¡Urgente! Organizaciones socioambientales instan a Cancillería y Subpesca a saldar deuda para votar en la Comisión Ballenera Internacional
Las coaliciones de organizaciones ciudadanas, comunidades costeras y movimientos socioambientales se declararán en “estado de alerta ambiental”, esperando que durante esta semana el gobierno chileno implemente los pagos adeudados a la CBI, de manera de asegurar la plena representación de la delegación oficial chilena como parte de los países conservacionistas que impulsan el uso no letal de los cetáceos, en concordancia con la voluntad y el mandato de la ciudadanía.
Santiago de Chile, 3 de septiembre de 2024. A una semana del envío de una carta al presidente Gabriel Boric y al canciller Van Klaveren sobre el incumplimiento del Gobierno de Chile del pago de la cuota de membresía de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) correspondiente a los últimos dos años, y a solo 18 días de la 69ª sesión asamblearia en Lima, Perú, la situación aún no se ha resuelto, poniendo en riesgo la participación de Chile con derecho a voto.
Al carecer de derecho a voto, la representación chilena se verá imposibilitada de impulsar y respaldar propuestas políticas para la conservación oceánica y el uso no letal de los cetáceos. Estas propuestas son críticas para la protección de las vulnerables poblaciones de ballenas y sus amenazados ecosistemas marinos.
Además, Chile no podrá rechazar iniciativas que favorecen intereses extra regionales, liderados por la diplomacia pro-caza de ballenas de Japón. Estos intereses han buscado debilitar y eventualmente eliminar la actual moratoria global que, desde 1986, prohíbe la caza comercial de ballenas a nivel mundial.
Es importante destacar que la estrategia de Japón forma parte de su actual proceso de expansión geopolítica sobre amplias áreas y recursos marinos estratégicos en el Océano Pacífico, el Océano Austral y la Antártica.
Respuestas preliminares
Posteriormente a la entrega de la carta por parte del Centro de Conservación Cetácea (CCC), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Centro Ecocéanos, y su amplia repercusión a nivel nacional e internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el procedimiento de pago a la CBI correspondería, de manera inédita, a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), que forma parte del Ministerio de Economía.
Al ser consultada, la Subpesca indicó que, debido a la ausencia de la glosa presupuestaria que habilite el pago a la CBI, la cual tampoco fue incluida en los presupuestos heredados de la administración anterior, se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para definir el mecanismo adecuado y subsanar lo adeudado.
La Subpesca afirmó que ya habría oficiado a la Dirección de Presupuestos (Dipres), considerando que aún hay plazo para realizar dicho pago.
Organizaciones ciudadanas
De acuerdo con las organizaciones socioambientales, la pérdida del derecho a voto de Chile en la próxima reunión de la CBI no solo representaría un grave retroceso histórico, poniendo en riesgo a las frágiles poblaciones de ballenas que están en un complicado proceso de recuperación, sino que también debilitaría los avances logrados por los movimientos ciudadanos, científicos y las comunidades costeras en la protección del Pacífico suroriental y el Océano austral.
Estos logros son el resultado de más de tres décadas de luchas sociales y ambientales lideradas por la ciudadanía y comunidades organizadas. Entre otros hitos, se destaca la promulgación en 2008 de la Ley de Protección a los Cetáceos, durante el gobierno de Michelle Bachelet, que permitió la creación del Santuario de Ballenas en aguas jurisdiccionales chilenas. Esta legislación establece una política de Estado, obligando a las autoridades gubernamentales a proteger y conservar estas especies, tanto a nivel nacional como en el marco de la CBI.
Para la Directora de CCC, Elsa Cabrera, “debilitar el derecho a voto sería socavar las bases de una política pionera en defensa de la soberanía sobre las 200 millas marítimas, como lo estableció la Declaración de Santiago, impulsada por Chile, Perú y Ecuador en 1952. Esta declaración tenía como objetivo primordial la protección de las diezmadas poblaciones de ballenas regionales frente a la depredación de flotas industriales extranjeras. Constituyó, además, un hito en la jurisdicción marítima internacional, sentando las bases del Derecho Internacional Marítimo relacionado con el control jurisdiccional de los países sobre su Zona Económica Exclusiva (ZEE)”, precisó Cabrera.
Se inicia “estado de alerta ambiental” en semana clave para la conservación marina
El Director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que “al haberse autodenominado como el primer gobierno ecologista en Chile, unido al anuncio durante el 2022 que implementaría a nivel internacional una “política ambiental verde-azul (turquesa)”, esta situación viene a debilitar la credibilidad y confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional, lo cual sería agravado por el hecho que la administración del presidente Boric sería la primera desde 1979 en dejar a la representación oficial chilena sin derecho a voto en una reunión clave de la CBI”.
En tanto, el Director de OLCA, Lucio Cuenca, aseguró que “la política exterior turquesa se desfondo, se supone que ponía énfasis en protección de ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos, aquí una muestra de falta de preocupación y compromiso político con mantener medidas globales de protección de las ballenas. No es aceptable una explicación burocrática, falta de prolijidad o que es un problema de la glosa presupuestaria”.
Para Cuenca, “el gobierno debe explicar y determinar responsabilidades políticas en el no pago de cuota en la CBI, ha pasado una semana y todavía no se responde la denuncia, la ministra Maisa Rojas guarda silencio, y Relaciones Exteriores le traslada el asunto a la Subsecretaría de Pesca. El gobierno debe pagar la cuota, pero también debe transparentar y hacer pública la opinión y posición que llevaría a la próxima reunión de la CBI”.
Frente a lo anterior, las coaliciones de organizaciones ciudadanas, comunidades costeras y movimientos socioambientales se declararán en “estado de alerta ambiental”, esperando que durante esta semana el gobierno chileno implemente los pagos adeudados, de manera de asegurar la plena representación de la delegación oficial chilena como parte de los países conservacionistas que impulsan el uso no letal de los cetáceos, en concordancia con la voluntad y el mandato de la ciudadanía.
