Ecoceanos llamó la atención de las organizaciones ciudadanas, comunidades locales y consumidores internacionales sobre el denominado “far west salmonero” en la Patagonia, pues esta mega industria transnacional busca imponer la maximización de sus ganancias corporativas por sobre la protección de unas de las regiones más prístinas y biodiversas del planeta.
Punta Arenas, región de Magallanes, 24 de octubre de 2024 (Ecoceanos News).-La feria Encuentro de Soluciones Acuícolas (ESA), evento organizado por Salmonexpert en la región patagónica de Magallanes, fue el escenario para el acercamiento de posiciones entre el gobierno de Gabriel Boric, políticos regionales y el empresariado salmonero exportador. En la inauguración, el gerente general y editor ejecutivo de Salmonexpert, Gian Paul Ricapito, hizo un llamado a avanzar hacia un acuerdo público-privado concreto para el desarrollo de esta actividad industrial.
La propuesta del gerente general del medio informativo de capitales noruego fue recepcionada por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas (Frente Amplio), al señalar, según Salmonexpert, que para el gobierno está claro que el sector salmonicultor es fundamental para muchas pymes y la economía regional, junto con destacar al sector acuícola como una actividad económica de fuerte desarrollo en las últimas tres décadas, siendo actualmente el segundo sector exportador después de la minería.
«Los retornos de más de 7.000 millones de dólares en 2023 corresponden a un volumen de cerca de un millón de toneladas y que están dirigidos a más de 90 países alrededor del mundo», reiterando que “todos sabemos lo que significa la industria para Chile, en empleos, en el emprendimiento, en desarrollo”.
En su intervención, el Subsecretario destacó que en su rol regulador del sector pesquero y acuícola le «corresponde velar por las mejores condiciones de desarrollo de ella como actividad de futuro».
¿Inicio de una “perestroika salmonera” ad-portas de la negociación de la nueva ley de acuicultura?
Julio Salas afirmó que entre el sector público y privado «no se han alcanzado en los últimos 15 años acuerdos perdurables que aseguren el desarrollo sostenible del sector», añadiendo que: «Aunque produce gran valor, genera bienes significativos que importan a la alimentación de los chilenos y del mundo, es también una industria que por naturaleza genera externalidades, eso sí, menores a las que generan otras proteínas de la competencia, como podría ser la carne, el cerdo»
Durante su presentación, el Subsecretario envió una serie de señales al empresariado, como parte de una “perestroika salmonera” ad porta de las negociaciones para una nueva Ley de Acuicultura. Destacó que, a su juicio, pese a existir un diálogo permanente entre la autoridad y el sector privado de la salmonicultura, “a veces tenso, pero buscando avances”, se deben alcanzar con urgencia “sentidos comunes” entre la autoridad y la industria para una nueva ley. “La conversación para la ley acuícola no será posible sin sentidos comunes de qué queremos que pase con la salmonicultura a largo plazo (…) Por eso es necesario un acuerdo público y privado y un nivel de transparencia incuestionable”, reiteró.
Además, el Subsecretario Julio Salas indicó que el 43 por ciento del mar chileno cuenta con algún tipo de protección ambiental, por lo que “necesitamos visualizar la protección (marina) como una ventaja competitiva y no como una debilidad (..) Necesitamos empezar a visualizar la protección como algo que hace distintivo lo que producimos y nos permite llegar en mejores condiciones a los mercados».
El talón de Aquiles de la salmonicultura chilena: Su mala reputación socioambiental y cuestionables prácticas corporativas
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura señaló que la mala reputación constituye la mayor amenaza de la salmonicultura. “Nos importan los empleos del sector, las pymes y las divisas, pero también nos importa que tengamos reconocimiento muy superior en comunidades. No me refiero a las ONGs (sic), sino que en general. Podemos llegar a ciertos sentidos comunes en la Ley Acuícola”. Por ello, aseguró que no solo un acuerdo entre el sector público y privado es necesario, sino que también «tiene que haber tal nivel de transparencia en la información que la reputación de la actividad acuícola sea una actividad incuestionable para las comunidades donde participa, donde se desarrolla la actividad».
Complementando lo anterior, la Seremi de Economía, Marlene España, solicitó que la industria del salmón se someta con mayor fuerza al denominado compliance corporativo para el cumplimiento de las normas. “Se han observado incumplimientos normativos, pero también avances para corregir esto de cara a un futuro más sostenible. El compliance es hacer las cosas como corresponden. Requiere un cambio de cultura en las empresas”.
Far West Salmonero: Las delirantes proyecciones para establecer 1000 concesiones salmoneras en Magallanes
En su intervención en la feria ESA, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, dirigente del Movimiento Libertad de ultraderecha, proclamó que los monocultivos industriales de salmónidos tienen un “futuro brillante, y es una nueva oportunidad de desarrollo para la región”, para finalizar asegurando: “que, si se destraba su crecimiento, en la zona se podría llegar a 1.000 concesiones y a US$4 mil millones, significando el 70% PIB local”.
El Centro Ecoceanos calificó estas aseveraciones como “delirantes. Reflejan la verdadera visión de esta mega industria transnacional que busca imponer la maximización de sus ganancias corporativas por sobre la protección de la Patagonia, unas de las regiones más prístinas y biodiversas del planeta”.
Actualmente existen en Magallanes 134 concesiones para monocultivos de salmónidos, con producciones de 104 mil toneladas anuales, representando el 25% del PIB regional.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, llamó la atención de las organizaciones ciudadanas, comunidades locales y consumidores internacionales sobre el denominado “far west salmonero” en la Patagonia. “De las actuales 134 concesiones acuícolas existentes en Magallanes, 67 operan industrialmente dentro de la Reserva Kawésqar, 28 se encuentran con causales de caducidad, y 77 están hipotecadas por los bancos DNB Bank de Noruega, Danske Bank de Dinamarca y el Banco Chile, lo que se suma a la falta de transparencia, habituales malas prácticas sanitarias y ambientales, y corruptas administraciones de empresas transnacionales como Nova Austral, las que han significado destrucción del patrimonio ambiental y la pérdida de 1.800 puestos de trabajo en los últimos años”.