Solicitud de extradición de Paul Watson: La diplomacia del arpón japonés contra los defensores de las ballenas y el océano
“El objetivo de la diplomacia japonesa es que su flota cazadora de ballenas vuelva a operar en las biodiversas aguas del Pacifico, océano austral y la Antártica, como parte de su actual agenda de expansión política y militar. Por ello, la eliminación de la moratoria global de la caza comercial de ballenas constituye una de las puntas del arpón geopolítica de Japón para abrirse camino en aguas del hemisferio sur y Antártica”.
10 de octubre de 2024. (Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecoceanos).- El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, afirmó que la solicitud de extradición de su país a las autoridades danesas del ambientalista estadounidense/canadiense, Paul Watson, “no tiene nada que ver con la caza de ballenas, y es un asunto de aplicación de la ley”.
El 21 de julio pasado Watson, fue aprehendido por la policía de Dinamarca en Nuuk, la capital de Groenlandia, un territorio autónomo bajo dominio danés, tras recalar su nave John DeJoria para repostar ante de continuar su viaje al Pacífico Norte con el fin de interceptar el buque factoría nipón Kangei Maru. A pesar de la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas, la nación asiática continúa matando diversas especies de grandes cetáceos en sus aguas jurisdiccionales, tras abandonar la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en 2019.
Como una señal del avance de la denominada diplomacia del arpón, el gobierno de Japón anunció antes de la 69na asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) –que se realizó entre el 22 al 27 de septiembre en Lima, Perú, – la inclusión de la ballenas de aleta en sus actuales operaciones de caza comercial. La ballena de aleta es la segunda especie de mayor tamaño después de la ballena azul, y su población aún no se recupera de los impactos de la ballenería industrial. Con ello y unilateralmente, Japón suma a la ballena de aleta a sus matanzas de ballenas minke, de Bryde y sei en el Pacífico norte.
El fundador de Captain Paul Watson Foundation y ex presidente de Sea Shepherd fue detenido en la capital de Groenlandia bajo una orden de arresto emitida secretamente por el gobierno japonés, que lo acusa de haber dañado su barco ballenero y de herir a un miembro de la tripulación al oponerse a las operaciones de caza que efectuaba la flota nipona en la Antártida en 2010.
De acuerdo con el ministro Iwaya, Japón está solicitando al gobierno danés la extradición de Watson como un asunto de aplicación de la ley en el mar, más que un asunto de caza de ballenas. Sin embargo, los abogados de Watson argumentan que la solicitud de extradición de Japón se basa en afirmaciones falsas, asegurando que tienen evidencias en video que así lo comprueban.
Contradiciendo la afirmación que señala al sistema de justicia danés como uno de los más ejemplares en el mundo, el tribunal de Nuuk se ha negado a ver las imágenes entregadas por los abogados defensores. A lo anterior se suma la mantención de Watson, de 73 años, en prisión preventiva, bajo severas condiciones, las cuales no le permiten el ingreso de medicamentos necesarios para tratar condiciones como hipertensión y diabetes, mientras lo mantienen prácticamente incomunicado de su familia. La directora de Sea Shepherd Francia, Lamya Essemlali, afirmó que las condiciones de prisión de Watson han empeorado, y “sólo se le permite hablar con su esposa durante 10 minutos a la semana”.
Para Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea, “las declaraciones del ministro Iwaya son al menos insensatas. En 2014 la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial en el planeta, sentenció que la caza de ballenas de Japón en el Océano Austral fueron ilegales, por lo que las acciones de Sea Shepherd se enmarcan dentro de lo que se conoce como normativa ambiental, e incluyen las medidas adoptadas por autoridades, organismos, o en este caso, particulares, para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales”.
Cabrera recordó que durante más de treinta años el gobierno de Japón cazó decenas de miles de ballenas con supuestos “fines de investigación científica” en aguas del océano Austral. Importante es señalar que esta prístina área fue declarada en 1994 como santuario de ballenas. La falsedad del argumento de la investigación “científica” quedó en evidencia tras el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia, la que afirmó que estas matanzas eran de carácter comercial. “Por lo tanto, este caso no sólo tiene que ver con ballenas, sino con la grave violación de leyes ambientales internacionales, tales como la moratoria global sobre la caza comercial y el santuario de ballenas del Océano Austral», afirmó Cabrera.
A mediados de septiembre, los abogados de Watson contactaron al relator especial de la ONU sobre defensores del medio ambiente, diciendo que corría el riesgo de “ser sometido a un tratamiento inhumano en las prisiones japonesas”. Esto porque de acuerdo con un informe de Human Rights Watch de 2023, el denominado sistema de justicia de rehenes de Japón niega a los sospechosos de delitos el debido proceso y a un juicio justo, y se caracteriza por la privación del derecho a permanecer en silencio, interrogatorios sin abogados, confesiones obligatorias bajo presión y vigilancia constante.
Para Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, “el objetivo de la diplomacia japonesa es que su flota cazadora de ballenas vuelva a operar en las biodiversas aguas del Pacifico, océano Austral y la Antártica, como parte de su actual agenda de expansión política y militar. Por ello, la eliminación de la moratoria global de la caza comercial de ballenas constituye una de las puntas del arpón geopolítica de Japón para abrirse camino en aguas del hemisferio sur y Antártica”.
Cárdenas agregó que “por ello Japón necesita sentar un precedente cruel y abusivo –como es la condena de Paul Watson– para amedrentar a los activistas ciudadanos, de derechos humanos y las organizaciones de defensa ambiental que luchan para poner fin a las operaciones de caza comercial de ballenas y delfines en los océanos del planeta». Concluyó que “lo que le suceda a Paul Watson anticipará lo que puede ocurrir a los defensores de la vida y derechos de las comunidades locales en nuestros mares. Por ello, la próxima reunión de la CBI en Australia el 2026, se anticipa para la ciudadanía organizada como un desafío vital para la defensa de la paz y contra la barbarie y el abuso del complejo ballenero financiero-industrial en nuestros mares”.
