La criminalización hacia quienes protegen la naturaleza ha sido una práctica sistemática en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sur de Chile, donde se han encarcelado y asesinado a defensores y defensoras ambientales y de los derechos de los pueblos originarios, perpetuando la violencia empresarial y estatal durante décadas.
Santiago de Chile, 9 de enero, 2025. (Ecoceanos News).- A dos meses desde la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, más de 240 organizaciones sociales, de pueblos originarios, de derechos humanos y socioambientales convocaron a una movilización nacional e internacional, este 8 de enero, para exigir al Estado que cumpla con su deber de garantizar su aparición, sancionar a los responsables y proteger a quienes dedican su vida a la defensa de la tierra.
En Santiago, en el frontis de La Moneda, se realizó un punto de prensa con los familiares de Julia Chuñil. Su hijo, Pablo San Martín, agradeció el apoyo de las comunidades y organizaciones que se han movilizado a nivel nacional e internacional por encontrar a su madre, entregó información sobre el estado de la causa judicial y reiteró su demanda por la aparición de su madre con vida. “La hemos buscado intensamente. A mi mamá la sacaron del campo, del lugar donde ella estaba”, afirmó.
Primera desaparición forzada durante el gobierno de Gabriel Boric
Julia Chuñil, presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel, ha sido una ferviente defensora de su territorio ancestral en Los Ciruelos, comuna de Máfil, región de Los Ríos, Wallmapu. Su desaparición se produce en el contexto de un prolongado conflicto territorial, marcado por intereses extractivistas que buscan explotar tierras reconocidas como ancestrales.
A pesar de las constantes amenazas y hostigamientos, Julia ha continuado su lucha por la preservación del territorio, protegiendo la biodiversidad y reivindicando los derechos de su comunidad ante diversas instituciones del Estado chileno.
Las responsabilidades del Estado en este caso son ineludibles. Esta es la primera desaparición forzada durante el gobierno de Gabriel Boric. La falta de medidas de protección, a pesar de las amenazas previas, y la incapacidad para abordar los conflictos fundamentales relacionados con el territorio del pueblo Mapuche han dejado a la comunidad de Julia Chuñil expuesta a vulneraciones constantes por parte de empresarios forestales. Esta situación fue denunciada previamente por la misma lamgen Julia Chuñil.
La desaparición de Julia Chuñil es una consecuencia directa de un modelo extractivista que prioriza los intereses económicos
Además, la falta de transparencia en la investigación ha generado preocupación ante el silencio de entidades como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), frente a los intereses que perpetúan la violencia contra los defensores del Wallmapu y ambientalistas. Esta criminalización de quienes protegen la naturaleza, mientras se resguardan los intereses forestales, ha sido una práctica sistemática en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se han encarcelado y asesinado a defensores, perpetuando la violencia empresarial y estatal durante décadas.
La desaparición de Julia Chuñil no es un hecho aislado. En democracia, se suma a una serie de desapariciones sin esclarecer, encarcelamientos a través de juicios fraudulentos y crímenes impunes contra comuneros mapuche y ambientalistas. Este caso pone de manifiesto un patrón de ataques sistemáticos contra defensores del Wallmapu y otras regiones de Chile, resaltando la urgente necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección. La desaparición de Julia es una consecuencia directa de un modelo extractivista que prioriza los intereses económicos sobre la vida, los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente.
Diversas concentraciones se realizaron en regiones del país frente a edificios gubernamentales. A nivel internacional, hubo acciones frente a consulados y embajadas chilenas.
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