Organizaciones socioambientales exigen al Gobierno y al Senado poner fin al proceso de regresión ambiental
La falta de compromiso para caducar concesiones a la industria salmonera en áreas protegidas es uno de los puntos que expresan las organizaciones requiere urgente atención.
Santiago de Chile, 15 de enero 2024 (Ecoceanos News).- Más de un centenar de organizaciones socioambientales y comunitarias, entre ellas el Centro Ecoceanos, expresaron su profunda preocupación por la agenda proinversión que el Gobierno ha promovido a nivel legislativo. Esta agenda no solo contraviene los principios preventivos y precautorios, sino que también representa un retroceso en términos ambientales y sociales, poniendo en peligro ecosistemas únicos del país y limitando las oportunidades para fomentar actividades económicas sostenibles que reconecten a las comunidades con su entorno.
Entre las temáticas de preocupación está el proyecto de Ley de permisos sectoriales, el cual se encuentra en segundo trámite en el Senado y promueve modificaciones regulatorias que afectan el silencio administrativo y las declaraciones juradas. Se implementa sin el refuerzo necesario de personal, lo que agrava las demoras en el sistema.
La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) propone cambios que permiten reducir a la mitad los plazos de evaluación de proyectos declarados como «urgentes», lo que podría comprometer la rigurosidad del proceso. En tanto, la administración del borde costero y concesiones marítimas plantea nuevas indicaciones buscan ver el ecosistema marino como un recurso productivo, eliminando comisiones regionales que protegen a las comunidades locales y reduciendo la regulación de zonificaciones costeras.
La declaración señala que los proyectos de Hidrógeno Verde avanzan sin considerar los impactos en ecosistemas únicos y la escala de instalaciones propuestas, mientras que la inversión en Litio contempla proyectos que amenazan salares de importancia internacional. En cuanto a la salmonicultura en Áreas Protegidas, las organizaciones sostienen que la falta de acción para cancelar concesiones en zonas protegidas es alarmante.
Además, se mencionan otros puntos críticos como la implementación del Acuerdo de Escazú, la Ley de Cambio Climático, y el aplazamiento de la legislación sobre plásticos de un solo uso.
Finalmente, se cuestiona el uso del concepto «permisología» por parte del Gobierno, que trivializa la importancia de una evaluación ambiental adecuada. La agenda de inversión en curso no se alinea con las realidades locales ni aborda las crisis climática y ecológica que ya enfrentamos.
Por todo lo expuesto, las organizaciones solicitan que la agenda proinversión sea revisada y que el Gobierno rectifique su discurso. Asimismo, instan al Senado a rechazar las propuestas legislativas de Racionalización Regulatoria, ya que constituyen políticas regresivas que amenazan los derechos humanos ambientales y la protección de la Naturaleza.
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