credibilidad hacia las instituciones. Si vamos a combatir la corrupción, que se combata toda la corrupción».
El dirigente de Defendamos Chiloé asegura que «hoy, se habla del ´caso caducidades´ porque estaríamos ante un fraude de proporciones mayúsculas probablemente de empresas vulnerando la Ley de Pesca y Acuicultura gracias a la omisión o negligencia del Estado, que involucra montos millonarios. Esto es de extrema gravedad para el estado de derecho y la imagen país de Chile».
Además, Álvaro Montaña indica que esta ilegalidad afecta a la sociedad en su conjunto porque limita que otros usuarios ocupen esa zona para cultivo de choritos, pesca artesanal, turismo u otros fines.
Las concesiones se encuentran sujetas a causales de caducidad establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, entre ellas, por no haber iniciado operaciones dentro del plazo de un año desde su entrega material, o por haber paralizado actividades por más de dos años consecutivos (Artículo 142, letra e).
La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Ciega, sorda y muda
Para Álvaro Montaña, la sociedad civil está haciendo el trabajo del Estado. «Estamos simplemente solicitando que se cumpla la Ley de Pesca y Acuicultura. Llama la atención que de parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, organismo encargado de otorgar y caducar las concesiones, no hay ningún pronunciamiento ante la carta pública firmada por más de treinta organizaciones.
«Existe una interrelación entre el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, con el de medioambiente y de la pesca para revisar la existencia de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas y llama la atención el silencio del gobierno frente a esta situación».
Montaña denunció, además, la ilegalidad que representa el que algunas concesiones con causal de caducidad, están siendo actualmente sembradas con producciones de salmón en el archipiélago Quinchao, Chiloé.